El número de ayuntamientos que han solicitado un préstamo a la Caja de Cooperación de la Diputación de Teruel (DPT) ha aumentado considerablemente este año, tras las modificaciones realizadas en su reglamento. Si en 2018 tan solo lo solicitaron dos ayuntamientos y en 2020 cinco, en 2021 se han registrado 11 solicitudes.
Se trata de un instrumento que pone a disposición de los consistorios liquidez a coste cero para ser devuelta en un máximo de 15 años, y sirve para realizar inversiones, cancelar préstamos y/o sanear las cuentas municipales al término de un ejercicio.
Con la modificación aprobada en 2020, el límite económico a recibir por cada consistorio pasó de los
18.000 a los 150.000 euros, un 78% más. Al mismo tiempo, el actual equipo de gobierno de la
institución apostaba por ampliar la cantidad total disponible desde los 100.000 euros de la legislatura
anterior a los 5 millones.
Ahora, el proyecto de presupuestos de la DPT para 2022 vuelve a aumentar de forma extraordinaria
la partida dedicada a la Caja de Cooperación, pasando de los 5 millones de los dos últimos
ejercicios al doble, 10 millones de euros. Esta cantidad supone un 9900 % de incremento respecto a
los 100.000 euros presupuestados en 2019.
Además, la institución prepara ya una nueva revisión de las bases de solicitud que, entre otras
modificaciones, aumentaría a 300.000 euros la cantidad que podría solicitar cada ayuntamiento.
Esto supone un aumento del 100% del límite fijado en las bases de 2020 y un 1566,67% más
respecto al límite máximo posible en 2019.
«Cada vez más municipios la solicitan y nos sugirieron que pudiésemos incrementar las ayudas
máximas, así pues hemos pasado de 5 a 10 millones de euros con el objetivo de que más
ayuntamientos la pidan. Asimismo estamos estudiando ampliar el periodo para su devolución de 15
a 20 años», ha explicado el presidente de la DPT, Manuel Rando.
El presidente ha considerado como una «buena noticia» que los ayuntamientos tengan la posibilidad
de contar con esos 10 millones de euros que, sumados al anticipo de los tributos previsto para el
mes de febrero de más de 25 millones de euros, «les servirán para tener liquidez y para que el
presupuesto salga mejor, ya que no tendrán que pagar los intereses bancarios que están asumiendo
en la actualidad», ha dicho.
Esto se une además al Plan de Concertación que recoge el nuevo presupuesto, de más de 15,5 millones de euros, «que también recibirán los ayuntamientos hasta febrero para orientar las ayudas a obras, servicios, personal, etc., dándoles la posibilidad de que inicien sus proyectos a principios de 2022», ha añadido Rando.
Préstamos sin intereses
La Caja Provincial de Cooperación de la DPT tiene como finalidad la concesión de préstamos sin
intereses a los ayuntamientos de la provincia, como forma de cooperación a la efectividad de la
prestación de los servicios municipales. Pueden concederse en la modalidad de operaciones de
crédito a largo plazo, para la financiación de inversiones, refinanciar otras operaciones de crédito o
para sanear el remanente de tesorería negativo o la financiación de nuevos y mayores gastos por
operaciones corrientes declaradas necesarias y urgentes.
En el año 2018 solo dos municipios solicitaron la Caja de Cooperación: Monterte y Barrachina,
mientras que en 2019 solo lo hizo Camañas.
En 2020 fueron cinco: Albalate del Arzobispo, Mosqueruela, Torres de Albarracín, Alloza y Tronchón. Y en 2021 lo han pedido Gúdar, Nogueruelas, Royuela, Griegos, Olba, Torralba de los Sisones, Libros, Berge, Valderrobres, Puertomingalvo y Villanueva del Rebollar, este último todavía sin resolver.
Este año se ha concedido este instrumento para refinanciar operaciones a largo plazo en
condiciones de prudencia financiera y para compras o construcciones de inmuebles e infraestructuras, entre otras actuaciones.
Para solicitar un crédito de la Caja Provincial de Cooperación, los ayuntamientos deben cumplir los siguientes requisitos: haber aprobado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior con ahorro
neto positivo, haber aprobado definitivamente el presupuesto del ejercicio actual o tener un volumen
total de capital vivo que no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados,
según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.
