La construcción del hospital de Alcañiz se complica por momentos. Las empresas adjudicatarias del hospital de Alcañiz, OHL y Dragados, han presentado un modificado de contrato al Servicio Aragonés de Salud con el objetivo de ahorrarse costes. La Unión Temporal de Empresas (UTE) ganó el concurso hace dos años gracias a una sustancial rebaja económica, del 28,8%, que ahora pretende compensar porque no le salen los números.
A la espera de una contestación oficial del Gobierno de Aragón, la UTE ha reducido la actividad a la mínima expresión tras haber ejecutado tan solo un 10% de la obra. Hasta el punto de que OHL y Dragados únicamente mantienen a cinco operarios en el tajo desde hace semanas, según confirmaron ayer fuentes implicadas en el proyecto.
Las adjudicatarias del nuevo hospital no quisieron facilitar detalles de su reclamación económica, con la que pretenderían compensar su baja millonaria sin recurrir a la hasta ahora habitual revisión de precios. El problema es que una de las cláusulas del contrato prohíbe expresamente esta posibilidad, por lo que las empresas han optado por plantear ahorrarse costes sin que se reduzca al mismo tiempo la factura a cobrar al Servicio Aragonés de Salud, fijada en 57,5 millones de euros.
Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico analiza la petición y oficialmente guarda silencio, sin querer aclarar cuándo piensa tomar una decisión sobre un proyecto en el que mantienen serias discrepancias con las constructoras desde el primer día. No obstante, fuentes de la propia Administración autonómica no ocultaron su malestar, indicaron que no hay margen legal para atender el modificado del contrato y recordaron que no sería el primer caso en que pudiera acabar en una rescisión del contrato.
Pese al hermetismo oficial, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, deberá enfrentarse este viernes en la sesión de control de las Cortes a una pregunta sobre los plazos del hospital formulada por el diputado del PP y exalcalde alcañizano Juan Carlos Gracia. En concreto, quiere saber si con la parálisis de los trabajos está previsto ampliar el plazo de ejecución de las obras, fijado en cinco años, más allá de 2022.
Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico analiza la petición y oficialmente guarda silencio, sin querer aclarar cuándo piensa tomar una decisión sobre un proyecto en el que mantienen serias discrepancias con las constructoras desde el primer día. No obstante, fuentes de la propia Administración autonómica no ocultaron su malestar, indicaron que no hay margen legal para atender el modificado del contrato y recordaron que no sería el primer caso en que pudiera acabar en una rescisión del contrato.
En concreto, quiere saber si con la parálisis de los trabajos está previsto ampliar el plazo de ejecución de las obras, fijado para finales de diciembre de 2021.
Exigencia desde el primer día
Los problemas con las adjudicatarias se remontan al verano de 2017, nada más contratarse los trabajos y obligó a la Administración a ponerse firme para que entraran las máquinas. De hecho, el entonces consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, reconoció en las Cortes que estaban «negociando» con la UTE porque, dijo, «lógicamente quiere bajar el coste de la obra, ¿verdad?, y nosotros tenemos la obligación de defender el dinero de todos los aragoneses y conseguir que la oferta que ellos hicieron sea la que se lleve».
La situación ha tenido su consecuencia, que no es otra que una demora sustancial en el futuro centro sanitario de referencia para el Bajo Aragón. Las dos empresas contratistas no llegaron a certificar ni un solo euro de obra en 2017 porque la partida presupuestaria sufrió un severo recorte, de 11,5 a 2,3 millones, y no empezaron a trabajar hasta bien entrado el invierno.
Las máquinas empezaron realmente a trabajar en 2018 gracias a la dotación de 9,4 millones, de los que se recortaron 4,48 y se acabaron gastando 3,9, un 41,6% del presupuesto inicial. Al cierre del mes de septiembre, la certificación de obra se limita a 5,4 millones, de los cuales 1,5 corresponde a este ejercicio pese a disponer de una partida de 12,4. Es decir, las obras no avanzan pese a que la programación plurianual establecía que a estas alturas se deberían haber invertido más de 23 millones. Dicho en porcentaje, se ha ejecutado el 10% cuando se tendría que haber ejecutado el 40%.
La DGA que no den ni un euro mas de lo que está presentando estás empresas grandes siempre hacen lo mismo presupuestan a la baja y luego piden más
Todo tiene su precio, margen arriba, margen abajo.
Cuando alguien presenta una oferta por una obra de esta envergadura y lo hace con un 28,8% por debajo de la oferta más económica hay que pensar que algo no saldrá bien.
Hay ofertas que de por sí deberían rechazarse simplemente por sentido común.
Que políticos dieron por buena esa oferta??
Que ganaron con ello??