Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y las actuaciones del INAGA al respecto avanza con las comparecencias de numerosos expertos, cargos administrativos y miembros de la sociedad civil. En la jornada del viernes José María Giral, exdirector de Gabinete del presidente del Gobierno autonómico de Javier Lambán, defendió la gestión del gobierno en las dos anteriores legislaturas aunque reconoció que la comunidad autónoma no estaba preparada para el «aluvión» de proyectos a gestionar. Grial defendió el trabajo del Ejecutivo para convertir a Aragón en una potencia en energía verde.
Giral señaló que en 2015, cuando llega Lambán a la presidencia, tuvieron que reordenar todo el sector energético, porque que estaba paralizado y con causas judiciales. «Pusimos orden normativo a un panorama que estaba muy judicializado y a partir de ahí hubo un incremento exponencial de los expedientes y proyectos. Lógicamente la estructura orgánica del proyecto no estaba preparada para semejante nivel de actividad», recalcó. Este instó a los partidos políticos a pactar la planificación.
Por su parte, el jefe de servicio de Gestión Energética de la DGA, Eduardo Pérez, negó presiones a preguntas de VOX en cuanto a la tramitación de proyectos y explicó que las medidas urgentes de 2018 para la transición energética ampliaron la capacidad y, con ello, la avalancha de proyectos.
En la sesión, que se alargó más de seis horas, también comparecieron ambientalistas que dieron una visión muy crítica sobre la situación y volvieron a reivindicar la necesidad de aplicar una moratoria. El catedrático en Geología de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón, Premio Aragón de medio ambiente en 2022 dijo que no se planificó bien el despliegue y por eso considera necesaria esa moratoria. «En el despliegue de renovables en los proyectos y en los estudios de impacto ambiental falta rigor técnico», remarcó, insistiendo en las «graves afecciones al patrimonio geológico, entre otras». Simón se mostró tajante respecto a la labor del INAGA y dijo que hubo «falta de planificación e incluso falta de respeto y de consideración hacia los instrumentos de planificación, que ya de hecho existen».
Por su parte, otro de los comparecientes, Juan Antonio Gil, de la Fundación Quebrantahuesos, apuntó que la superficie afectada por las renovables alcanza el 14% y aludió a la elevada mortalidad de la avifauna por los aerogeneradores.
Las sesión siguió este lunes por la tarde con más intervinientes entre ellos el experto en mercados energéticos, José María Yusta, el alcalde de La Zoma y un ganadero de Mosqueruela.
