La detención en Caspe, adelantada por LA COMARCA, de tres individuos por un delito de tráfico de personas, puso punto y final a una red de trata de seres humanos y explotación laboral. La investigación ha revelado, este viernes, que dos de los arrestados eran los cabecillas de esta mafia, que explotaba a 45 personas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Más de la mitad de las víctimas -23-, se encontraban en la capital del Bajo Aragón-Caspe hacinadas en una vivienda, en la calle Mallada, 1. Asimismo, en esta operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, denominada 'Lhotse-Tiger, se ha arrestado a otros seis implicados en las provincias de Ávila -tres-, Cáceres -dos- y Barcelona -uno-. De los nueve imputados, tres han ingresado en prisión provisional por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La organización estaba integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino especializados en la captación y explotación de migrantes en situación de vulnerabilidad, procedentes de países como Nepal, Pakistán e India, a los que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España. Se aprovechaban de su vulnerabilidad económica y de su situación irregular para proporcionar trabajadores a empresas distribuidas por todo el territorio nacional.
Todos eran alojados en viviendas con condiciones insalubres, tal y como ocurrió en Caspe, bajo constante vigilancia y sin documentación. Según las declaraciones de las propias víctimas, estas eran traídas desde Europa oriental, huyendo de una situación de extrema pobreza, y el grupo criminal les cobraba 100 euros mensuales por alojarse y siete euros diarios por transportarles hasta sus lugares de trabajo. También les pedían dinero por conseguirles empleo.
Además, en ocasiones, los explotadores mediaban con los propietarios de las empresas para conseguirles empleo a sus víctimas, por lo que se quedaban con parte de sus salarios.
La investigación empieza en 2024
La investigación comenzó en 2024, cuando en una inspección se detectó a varios trabajadores temporales de origen asiático que vivían en condiciones muy precarias, en una nave de una empresa alimentaria situada en Candeleda, Ávila.
Fruto de esta investigación, fueron detenidas tres personas: un encargado de la custodia de las mujeres y dos responsables de la empresa alimentaria por su conocimiento y aprovechamiento de la situación de las víctimas.
En paralelo, días antes se hizo otro hallazgo de trabajadores nepalíes sometidos a condiciones de explotación, en este caso en una instalación agrícola de Valverde de la Vera (Cáceres). En concreto, se descubrió a siete trabajadores en situación irregular, que trabajaban con documentación falsificada y que vivían en condiciones deplorables e incluso de mendicidad.
La conexión entre ambas investigaciones llevó a la Guarda Civil y a la Policía Nacional a realizar una operación conjunta que se saldó con nuevas detenciones y la liberación de más víctimas de explotación. En Barcelona, se realizó un registro y se detuvo a un individuo por exigirle dinero a un trabajador explotado en Ávila a cambio de su documentación. Por otro lado, en Cáceres se detuvo a dos responsables de la explotación agrícola donde se habían encontrado previamente a los siete trabajadores nepalíes.
Caspe, el epicentro de la red de tráfico de personas
Tras estas detenciones, los investigadores se centraron en los miembros del grupo encargados de captar y explotar a los ciudadanos nepalíes. Después de año y medio de investigación, se realizaron dos registros simultáneos en dos domicilios de Caspe y se detuvieron a tres miembros del grupo criminal, incluyendo a los dos principales cabecillas. Se liberó a más de una veintena de migrantes hacinados en una misma vivienda, apiñados en colchones, con un solo baño para todos y en estancias con deficiencias estructurales.
Estos eran los proporcionadores. Pero donde están las normas que tenían que cumplir las empresas donde trabajaban estas personas. Todo el mundo sabe, que las empresas cuando subcontratan, tienen que examinar que la empresa subcontratada se encuentre al día ante todas la leyes.
Un trama entre emigrantes de las cuales solamente la policía, después de una investigación lo sabia, y tenemos que creérnoslo. Pues nada…
Pascual F. tiene toda la razón. La responsabilidad real última es de la empresa donde trabajaban, donde hacían los trabajos agrícolas. Toda la tapadera de subcontrataciones es un montaje que va desde la primera hasta la última empresa que los usa y especialmente de los órganos oficiales, estatales, de la CA o municipales, que tienen la obligación de controlarlo y no lo controlan. Prueben a dejar un coche aparcado en la entrada del Ayuntamiento a ver cuanto tardan en sacarlo. Lo que se quiere ver se ve, y lo que no se quiere ver, pues no se ve.
Las noticias de Caspe ultimamente siempre van de lo mismo, a ver cuando vemos alguna de instalacion de empresas y creacion de empleo de calidad.
Por cierto, y las empresas agricolas que empleaban a estas personas????
Saldran de rositas???? porque no se comenta nada de esto pero los que los contratan seran tan culpables como los que los traen, o no??
El problema de este pueblo radica en centrarse únicamente en el sector primario, esto no pasa, por ejemplo en Tarazona, ciudad de similar número de población.
Son ellos mismos los que contarán gente de sus países y los explotan en la albañilería sucede mucho incluso los tienen trabajando sin asegurar.