El Ministerio de Transición Ecológica se compromete a dar preferencia a los trabajadores de las auxiliares en el acuerdo, que se firmará este verano
Los trabajadores de las subcontratas de la Central Térmica de Andorra tendrán prioridad en el convenio de transición justa de Aragón en el que ya trabaja el Gobierno de España y que verá la luz este mismo verano. Este el principal compromiso que ha arrancado el Gobierno de Aragón al Ministerio de Transición Ecológica durante la primera reunión del convenio de transición justa que se ha celebrado durante la tarde de este martes en Madrid.
El futuro del colectivo de las contratas, del que forman parte alrededor de 400 trabajadores, era uno de los temas marcados en rojo por el Gobierno de Aragón. Este mismo lunes la Plataforma de las Subcontratas se reunió con Marta Gastón para reivindicar su futuro. Exigencias que la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón trasladó este martes al secretario de Estado de Energía, José Domínguez.
La petición de DGA ha sido bien recibida por el Ministerio, que se ha comprometido a que los trabajadores de las empresas auxiliares de la Central de Andorra tengan prioridad en el convenio de transición justa para la cuenca minera turolense. «Están de acuerdo en que el texto futuro debe plasmar, más allá de las palabras, que las contratas deben ser un colectivo prioritario. Para nosotros era imprescindible conseguir este acuerdo», explicó Gastón. De igual modo, el secretario de Estado de Energía también se comprometió a dar todavía más prioridad al colectivo «más vulnerable» de las empresas subcontratas. «Son aquellos que están en edades cercanas a la jubilación. Desde la mayor de las sensibilidades, tendrán prioridad absoluta en el convenio», aseguró la consejera.
Una vez zanjado el tema de los trabajadores de las subcontratas, Marta Gastón ha aprovechado la primera reunión de trabajo del convenio de transición justa para reclamar que se garantice, y así quede plasmado en el documento final, la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias, como la A-68 o la elevación de aguas del Ebro a Andorra, para asegurar el futuro de la cuenca minera turolense. «Son necesarias para la competitividad del territorio de cara a generar mayores atractivos para proyectos que configuren la alternativa a la actividad minera», explicó.
Pese a que no se ha cerrado la fecha para la próxima reunión, ambas partes se han comprometido a mantener un contacto permanente para seguir trabajando en el que será el convenio de transición justa de la cuenca minera turolense y el «primero de toda España». En este sentido, el Gobierno de Aragón seguirá trabajando en sus propuestas y el propio secretario de Estado de Energía ha asegurado que se pondrá en contacto con los agentes sociales (ayuntamientos, trabajadores, empresarios y sindicatos) del territorio para «recoger las sensibilidades» de toda la zona.
También se habló de la reunión celebrada el mes pasado en Madrid y convocada por la Plataforma Europea de Regiones del Carbón en Transición. Encuentro que sirvió para que Aragón, Asturias, Castilla y León y Castilla La Mancha constituyeran el denominado «equipo país»; un grupo de trabajo cuyo objetivo será presionar a la Unión Europea para conseguir que la transición energética cuente con fondos específicos en los presupuestos del periodo 2021-2027.
José Domínguez anunció al Gobierno de Aragón que el Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha propuesto la creación de un fondo de cohesión para apoyar a los territorios afectados por la descarbonización de su economía. «Existe una posibilidad de que se configuren dotaciones económicas y convocatorias de ayudas para estos territorios. Todavía no existen, pero debemos ponernos a trabajar en los proyectos e ideas que puedan beneficiarse de estos fondos», comentó Gastón.
