La cuenca minera ya analiza el borrador del Plan de Transición Justa

El anunciado Convenio de Transición Justa para Aragón ha avanzado en los últimos meses pese a trabajar con un gobierno en funciones. Varios agentes de la cuenca minera turolense llevan analizando varias semanas el primer borrador, que contempla un diagnóstico de los 11 pueblos afectados (Alacón, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo, Oliete, Alcorisa y Foz-Calanda) por el cierre de las minas y la Central Térmica y al que ya se han aportado algunas observaciones.

El borrador, al que ha tenido acceso La COMARCA, no recoge medidas concretas pero sí cita las grandes oportunidades de desarrollo económico del territorio como son, por ejemplo, el turismo y el sector agroalimentario.

En total, son 62 las administraciones y agentes sociales y económicos implicados en el proceso participativo por el que se espera cerrar el Convenio, aunque tan solo una pequeña parte recibió este primer borrador. Un documento de alrededor de 90 páginas dividido, por un lado, en la «caracterización y diagnóstico» de las localidades mineras y, por otro, en un informe de los planes que se han desarrollado hasta ahora y las ayudas con las que cuenta la zona. También se incluye un cuestionario de 20 folios que los agentes deben responder a preguntas concretas.

Actualmente, el Ministerio está ya elaborando el informe preliminar del proceso de participación pública. Un documento que se analizará a finales de enero o, como tarde principios de febrero, en una jornada técnica en Andorra en la que participarán los agentes involucrados y los técnicos de Tragsatec, la sociedad pública encargada de elaborar la documentación.

Al informe que se analizará en unas semanas en la Villa Minera se ha llegado a través de un proceso de participación pública que comenzó a finales de octubre con una macroreunión en Zaragoza presidida por la ministra en funciones Teresa Ribera.

Sin concreciones

El borrador no cuenta con mucha concreción y las conclusiones ya son conocidas, como los problemas de despoblación y falta de infraestructuras. El documento se encarga primero de analizar la situación, su evolución en las últimas dos décadas y las oportunidades de futuro. Sí avanza en establecer números concretos a la pérdida de habitantes y de puestos de trabajo.

Estima que el número de empleos perdidos como consecuencia del cierre de minas y del próximo cerrojazo a la Central será de cómo mínimo 430 personas aunque no se cuenta con datos de las subcontratas de Endesa. 255 son empleados propios de las empresas (144 de la Central, 99 de las minas de Ariño y Foz-Calanda, y 12 de Estercuel) y 175 de las subcontratas de las minas. A ello habría que añadir los empleados de proveedores y contratistas de la Térmica, de los que no se cuenta con datos pero sí que suponen un valor de 3,2 millones de euros en un total de 38 subcontratas.

El proceso de participación pública deberá terminar, según el cronograma de trabajo incluido en el borrador a finales del próximo mes. Como tarde el 21 de febrero los agentes deberán recibir el informe final del proceso por parte de los técnicos de Tragsatec a partir de las propuestas del territorio.

La zona de actuación del convenio de Aragón suma un total de 11 municipios. Los 9 de la Sierra de Arcos, Foz-Calanda (con minas) y Alcorisa. Se incluye éste último porque, según dice el borrador, «además de tener una tradición minera reciente se constituye como un municipio clave para dar continuidad geográfica a la zona».

Fortalezas y debilidades

En el borrador se ha realizado el conocido como análisis DAFO que estudia las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las citadas localidades (imagen adjunta). Un diagnóstico preliminar que se ha realizado en base a estadísticas oficiales y deberá complementarse ahora con las aportaciones de los agentes sociales, económicos y ambientales del territorio, que incorporarán otros elementos importantes que no suelen estar reflejados en las estadísticas por la dificultad de recabar datos al respecto.

Del análisis de datos de población, empleo, actividad económica, productividad y tejido empresarial, el informe deduce que los municipios, además de enfrentarse al cierre de la Central Térmica y al fin de la actividad de las explotaciones mineras de Ariño, Foz-Calanda y Estercuel, arrastran una problemática importante, «típica del medio rural». Radica principalmente en el despoblamiento progresivo y el envejecimiento de la población.

Se trata de una zona en la que el sector servicios predomina sobre el resto seguido por la industria. Por esta razón, el borrador entiende que la reactivación económica en estos municipios podría pasar por la potenciación del turismo al existir un patrimonio cultural y paisajístico importante en la zona, y de la actividad industrial en la zona.

Como oportunidades, se entiende la revitalización del turismo tras la reparación ambiental y paisajística de las zonas mineras, la reconversión industrial en el sector de las energías renovables y sostenibles, la existencia de fuentes de financiación externas (ayudas autonómicas, nacionales y europeas), el mantenimiento del acceso a la red eléctrica y el recurso hídrico.

En cuanto a las fortalezas, identifica también la importancia del sector servicios en la zona, un valor añadido bruto per cápita de la comarca Andorra-Sierra de Arcos superior al provincial y al autonómico, una renta disponible bruta per cápita superior a la de Teruel, marcas de calidad agroalimentaria (DOP e IGP), grupos de acción local (ADIBAMA y OMEZYMA) que pueden actuar como agentes dinamizadores y la existencia de empresas locales solventes y ampliamente diversificadas con interés en llevar a cabo nuevos proyectos compatibles con la transición justa como por ejemplo las renovables.

Por contra, entre las debilidades y amenazas destaca la pérdida y el envejecimiento de la población, la proximidad con núcleos más grandes y diversificados que pueden acentuar la pérdida de habitantes, falta de dinamismo demográfico o escasez de infraestructuras, entre otros.