Aragón, con el 80% de energía renovable, paga el recibo de la luz a precio del gas como toda Europa

Aragón ha hecho sus deberes en materia energética al casi duplicar ya el porcentaje de generación renovable fijado en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030. Si el objetivo es llegar al finalizar la década con un 42% de producción verde, la Comunidad rozaba en otoño el 80% y su aportación no para de crecer. Sin embargo, los hogares y las empresas están condenadas a pagar el recibo de la luz a precio del gas, como el resto de Europa.

Da igual que el coste de producción de las renovables no alcance ni una décima parte del importe medio fijado para este jueves -369,75 euros por MW/h-, dado que el sistema marginalista compartido por la mayoría de países -26- establece que la última energía que cubre la demanda es la que fija el precio para toda la oferta. «Van entrando las tecnologías por su precio, empezando por las más baratas y la última es el gas, disparado por la guerra de Ucrania», explicó este miércoles Alberto París, presidente y fundador de la comercializadora aragonesa de energía verde Syder.

Pese a que el gas no supone ni una quinta parte del mix energético nacional, el operador de mercado eléctrico en España y Portugal, OMIE, se rige por el citado marco regulatorio fijado por Europa hasta 2030. Por ello, en el sector se incide en la necesidad de actuar, como apunta Alberto París. «El Gobierno debe intervenir porque el mercado está roto, pero el problema reside en las resistencias que habrá para sacar el gas del cálculo del precio, que permitiría bajarlo de inmediato. Y se explica por que los países con mayor dependencia, como Alemania, serán menos competitivos», aseveró.

Si el sistema energético fuera autárquico, Aragón estaría en una posición más que ventajosa desde el punto de vista competitivo. Según los datos oficiales de Red Eléctrica de España (REE), el 79,7% de la energía que produjo en 2021, a falta de los dos últimos aún por publicar, fue renovable, cuyo coste de generación no supera los 30 euros por megavatio.

Y no solo es una cuestión porcentual, sino de potencia instalada, que no para de crecer conforme se enganchan y empiezan a evacuar los parques eólicos y fotovoltaicos en construcción y tramitación. Si en 2020 ya se aportaron 10,2 millones de megavatios/hora verdes, el año pasado se incrementó hasta rozar los 12 millones. De nuevo, la aportación de la energía eólica ha resultado clave, con 7,9 millones, seguida por la hidráulica (2,2) y la solar fovoltaica (1,7). Mientras, la cogeneración se mantiene estable (2,3) y se ha desplomado el ciclo combinado en el último año, de 1,9 millones de MW/h a tan solo 0,3. La situación es muy distinta a nivel nacional, dado que la generación verde es un tercio inferior.

El presidente del Clúster de la Energía, Pedro Machín, indicó que los consumidores tienen poco margen y este pasa por cerrar contratos a precio fijo y, en el caso de las empresas, alcanzar un acuerdo a largo plazo para que el importe sea «mucho más ventajoso». «Hay mucha energía que se contrata fuera del «pool», muy caro por el gas», apostilló.

En el caso de las industrias apuntó que cabe optar por redes de distribución cerradas para polígonos y apostar por el autoconsumo compartido. En este sentido, detalló que el real decreto aprobado por el Gobierno central a finales del año pasado autoriza el autoconsumo compartido en media tensión, lo que permitirá aplicarlo en polígonos y redes de distribución cerradas y, si se regula como en Portugal, alcanzar un radio de 20 kilómetros. «Es hacia donde va la legislación europea, aunque esté tardando su trasposición», dijo.

El futuro considera que está en el almacenamiento con renovables, ya sea con bombeos reversibles como el de Ip, baterías o hidrógeno. «Esta última opción puede ser para electrificar la industria», opinó.

Por su parte, el director general de CEOE-Aragón, Jesús Arnau, insistió en que la viabilidad de muchas empresas «peligra» si se prolonga el «exponencial» alza de los precios, especialmente para las que depende más de la electricidad en su cadena de producción. «Puede suponer más del 10% del gasto de explotación», expuso.

Arnau consideró que la situación requiere un pacto de Estado, lamentó que el conflicto haya cogido a España y a Europa con «los deberes sin hacer» y criticó que la política económica la marque la ministra de Transición con una estrategia de descarbonización que debería ser «un medio, pero no un fin».