Aragón no permitirá realizar pruebas diagnósticas del Covid-19 al margen de los criterios y protocolos de Salud Pública. El Ejecutivo de Javier Lambán publicará en próximas fechas una orden autonómica que desarrollará la publicada ayer por el Ministerio de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que limita la realización de estas pruebas diagnósticas a aquellos casos en los que exista una prescripción facultativa previa y se ajusten a los criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente. El objetivo es evitar la «confusión» de los últimos días, en los que, tras adquirir test por sus propios medios, varias empresas y ayuntamientos han comenzado a hacerlos a trabajadores y colectivos de riesgo pese a los reparos de la DGA.
El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, insistió este martes en que «no tiene sentido» hacer estas pruebas fuera del sistema de salud. Sobre todo si no ayudan a mejorar la valoración individual, a agilizar la toma de decisiones sobre un colectivo o comunidad o a conocer mejor la situación. «Lo que no produce beneficio a veces introduce un poco más de caos. Es lo último que debemos hacer en una situación de pandemia», subrayó. Falo aseguró entender que pueda haber situaciones «angustiosas o emocionales» que lleven a ayuntamientos y particulares a tomar estas decisiones. «Pero contribuyen poco al beneficio de lo comunitario y, por tanto, seguimos desaconsejándolo», manifestó.
Descartó, asimismo, que en Aragón haya laboratorios y clínicas privadas que estén vendiendo test como ocurre en otras comunidades, aunque sí hay empresas, aseguró el director general de Salud Pública, que ofertan el servicio y luego remiten las muestras a laboratorios de fuera.
La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), también instó a los alcaldes de la Comunidad a «no llevar a cabo acciones que no sean de su estricta competencia», entre las que incluyó la adquisición de test y de materiales para combatir la extensión de la pandemia. Según su presidente, Luis Zubieta, debe existir «un hilo conductor único: la autoridad sanitaria competente».
Aquellas pruebas que se realicen fuera de los protocolos carecerán de validez sanitaria. Ayuntamientos como el de Castelserás, en Teruel, tenían ya todo preparado para comprar pruebas PCR. «Habíamos reservado 14.000 euros del presupuesto municipal para adquirir 200», explicó su alcalde, Óscar Soriano. Su objetivo no era otro que garantizar «la seguridad»de sus vecinos y hacer pruebas cada 15 días a 19 personas que trabajan en el hospital de Alcañiz. «No busco sustituir las competencias de Sanidad, sino cuidar de mi pueblo; que estas personas sepan que no van a contagiar a nadie al regresar de su trabajo. Quiero informar, no alarmar», expuso.
La compra, no obstante, quedó este martes interrumpida a raíz de la nueva normativa estatal y la recomendación de la Famcp y tras hablar con la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien se comprometió a estudiar la situación. «Yo solo quiero que no pongan trabas y que si no se pueden hacer aquí los test los haga el Gobierno», dijo el regidor.
En Utrillas, el Ayuntamiento suspenderá este miércoles la campaña de test rápidos iniciada el pasado lunes en grupos de riesgo para estudiar la situación generada con la decisión del Gobierno central.
La iniciativa, mediante la que se realizaron 180 pruebas en dos jornadas, iba a seguir en Escucha, Palomar de Arroyos y Fuenferrada, cuyos ayuntamientos habían comprado 1.500 unidades y han contratado a los sanitarios necesarios para aplicarlas. El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, se mostró molesto con la actitud de la DGA y le reprochó que «si no quiere ayuda de los ayuntamientos, que al menos actúe en el territorio».
El Ayuntamiento de Zaragoza, en cambio, sí mantendrá sus test por el momento. Fuentes del Consistorio reiteraron que están avalados por el servicio de prevención y salud y que no se realizan a la población en general, sino a trabajadores esenciales. Las mismas fuentes aseguraron que se enviará información a la DGA.
Me comenta un amigo, que padece Epoc ( moderado) y Diabetes, supera ya los 60 años.
Llamó a su centro de salud, asustado y muy preocupado para pedir la baja, se considera persona de riesgo.
La profesional de la medicina de turno le llamo después para decirle que.
Las directrices son claras y que no puede darle la baja.
Tiene que estar más jodido ??
Ni test ni baja , ( por muy asustado que este).
No comprendo.
¿Esto da que pensar que pueda haber «comisiones»?
Todo es posible ,
Ufff !!!
Cuantisimo trabajo tendrán las urnas
Están empezando a implantar un régimen totalitario donde se priva de elegir a las personas donde, cuando y como pueden hacerse pruebas de corona virus. Al eliminar la posibilidad de realizarte pruebas de manera privada, solo queda realizar pruebas por el sistema público y a quien ellos digan. Puro comunismo.
Siempre es mejor la colaboración público y privada para detectar quién está contagiado y poder salvar vidas; pero a ellos solo les interesa que no se ponga en evidencia su nefasta gestión.
Que matraca con el comunismo.
Tú lo quieres todo privado?
Pues venga a vivir a USA
Si pierde un momento en leer mi opinión, defiendo lo público y lo privado, y que cada persona opte en libertad a que servicio quiere acudir. Al mandarme a vivir a otro lugar, hace gala de su pensamiento totalitario y sectario, solo admite el pensamiento único, típicamente comunista.
Y tu a vivir a Venezuela… o a Corea del Norte.
respuesta venezolana a petición de Lamban ,intento de tapar la ineficacia que parece de chiste ,no he visto personajes menos preparados que estas dos consejeras y el señor Fanlo ,verlos y echarse a temblar es todo uno, solo superados en ineficacia por los simones ,marqueses,marlascas etc .
Es decir, según el Sr. Lambán, no se tendrían que haber realizado los tests de la residencia de ancianos de Valderrobres, porque las ha dirigido el ayuntamiento local y no la dirección general de salud publica, que ya les denegó los tests y por ello se buscaron la vida y los compraron en Barcelona.
Yo le diría al Sr. Lambán, que debería responder ante la justicia por imprudencia temeraria y por poner en riesgo la vida de las 60 personas que han dado positivo en el test. No solo ya por su falta de acción, sino por impedir que los ayuntamientos QUE SI SE PREOCUPAN POR SU GENTE tomen las medidas que el Gobierno de Aragón NO está tomando.
No me vale que el Sr. Lambán dimita: se merece que lo juzguen y lo encierren, y no hablo de confinamiento.
Dila más gorda