La Comisión de investigación sobre la implementación de renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el INAGA al respecto ya tiene fechas concretas para su desarrollo tras su arranque a principios de febrero, cuando comparecieron las 10 empresas referentes del sector energético a puerta cerrada. Los viernes 8 de marzo, 22 de marzo y 5 de abril se continuará con las sesiones de mañana con unos 6 comparecientes por jornada. Una segunda parte del proceso se realizará los lunes inmediatamente posteriores a los viernes citados (11, de marzo, 25 de marzo y 8 de abril), esta vez en sesión de tardes.
Así lo adelantó el viernes el presidente de la Comisión de Investigación y portavoz del Partido Popular, Fernando Ledesma, en rueda de prensa tras una junta de portavoces para determinar la metodología a seguir. En cuanto al régimen de publicidad (si será abierto o cerrado a los medios), aunque se han debatido ya varias propuestas, este aún se tiene que determinar. Hay «unanimidad» por parte de todos los portavoces de que «no será el del primer día», cuando los medios de comunicación únicamente pudieron acceder a las breves presentaciones iniciales que no aportaron información relevante. Viendo la «poca agilidad» de la primera jornada la junta de portavoces estudia un nuevo modelo a seguir, para que sea más «eficaz».
Ledesma adelantó que «se ha avanzado bastante» y la prioridad ahora es cerrar la metodología de la comisión de investigación antes de que se retomen las sesiones para que los comparecientes sepan «en qué régimen de intervención van a participar» y cuáles serán las condiciones a las que se van a someter. Previsiblemente este martes se cierra el formato de la comisión en una nueva reunión interna de portavoces, en la que además los grupos aportarán los 36 nombres que intervendrán. «Elaboraremos un planteamiento de todos los comparecientes, de todas las sesiones», incidió Ledesma.
Las intervenciones se organizarán manteniendo «una cierta lógica temática» para que los expertos que vayan a comparecer lo hagan en una misma sesión o en cercanos segmentos temporales, con el objetivo de que haya una cierta «homogeneidad» de las intervenciones y no se entremezclen con otro tipo de perfiles como por ejemplo los representantes de la administración pública. Además, en las sesiones de expertos el tipo de formato será «algo distinto», adelantó Ledesma. «Parece ser que cuando tengan que hablar académicos o medioambientalistas no tiene sentido tanto intercambio de pregunta respuesta, cuando en realidad el experto viene a exponernos sus explicaciones sobre unos aspectos concretos que previamente habría que pedirle», señaló.
Las conclusiones se efectuarán al final de la comisión de investigación tras haber escuchado a todos los comparecientes requeridos por los grupos parlamentarios. Ledesma quiso incidir en que la comisión de investigación no constituye «un debate de posiciones políticas», sino que el objetivo es profundizar «en una serie de comparecencias con personas que han tenido que ver en el proceso y con una serie de documentación que se ha pedido a las administraciones».
Las conclusiones se votarán y las que no se aprueben quedarán de igual modo reflejadas como votos particulares en el mismo documento para que haya una visión global de lo que ha querido concluir cada grupo parlamentario. Este será de índole pública. El Ejecutivo pretende completar la comisión en los seis meses previstos para que no concuerde con otras comisiones de investigación o estudio. Todo ello implica «necesariamente» al personal y letrados de las Cortes de Aragón. como marca la normativa vigente.
Reducción de impuestos del 26%
«Conseguir un equilibrio entre la fiscalidad que se aplique a las renovables y que Aragón siga siendo competitivo y atractivo para estos proyectos». Es el compromiso que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, transmitió durante su participación el viernes en Zaragoza en el Foro 'Conversa' organizado por Cadena Ser. La DGA rebajó la presión y redujo un 26% el impuesto respecto a cómo la norma salió de Hacienda y prevé que durante su trámite parlamentario se de «un empujón más» para que el impuesto que se va a acabar poniendo sitúe a Aragón «en la tabla baja» en su política de recaudación y que no sea un «infierno fiscal», en palabras de Azcón. "Aunque ya le hayamos pegado una reducción del 26% al proyecto de ley yo estoy convencido de que el trámite parlamentario nos va a permitir que Aragón no sea un infierno fiscal como ocurre con el Impuesto de Sucesiones, de Patrimonio y el IRPF. No quiero que el impuesto a las renovables nos situé en la tabla alta. Tenemos que encontrar el equilibrio entre recaudar impuestos para servicios públicos y hacer que nuestra comunidad autónoma siga siendo atractiva a las inversiones de energías renovables", señaló el presidente.
Cabe recordar que el Clúster de la Energía de Aragón ha mostrado públicamente su disconformidad con el proyecto de ley y ha pedido la exención completa a la fotovoltaica, progresividad en la eólica y exención total del autoconsumo. La norma, tal como fue presentada en su inicio, pretende recaudar al menos 30 millones de euros anuales, de los cuales un 15% irá destinado a políticas contra la despoblación, es decir en torno a 4.5 millones, dinero que será integrado al Fondo de Cohesión. Además se anunció la creación de un fondo medioambiental destinado a los Ayuntamientos para la reinversión en el territorio del 50%.
Habrá que esperar para conocer las condiciones finales de la ley, una vez concluya el trámite parlamentario y el proceso de enmiendas al que será sometido el texto en las Cortes de Aragón.
