La aplicación de las ayudas al funcionamiento y la lucha contra la despoblación en su máximo supondría el 0,18% del presupuesto nacional. Esta es una de las conclusiones que se presentaron este lunes en Soria acerca del último informe encargado por la SSPA. Desde la red vuelven a insistir en que las ayudas al funcionamiento aplicadas a las tres provincias de Soria, Cuenca y Teruel no han alcanzado su máximo potencial y exigen al Estado mejorarlas hasta el máximo permitido por la Unión Europea.
«Dentro del presupuesto general de España de 386.000 millones de euros -aun en su aplicación en el máximo-, calculamos que podrían suponer entre 600 y 700 millones de euros. Representaría un porcentaje que no llega al 1% de las cuentas», denuncia el presidente de CEAT Teruel, Juan Carlos Escuder. El lobby SSPA, formado por FOES Soria, CEOE Teruel y CEOE CEPYME Cuenca, presentó la segunda fase de su informe sobre el impacto que estas ayudas tienen en la lucha contra la despoblación en las provincias donde se aplican. Ha sido elaborado a partir de los resultados de la encuesta realizada a empresas de los tres territorios en el cuarto trimestre de 2023 con la dirección y coordinación del doctor en Economía José Antonio Herce.
Se vuelve a evidenciar la necesidad de intensificar las bonificaciones aprobadas por la Comisión Europea para poder crear entre 6.000 y 13.000 empleos si se aplican al 20%, y contribuir a captar nuevos pobladores. Según el informe, el 44% de los encuestados no son conscientes de que las ayudas se aplican de oficio. En el escenario actual, tan solo un 2,9% de las empresas estarían creando empleo. «Hemos preguntado a los empresarios si conocían la existencia de estas ayudas, si se han visto influidos por ellas y si han tomado decisiones respecto a la creación de empleo. Los resultados con el trabajo de campo nos confirman los que ya obtuvimos en el trabajo teórico, que solamente un 2,9% de las empresas han tenido en cuenta estas ayudas a la hora de aumentar sus plantillas», apunta el economista.
Se habrán creado entre 64 (0,3%) y 128 empleos. «Que haya 128 frente a una afiliación de 140.000 trabajadores en las tres provincias es, francamente, insignificante», añade. Concluyen además que las empresas crearon puestos de trabajo en 2023, pero no a consecuencia de estas bonificaciones ni en la proporción necesaria para conseguir el objetivo final de revertir el proceso de despoblación.
Pese a que los técnicos concluyen que la mera existencia de las ayudas es, en sí, importante, la realidad de este último año indica que «hasta ahora se ha desaprovechado la oportunidad de crear una palanca de acción contra la despoblación por una de las vías más importantes: el canal empresarial del empleo y la actividad económica». En 2023, las distintas reducciones aplicadas por el Gobierno suman 28,54 millones de euros en las tres provincias. En el desglose, 9,86 millones corresponden a la turolense; 7,1 millones a la soriana, y 11,58 a la conquense.
Es, en opinión del lobby SSPA, «una cantidad insuficiente objetivamente que las invalida en relación con el objetivo buscado». Ese objetivo no es otro que la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en zonas despobladas mejorando su supervivencia en el territorio y fomentando la captación de nuevos pobladores. Todo, «en un marco trufado del resto de limitaciones que conlleva la despoblación».
Respuesta a Ribera
Desde la SSPA rechazan las declaraciones de la pasada semana de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el Senado donde manifestó que los gobiernos autonómicos deberían completar las ayudas. «Eso es echar balones fuera, estamos pidiendo una reunión que ya se aplazó, las ayudas se aplican en la seguridad social y no creo que ninguna comunidad tenga potestad», concluye Escuder.
El PP pide que el Gobierno central asuma en solitario las ayudas
El Partido Popular de Teruel también ha vuelto a reclamar y reivindicar las Ayudas al Funcionamiento para Teruel, Cuenca y Soria. El PP ha querido responder a las declaraciones de la ministra Teresa Ribera en su comparecencia del pasado jueves en el Senado donde pidió a las comunidades autónomas que cofinancien estas ayudas y tachó de «discurso victimista» las reclamaciones de la senadora Emma Buj. Unas declaraciones que llegaron tan solo tres días después de que el lunes la misma ministra se reuniese con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con quien se comprometió a realizar estudios para llevarlas a cabo.
«Ya está bien de tomarnos el pelo». Así de contundente se ha mostrado el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste que ha pedido «menos estudios, menos planes y más realidades y más cumplimientos». El turolenses ha recordado que estas ayudas las solicitó el Gobierno de España a la Unión Europea «y si alguna vez Teruel tiene mayor densidad de población tendrá que dejar de percibirlas, cosa de la que nos alegraremos todos, pero hoy le corresponden a Teruel, Soria y Cuenca». Según ha explicado Juste, los informes de la Red SSPA señalan que la aplicación de las Ayudas al Funcionamiento al máximo supondrían en torno a 3.681 empleos más en la provincia y una inversión próxima a los 303 millones de euros. «Vemos cómo hay un entreguismo total a Cataluña o el País Vasco y se está siendo cicatero con las provincias pobres», ha sentenciado.
El presidente de la DPT ha hecho especial hincapié en que la reclamación «no la hacemos por victimismo, no la hacemos porque pensemos que la provincia no tiene futuro, pero necesitamos las mismas herramientas, las mismas posibilidades que tienen otras comunidades autónomas u otras regiones».
Solo tienen cuatro ocurrencias de funcionario mediocre de la meseta.
Que pesaditos que son estos de «Provincias’. le dijo el director general a la ministra.