Las ayudas al funcionamiento de las empresas de Teruel, Cuenca y Soria se aplicarán de oficio por la Administración del Estado a partir del próximo 1 de enero, según publicó el BOE el pasado día 24 dentro de las disposiciones adicionales a los Presupuestos de 2023. Las cuantías definitivas se quedan, no obstante, muy por debajo de las expectativas de la patronal y de las instituciones turolenses, que aspiraban a la máxima bonificación admitida por la Unión Europea –el 20% de los costes laborales– y se tendrán que conformar con un ahorro equivalente al 1%. Se limitarán, según recoge el BOE, a una rebaja del 5% en las cotizaciones por contingencias comunes de la Seguridad Social para los contratos existentes, del 15% para nuevos contratos en municipios de más de 1.000 habitantes y del 20% en las localidades que no superen esta población.
La disposición adicional no incluye la retroactividad de las ayudas al 1 de enero de 2022, en contra de lo que había solicitado el PSOE de Teruel y de lo anunciado por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante una visita a Soria el pasado octubre.
La disposición adicional que regula las bonificaciones de la Seguridad Social establece que la aplicación se producirá «automáticamente» en función de los datos que ya tiene la Administración. La reducción de las cuotas que se aplicará a las empresas será «de oficio». La rebaja deja fuera a los trabajadores autónomos, una de las principales quejas de las organizaciones empresariales turolenses.
En otra disposición adicional, se regula la aplicación de una tarifa plana de 80 euros mensuales para los trabajadores autónomos que se den de alta desde el próximo 1 de enero y durante los tres años siguientes al inicio de la actividad. En este caso, la rebaja deberá ser solicitada por los beneficiarios.
Las organizaciones empresariales mostraron su decepción por unas bonificaciones que consideran insuficientes para mejorar la competitividad de las empresas de la provincia. Según la estimación de la CEOE y la Cepyme, la bonificación incorporada a los Presupuestos del Estado supone un descuento del 0,95% de los costes laborales totales –incluidas cotizaciones y salarios– y un importe de entre 10 y 12 millones de euros anuales. La UE autorizaba un máximo del 20% de descuento en función de las despoblación de Teruel, Soria y Cuenca.
CEOE y Cepyme, tras conocer la textualidad de las ayudas, han remitido a sus asociados en la provincia una carta en la que admiten que la excepcionalidad aplicada con Teruel, Cuenca y Soria es «un paso determinante» hacia un trato preferente para las tres provincias en razón de sus «desventajas demográficas graves». Añaden, a continuación, que «la intensidad y el alcance de esta medida resulta insuficiente» para reactivar la demografía provincial. Las organizaciones empresariales adelantan que seguirán trabajando para convencer al Gobierno de la «necesidad» de mejorar los descuentos.
El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Santa Isabel, se ha mostrado más contundente y ha calificado de «tomadura de pelo» la cuantía de las ayudas, que desaprovechan la «posibilidad que abrió la UE de ir mucho más allá». Para Santa Isabel, la rebaja de costes es «cutre» y adelanta que «ninguna empresa generará empleo por este aliciente». Para el dirigente empresarial, no «hay en el Gobierno una apuesta fuerte por el futuro de la provincia». A su juicio, al Ejecutivo le «han temblado las piernas» al aplicar ventajas fiscales que podrían haber «dado un golpe de timón» al futuro de Teruel. Tanto la Cámara como la CEOE-Cepyme han valorado positivamente que la concesión de las rebajas de la Seguridad Social no requiera de ningún trámite por parte de los beneficiarios.
El gerente de la empresa Emipesa, una de las más potentes de la comarca de Gúdar-Javalambre -de la que partió la reivindicación de ventajas fiscales para las empresas turolenses-, Carlos Pérez, ha afirmado que en la decisión del Gobierno subyace el hecho de que «los políticos no piensan en un modelo de país donde el mundo rural sea sostenible». A su juicio, con los descuentos aprobados con los Presupuestos «no va a cambiar nada y la despoblación seguirá adelante».
