El centro de protección animal de la Diputación de Zaragoza atendió en 2020 a 164 perros sin dueño que vagaban por los municipios de toda la provincia, y que fueron recogidos por el personal que presta este servicio.
La institución provincial destina cada año alrededor de 320.000 euros a la acogida y cuidado de estos animales, y a lo largo del año pasado la DPZ dio en adopción a 166 mascotas, lo que demuestra que el sistema implantado para buscar un hogar a todos los animales sigue funcionando con éxito.
«La Diputación de Zaragoza no cobra nada a quienes adoptan uno de los animales que se atienden en el centro. De esta forma se facilita el proceso de adopción dejando claro que la prioridad es fomentar las adopciones responsables y con todos los requisitos legales», destaca el diputado delegado del centro de protección animal de la DPZ, Miguel Sanz. «Por otra parte, desde hace años la institución provincial opta por una política de sacrificio cero. Cuidamos a todos los perros de nuestro centro, independientemente del tiempo que lleven viviendo en el mismo o de las enfermedades que puedan tener».
La institución provincial destina cada año alrededor de 320.000 euros a la recogida y el cuidado de los perros sin dueño que aparecen vagando por toda la provincia y consigue encontrarles un dueño a la gran mayoría.
En los últimos cinco años, desde 2016, este servicio ha recogido a un total de 1.182 perros y ha logrado encontrar un hogar para 1.233. «Esto demuestra que el sistema que tenemos implantado para buscar una familia a todos los perros de nuestro centro sigue funcionando con garantías” subraya Sanz.
“De hecho, durante los últimos años la tasa de adopciones del centro ha llegado a índices del 100% en alguna ocasión, aunque siempre hay animales a los que no logramos darles salida. Muchos de ellos son perros potencialmente peligrosos (PPP), para cuya posesión se necesita licencia, lo que complica y ralentiza su proceso de adopción a pesar del apoyo fundamental que prestan las asociaciones animalistas”.
Nuevo protocolo de adopciones por el covid
Debido a la situación generada por la crisis del coronavirus, y para garantizar la seguridad de ciudadanos y trabajadores, se han implantado nuevas medias para llevar a cabo las adopciones. Con el objetivo de minimizar el tiempo de estancia del adoptante en el centro de protección animal que la DPZ tiene en Movera, los técnicos facilitan vía telefónica la máxima información posible sobre el animal, así como fotografías y vídeos.
Además, en la web de la Diputación de Zaragoza pueden verse algunos de los animales que hay actualmente disponibles en el centro. Los interesados en visitar a los perros deberán concertar cita previa en el teléfono 620 996 790 e ir provistos de mascarilla.
El covid también ha provocado que tanto las recogidas (164) como las adopciones (166) de este año 2020 estén experimentando un descenso con respecto a años anteriores. Si lo comparamos con las cifras de 2019, el año pasado fueron 240 los animales que se recogieron por la provincia, y 230 aquellos a los que la DPZ logró encontrar un hogar; en el caso de 2018 se atendió a 263 perros y se dió en adopción a 266; en 2017 fueron 264 las entradas y 304 las salidas; y en el caso de 2016, 251 y 267, respectivamente.
Sin embargo, las cifras están compensadas, ya que se ha experimentado un descenso tanto en las entradas como en las salidas de perros. «Este año es atípico por la circunstancias actuales del covid, pero igualmente tenemos buenas sensaciones a corto plazo y los ciudadanos siguen visitándonos y adoptando animales», explica Sanz. «No obstante, quiero lanzar un mensaje para intentar concienciar a la ciudadanía de que tener mascotas y ser responsables es algo que debe ir unido. Todos debemos cumplir con el compromiso que se adquiere cuando se decide tener un animal y no abandonarlos», destaca Sanz.
Se les cura, se les cuida y se les implanta el chip obligatorio
El centro de protección animal de la Diputación de Zaragoza se puso en marcha en 1994 para hacer frente al problema de salud pública de los perros vagabundos. Como la gran mayoría de los municipios no tenían recursos para resolverlo, la institución provincial aprobó un convenio marco al que están adheridos casi la totalidad de las localidades de la provincia (la capital tiene su propia recogida).
Los ayuntamientos son los únicos que pueden solicitar la retirada de animales abandonados o sin dueño. No obstante, si un vecino quiere entregar el suyo, tiene que hacerlo previo visto bueno de su consistorio y sabiendo que debe pagar una tasa de 57,5 euros y que además no se aceptan perros gravemente enfermos. “Año tras año seguimos trabajando para mejorar las instalaciones del centro, situadas en Movera, y para prestar un mejor servicio a los ayuntamientos», recuerda Sanz.
Cuando se recibe un aviso de recogida, la empresa que gestiona el centro de protección animal se traslada al municipio, lo captura y lo lleva a las instalaciones de Movera. Si porta el chip obligatorio, se intenta localizar al dueño, que además de tener que pagar una tasa de 80 euros para llevárselo se enfrenta a una posible sanción administrativa. Si no es posible contactar con el propietario, el perro pasa a manos de la Diputación.
Tanto esos animales como los que no llevan chip, que son la gran mayoría, son inscritos a nombre de la institución provincial en el Registro de Animales de Compañía de Aragón. Para entonces, ya han sido atendidos por los veterinarios, ya que a todos los perros se les hace una exploración nada más llegar, se les curan las enfermedades o heridas que puedan presentar, se les desparasita interna y externamente y se les vacuna.
Una vez dados esos pasos, comienza el proceso de búsqueda de dueños para los perros. Normalmente, son adoptados a corto o medio plazo, aunque algunos llegan a pasar muchos meses en el centro. Pese a todo, incluso los casos más complejos se suelen resolver gracias a la colaboración de las sociedades protectoras de animales.
En este sentido, la DPZ anunció a finales de 2020 que buscaba activamente un hogar para una veintena de perros que llevan hasta cinco años en su centro de protección animal. Se trata de animales potencialmente peligrosos (PPP) para cuya posesión se necesita una licencia, lo que complica y ralentiza su proceso de adopción a pesar del apoyo fundamental que prestan las asociaciones animalistas.
