La falta de vivienda de alquiler en condiciones para entrar a vivir en los pueblos al fin se encuentra en la agenda política autonómica y nacional pero sigue sin ser suficiente. Faltan casas y las que llegan a las inmobiliarias o portales web son viejas y necesitan una inversión importante para actualizarlas que los dueños no están dispuestos a acometer. Por eso son los ayuntamientos los que están emprendiendo la rehabilitación de vivienda, especialmente en los municipios más pequeños, pero las ayudas que les llegan de las administraciones superiores no son suficientes. Deben asumir gran parte de la obra, lo que hipoteca el exiguo presupuesto municipal de los pequeños pueblos.
Muchos de ellos ya se están beneficiando de una de las dos primeras convocatorias del Plan 700, destinado a las localidades aragonesas de menos de 3.000 habitantes . Agradecen la apuesta pero demandan que la cuantía sea superior. Tanto para que no haya pueblos que se queden fuera como para que abarque un mayor porcentaje de la obras. Si no es así, las oportunidades para que los pueblos mantengan población o crezcan son menores y se hipoteca a consistorios que tienen poca disponibilidad económica. El Plan 700 es uno de los cinco programas autonómicos incluidos en el Plan Aragón Más Vivienda que tienen como finalidad la rehabilitación de los cascos urbanos con vivienda pública destinada al alquiler asequible. En total, el programa autonómico contempla una inversión de 52,5 millones de euros en seis años, con el propósito de rehabilitar alrededor de 800 viviendas públicas en los 700 municipios más pequeños de Aragón.
En la primera convocatoria, dotada de 10 millones, entraron 14 localidades bajoaragonesas de un total de 73 que están con los trámites previos al inicio de las obras y en la segunda, publicada hace un mes, 24. La Puebla de Híjar fue uno de los primeros que recibió una partida mayor, 330.000 euros; y ya tiene en redacción el proyecto de obra para construir de cero un edificio de seis viviendas delante del centro médico. Serán pisos grandes de dos o tres habitaciones con garaje y trastero que se unen a los tres apartamentos que ya se han edificado en la plaza del Ayuntamiento. Su alcalde, Pedro Bello, recalca la importancia de las ayudas pero destaca que estos proyectos serían inasumibles sin la entrada de dinero de las renovables a las arcas municipales. El nuevo edificio de seis pisos tiene un presupuesto de 1,1 millones de los que la mitad, 570.000 euros, son de ayudas públicas (330.000 euros del Plan 700 y el resto de otra iniciativa anterior de DGA); y el de la plaza ha costado 440.000 euros de los que han recibido ayudas por valor de 110.000 euros, una cuarta parte. Estos apartamentos ya están terminados y ahora el Ayuntamiento está pendiente de la llegada de alguna subvención para equiparlos con mobiliario y electrodomésticos, para lo que calcula que necesitará de 25.000 a 30.000 euros en total.
«Si no fuera por la inyección de esos impuestos sería imposible, los porcentajes de ayudas son muy pequeños. Para la rehabilitación se recibe más pero está más pensada para los pueblos más pequeños, es difícil entrar. También nuestro planteamiento es renovar el parque de vivienda apostando por la obra nueva, lo que también tiene un plus positivo de mostrar que La Puebla avanza», reflexiona el alcalde.
Bello también destaca que todas estas obras también han incentivado a los vecinos a sacar sus casas al alquiler, un mercado en el que considera que se ha producido un «boom» respecto a hace una década. «Costó mucho porque la mayoría de casas viejas son irrecuperables pero el mercado está dando un salto con mucha compra-venta y más dedicación al alquiler con mejores condiciones. No obstante, sigue sin ser suficiente para seguir creciendo. Las empresas necesitan ubicar a su personal y a eso se le unen las renovables, aunque sus necesidades son más temporales», detalla.
El otro municipio bajoaragonés que recibió la cantidad más alta es la primera convocatoria es Chiprana, con otros 330.000 euros también para un bloque nuevo con nueve viviendas con garaje y trastero. En este caso será con opción a compra porque, tal y como explica el alcalde, Javier Nicolás, el objetivo es dar una opción de futuro a los jóvenes chipranescos que quieren quedarse en su pueblo.
Sin iniciativa privada que construya y sin solares ni viviendas en condiciones en el mercado, es el Ayuntamiento el que ha querido tomar cartas en el asunto. «Hay poca oferta. Quien tiene una vivienda la emplea para ofrecer casa a los temporeros durante la campaña», explica el primer edil.
El Ayuntamiento ya tiene el proyecto de obra para poder avanzar próximamente en la licitación de la construcción del bloque en el número 5 de la calle Enseñanza. En su caso recibieron los 330.000 euros de ayuda de DGA para seis pisos pero van a edificar tres más por la alta demanda de vivienda de alquiler. El Consistorio abrió una primera preinscripción para conocer el número de interesados y se apuntaron más de una decena de personas a las que después se han ido sumando otras más.
En esa primera convocatoria también se aceptó el proyecto de Urrea de Gaén para habilitar dos pisos de alquiler en las plazas superiores de la Casa Consistorial. En esa primera convocatoria también se aceptó el proyecto de Urrea de Gaén para habilitar dos pisos de alquiler en un edificio contiguo a la Casa Consistorial. Recibió una partida de 120.000 euros a la que finalmente renunció porque después obtuvo 274.866,19 euros del Instituto de Transición Justa con los que cubría el 100% del proyecto. Con esta partida comenzarán en septiembre las obras, que también incluirán un ascensor que compartirán los pisos y el Ayuntamiento.
Su alcaldesa, Silvia Blasco, indica que el proyecto comienza con estas dos viviendas pero reconoce que a futuro se tendrán que plantear que siga creciendo. «Tenemos viviendas que se podrían alquilar pero necesitan una rehabilitación costosa que una pareja joven no puede permitirse. Calefacción, aislamiento… hay que adaptarlas», precisa Blasco. Urrea está inmerso también en el programa Rehabitando, que con una subvención del Instituto de la Transición Justa está realizando un estudio de las viviendas disponibles y prestando asesoramiento a los vecinos de las ayudas a las que se pueden acoger.
La segunda convocatoria del Programa 700 destina otros 10 millones de euros a la rehabilitación de 171 viviendas en 94 pueblos. En Valdealgorfa se han recibido 231.000 euros para cuatro apartamentos de dos o una habitación que superarán el medio millón de euros de coste total. Su alcaldesa, Reyes Gimeno, reconoce que estas ayudas son una herramienta «muy positiva» pero reconoce que resultan «insuficientes». «Los pueblos tenemos un problema de fondo que son la gran cantidad de viviendas que tenemos con importantes daños estructurales y que, a la larga, vamos a tener que ser los ayuntamientos los que, de una forma u otra, vamos a tener que asumir su mantenimiento. Pedimos más sensibilidad con los cascos viejos de los pueblos, su situación es muy preocupante», explica Gimeno. De hecho, estas cuatro viviendas se construirán en una antigua casa en forma de L que una vecina donó al Consistorio, que previamente se ha tenido que hacer cargo de la demolición de la antigua edificación.
Además, otro problema es que el importe que reciben no es suficiente para la obra y, en su caso, tienen que recurrir a la ayuda de los bancos para afrontar más de la mitad del proyecto.
Al igual que ya han citado sus homólogos, el destino de estos pisos es el mismo: «poner un granito de arena para que la falta de vivienda no sea un impedimento para que los jóvenes se queden en su pueblo»: «que no se marchen a vivir a pueblos cercanos más grandes nos da mucha riqueza y vida». Por ello, en Valdealgorfa van a intentar optar a nuevas ayudas. La más cercana, acogerse a un programa de la Diputación de Teruel para rehabilitación de viviendas con fines sociales para una casa que se está cayendo justo al lado de donde se levantarán los apartamentos.
Otras cuatro viviendas de alquiler asequible se construirán en La Fresneda con una ayuda de 252.000 euros del Plan 700. No es la única inversión, ya que también se levantarán ocho pisos para trabajadores del sector turístico dentro de otra vertiente del proyecto global de DGA, el llamado ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’. El ejecutivo autonómico les exige a los ayuntamientos previamente que tengan los terrenos en propiedad, por lo que en este caso el Ayuntamiento ha tenido que acometer una importante inversión pidiendo un crédito para adquirir el suelo. «Si tuviéramos pisos de alquiler asequible es fácil que se quedaran cinco o seis familias», apunta el alcalde.
En La Codoñera su Ayuntamiento va a edificar seis viviendas de obra nueva de las que cuatro entran en el plan y las otras dos quedarán pendientes a falta de nuevas subvenciones. El proyecto asciende a los 700.000 euros, una cantidad que prevén que ascienda al actualizar precios y la ayuda es de un tercio, 252.000 euros. «En pueblos como La Codoñera dependemos de subvenciones para acometer estos proyectos. Aunque aportemos de fondos propios, siempre será una cantidad mínima hablando de estas cifras», apunta la alcaldesa, Elena Bosque, quien reconoce que los vecinos le van preguntando cuándo terminarán las viviendas y que contemos con ellos.
Para el alcalde de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, la vivienda es la principal de su municipio. Asegura que ha aumentado la oferta de empleo en la zona con la reapertura de la hospedería y desde hace un año «afortunadamente» ha aumentado el interés por residir en la localidad, donde se van a rehabilitar tres viviendas con 252.000 euros. «Infinidad de personas me han preguntado por casas para comprar o alquilar, pero el problema es el mismo para todos, rehabilitar es muy caro. Lo mejor manera es con las personas con raíces en La Iglesuela, que confían en el municipio y quieren volver. Ya no digo crecer, pero sí mantenernos con personas que confían en el municipio, creo que es la mejor manera, la apuesta de hacer vivienda para que la gente vuelva al pueblo, no digo crecer, pero mantener nuestros municipios en el medio rural», afirma Safont. Estas tres viviendas no serán las primeras. El Ayuntamiento ya tiene tres alquiladas y está restaurando otra más con una subvención para fines sociales. «Necesitamos que sigan este tipo de planes porque la vivienda es la necesidad más grande, tanto para retener y recibir vecinos como para mejorar nuestras localidades».
Por último, dos viviendas se terminarán y pondrán en funcionamiento en Belmonte de San José con 126.000 del Plan 700 después de levantarlas con varias fases. En la pequeña localidad del Bajo Aragón todas las casas que salen a la venta se compran con rapidez pero, como destaca el alcalde, Alberto Bayod, también se necesita un parque de vivienda público para cubrir otras necesidades: «Las segundas residencias no se ocupan todo el año pero esas viviendas que estamos construyendo vendrían a fomentar que se asiente población de forma permanente, que siempre es lo más difícil».
Existe un grave problema de acceso a la vivienda para las pocas personas que decidimos ir a vivir a un pueblo. El discurso va por un lado y por otro va la realidad. Por un lado la gente de los pueblos reclama servicios, evitar la despoblación y que se instalen empresas pero cuando va gente a vivir o empresas a instalarse resulta que en pueblos como Andorra, que llegó a tener más de 10.000 habitantes, no hay oferta de vivienda de alquiler.
Es evidente que existen viviendas vacías, en mayor proporción que en las ciudades, que no salen al mercado. No están en manos de malvados fondos buitres especuladores sino de gente del pueblo que no tiene necesidad ni voluntad de alquilarlas y mucho menos de invertir en ellas para que resulten atractivas.
La vivienda pública no va a solucionar el problema si la mentalidad de los habitantes de los pueblos no se abre y ve la oportunidad de rentabilizar sus viviendas vacías aumentando la población y a la vez manteniendo los servicios que la población utiliza.
Unos artistas estos de DGA eh?
Hay un grupo importante que podría llevar vida a los pueblos y para el que no se ofrecen soluciones. Me refiero a los que tienen casa en el pueblo, pero no están empadronados en él. Se trata de personas que conservan la casa familiar, a la que acuden esporádicamente, pero que por distintas razones no les resulta fácil reestablecerse en ella.
Una razón frecuente es que los dueños de esas viviendas tienen a sus hijos y nietos establecidos fuera del pueblo, y regresar al pueblo equivale a alejarse de su familia. Otra razón de peso es que los mayores, ya jubilados, son muy dependientes de los servicios médicos o de asistencia a domicilio. Pienso en el famoso “botón rojo” que presta ayuda urgente a los que cuentan con él.
Pero probablemente, en la práctica, el regreso al pueblo obliga a obras de mantenimiento o de reacondicionamiento de la vivienda familiar, para las que los ayuntamientos y las autoridades no conceden ayudas. Mucho podrían crecer los habitantes de los pueblos, si hubiera planes y ayudas para los que se jubilan y no vuelven. No debiera ser el empadronamiento la condición que los aleja. Una persona necesita conservar una dirección cercana a donde tiene sus médicos y sus tratamientos, y si se empadrona en su pueblo afronta el riesgo de perder esos derechos.
No creo que fuera tan difícil considerar un doble empadronamiento a estas personas. Solo hay un acto que requiere elegir un solo empadronamiento, y es el del derecho de voto. Una persona con dos empadronamientos podría decidir en cual de sus residencias quiere votar. Es la falta de voluntad y de imaginación la que frena la recuperación de la población en muchos pueblos.
La ayuda tendría que ir para el que tiene o se quiere comprar una casa en el pueblo y la quiere rehabilitar para vivienda, no para los ayuntamientos.
Todo es mejorable , pero lo que ocurre en Alcañiz con el Arru , es una» auténtica chapuza «