El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un acuerdo por el que se insta al Gobierno de España a establecer los mecanismos oportunos para que puedan aplicarse de forma inmediata las bonificaciones de hasta el 20% en la Seguridad Social autorizadas por la Comisión Europea en el marco del Mapa Regional sobre Ayudas Estatales. El acuerdo recoge que en febrero de 2019, tras conocer el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón sobre "las posibilidades en el derecho de la UE de otorgar ayudas de estado para contrarrestar la despoblación en la provincia de Teruel", el Gobierno de Aragón inició una acción conjunta con los ejecutivos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, para solicitar a la Comisión Europea la declaración de zonas más desfavorecidas a las provincias de Cuenca, Teruel y Soria.
Los tres gobiernos autonómicos manifestaron su voluntad de hacer modificaciones con el fin de recoger esta singularidad, iniciativa que tuvo una buena acogida por parte de la Comisión Europea, y fueron incluidas en el Mapa Regional sobre Ayudas Estatales para España en el periodo que comprende desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2027. Como recuerdan desde DGA, se trata de un instrumento que habilita al Estado para aplicar a las empresas instaladas en las mencionadas provincias, como zonas singulares, bonificaciones hasta de un 20% en sus costes de funcionamiento, una contribución sustentada en su baja densidad de población, inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Se trata de una medida que "lejos de generar una fiscalidad diferenciada, trata de incentivar la ubicación de empresas en estos territorios que presentan elevados índices de despoblación, a través de la reducción de sus costes en seguridad social". Al objeto de facilitar el trabajo de los organismos nacionales competentes para la implementación de las medidas necesarias, en noviembre del año pasado el Gobierno de Aragón elaboró un documento en el que se proponía al Gobierno central un marco normativo y una propuesta legislativa. Su finalidad era aportar una fórmula adecuada para incluir en el ordenamiento jurídico español las citadas ayudas regionales de funcionamiento, que se calcularían sobre los costes laborales de las actividades económicas radicadas en las tres provincias.
La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 ya incluía, en su disposición adicional centésima vigésima tercera, que, «dentro del marco establecido a nivel europeo para las ayudas estatales de finalidad regional, el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes» para las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.
Tal y como informó este miércoles en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, "el acuerdo pone de manifiesto que el Gobierno de Aragón lleva tres años trabajando con intensidad para que la provincia de Teruel pueda recibir estas ayudas estatales de funcionamiento, y ahora corresponde al Gobierno de España, una vez aprobado el mapa que las ampara por la Comisión Europea, establecer los mecanismos que permitan aplicarlas".
El Gobierno de Aragón considera «de vital importancia que estas ayudas se conviertan en realidad para complementar los esfuerzos de los gobiernos autonómicos de cara a atraer nuevos habitantes, asentar población y fomentar la implantación de iniciativas empresariales en estos territorios». Menciona en el acuerdo la Ley de Dinamización del Medio Rural, que ya se está tramitando en las Cortes de Aragón y que establece una fiscalidad diferenciada para los núcleos en riesgo alto o extremo de despoblación.
