El Ayuntamiento alcañizano ya ha comenzado a trabajar para depositar cuanto antes la cuantía que debe asumir como responsable solidario del deslizamiento del cerro Pui Pinos según la sentencia judicial que se hizo pública el lunes y condenó al Consistorio y a la concesionaria del mantenimiento de los jardines, Sifu, junto a sus aseguradoras al pago de 1,3 millones de euros a una veintena de vecinos y tres empresas.
Se prevé celebrar la semana que viene una comisión de Hacienda para realizar una modificación presupuestaria y a la siguiente semana un pleno para contar con los más de 250.000 euros que debe aportar (los 400.000 restantes de su mitad los debe aportar su aseguradora) para que cuando el tribunal se lo pida contar ya con la cuantía.
Estos pasos los conocieron este jueves casi una veintena de afectados que acudieron a una reunión convocada por el Ayuntamiento que comenzó con el alcalde, Ignacio Urquizu, pidiendo «disculpas» a todos ellos en nombre del Ayuntamiento porque «han sufrido sus negligencias antes del derrumbe por todo lo que no se hizo y después porque el proceso se ha prolongado cuatro años».
«Se pueden producir distintos escenarios. Nosotros no vamos a recurrir pero los demás no lo sabemos. Aunque lo hagan hay un escenario razonablemente optimista para los afectados y es que en el momento que sus abogados pidan la ejecución provisional de la sentencia todos tenemos la obligación de depositar ese dinero y seguramente en un periodo corto de tiempo ellos podrán cobrar su indemnización aunque el juicio pasara a una instancia superior porque hubiera algún recursos de Sifu o las aseguradoras», explicó Urquizu en la reunión, a la que también acudieron los portavoces de todos los grupos políticos que conforman el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento alcañizano ha contactado con los abogados de las partes implicadas en el juicio por el desprendimiento del cerro Pui Pinos para conocer si van a recurrir o no la sentencia judicial y «negociar».
El secretario municipal también está elaborando un informe sobre la sentencia por encargo del equipo de gobierno. En este informe se dilucidará también si se toman medidas por la implicación de la arquitecta municipal y la técnico de medio ambiente, con las que la sentencia es muy dura asegurando que «adoptaron una actitud pasiva y negligente». «El fallo no condena al personal de Ayuntamiento pero sí se hace una evaluación de su gestión y de la relación de las técnicos. El secretario tiene que evaluar si de ello se deriva alguna responsabilidad porque de la actuación del personal se ha acabado derivando una responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento», apuntó Javier Baigorri.
