Andorra consensuará con los grupos políticos el modelo de gestión del agua

Los seis grupos políticos que conforman el Ayuntamiento de Andorra han acordado no volver a licitar el abastecimiento de agua potable y saneamiento del agua potable con el actual pliego después de que el concurso se haya anulado en las dos ocasiones en las que ha salido a licitación por irregularidades y fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Ahora todos los grupos se sentarán a «estudiar» cuál es la mejor fórmula para la gestión del agua de Andorra, si la externa a través de una empresa; una fórmula mixta entre el Ayuntamiento y una empresa; o la remunicipalización del servicio. Todos los partidos coincidieron durante las declaraciones a los medios de comunicación posteriores al pleno que la nueva legislatura ha comenzado con una buena sintonía entre gobierno y oposición «al contrario» que en los años anteriores.

El problema no ha sido la fórmula escogida sino el pliego con el que se licitó el servicio, lo que ha hecho perder tiempo al Ayuntamiento, que lleva desde 2001 con el anterior contrato, desde hace años prorrogado con Aragonesa de Servicios Públicos; y también dinero, porque se contrató a una empresa para que redactara en dos ocasiones los pliegos por más de 17.000 euros.

El problema es heredado de la anterior legislatura aunque la gestión del agua lleva debatiéndose en el Consistorio desde años atrás y siempre rodeado de polémica y opiniones contrarias.

El del agua es uno de los contratos más importantes para una localidad, tanto por su importancia para el día a día de los vecinos como por su coste, cifrado en más de ocho millones de euros. Su licitación se aprobó primero en mayo de 2022, aunque el consistorio tuvo que anularlo porque no justificaba la subida de precios ni contemplaba cómo se iban a cubrir los costes del servicio con la subida de tarifas y las bonificaciones por interés social. El nuevo concurso del agua sí que contó al principio con el apoyo de todos los grupos, tanto el equipo de gobierno de PSOE-PAR, como la oposición (PP, Cs, IU y Elijo Andorra). La segunda licitación ya dividió a los partidos. PSOE, PAR y Ciudadanos votaron a favor en el pleno e IU, PP y Elijo Andorra, en contra. El concurso se publicó pese a que existía un informe desfavorable emitido por el Instituto Aragonés del Agua sobre revisión de tarifas de suministro de agua potable a poblaciones que el equipo de gobierno defendió que «no era vinculante». Sin embargo, aunque este dictamen no era vinculante, sí era preceptivo y debía incorporarse al contrato. Finalmente, el contrato fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón después de los recursos de dos empresas, Aquara y Aqlara.

El alcalde, Rafa Guía (PSOE), reconoció el miércoles ante el pleno que han aprendido de lo que ha sucedido para no cometer los «errores tan flagrantes» que se cometieron con la gestión del contrato en la anterior legislatura, en la que también gobernaba el PSOE pero con un equipo de personas diferente a la anterior corporación. Guía abogó por sentarse todos los grupos para decidir cuál de los tres citados modelos es el mejor para la Villa Minera. Desde el PAR, que en la anterior legislatura estaba en el equipo de gobierno, Juan Ciércoles se mostró favorable a que se siga apostando por la gestión privada del agua. No opinó lo mismo IU. David Villanueva lamentó que «se hayan perdido cuatro años y dinero en estudios» y reclamó que se exijan responsabilidades a la consultora que redactó unos pliegos «que se han echado dos veces atrás». En su caso, abogó porque el servicio sea municipal aunque reconoció que para ello habría que asumir unos costes económicos y de tiempo que «quizá no se pueden asumir» por lo que el modelo mixto podría ser «lo positivo».

Desde el PP, Silvia Quílez reclamó celeridad para decidir qué hacer con un servicio básico y recordó que la actual gestora lleva tres años trabajando sin contrato. Por su parte, Antonio Donoso (Teruel Existe) es favorable a la remunicipalización pero siempre y cuando no suponga un retraso. La concejal de Vox, Aroha Rochela, pidió que no se trabaje en la mejor opción y que «no se vuelva a cometer un error del que ya se advirtió reiteradamente».

Dos proyectos de la Transición Justa

Por otro lado, en el pleno se dio el visto bueno a dos proyectos municipales que se financiarán con 4,7 millones de una convocatoria del Plan de Transición Justa para infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética. Se trata de la rehabilitación de la antigua sede de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, que fue anteriormente la oficina de Endesa, para albergar el Ayuntamiento; y la creación de un parque en el campo de los Salesianos.

Estos dos proyectos son «heredados» de la anterior legislatura tal y como se destacó en el pleno, donde la oposición criticó que se mandaron a la convocatoria sin consensuarlos consensuarlos con la oposición. De hecho, los partidos criticaron que aún no tienen información de las iniciativas y el PSOE se comprometió a remitirles toda la información.

Las dos iniciativas están financiadas íntegramente por el Plan de Transición Justa pero el Ayuntamiento deberá adelantar primero el dinero de las obras. Las dos se ejecutarán en tres fases, las dos primeras al 30% y la última, al 40%.

Los grupos políticos deben decidir ahora si en la sede de la Comarca trasladan solo la atención al ciudadano o todo el Ayuntamiento por entero y la actual Casa Consistorial queda totalmente en desuso. La principal motivación del cambio es que el edificio actual, situado en pleno casco antiguo, no cumple con las normativas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y de eficiencia energética. La rehabilitación de las antiguas oficinas de Endesa, situadas encima del campo de fútbol, costará 2,3 millones de euros.

La otra iniciativa subvencionada es la creación de un gran parque «intergeneracional» de 8.454 metros cuadrados en la zona del antiguo campo de Los Salesianos, que actualmente se encuentra en desuso. Además se ha proyectado la creación de un sendero que comunique con la zona trasera del edificio del Ítaca. Tendrá un coste de 1,4 millones de euros.

4.708 € que no se pagaron

Por último, el pleno el pleno aprobó con los votos en contra de Teruel Existe y el PP un reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar 4.708 euros en facturas por la contratación de una serie de grupos de música locales que actuaron en las fiestas patronales de 2022 y a los que no se les abonó su trabajo. Estas facturas no están judicializadas pero sí las de cinco orquestas, una charanga y las gradas y vallas de las vaquillas de los festejos del año pasado debido a que la secretaria municipal llevó a la Fiscalía Provincial de Teruel siete contrataciones de las fiestas patronales de San Macario al apreciar «indicios de irregularidades». A finales del año pasado la técnico advirtió en un informe que hubo «contratación verbal», un proceder totalmente ilegal; porque «no se siguió el procedimiento establecido» en la Ley de Contratos del Sector Público al contratarse sin crédito y fuera de plazo, pese a las advertencias y los informes negativos de secretaría e intervención cinco orquestas, una charanga y las gradas y vallas de las vaquillas.