El pleno de la Diputación de Teruel celebrado este miércoles ha aprobado una Declaración Institucional que insta al Gobierno de España a la "inmediata puesta en marcha" de las ayudas al funcionamiento de las empresas para la provincia de Teruel, Soria y Cuenca. Esta iniciativa ha nacido de dos mociones presentadas por el PP y Ciudadanos. Los portavoces de los grupos provinciales han incidido en la importancia de estas ayudas para las empresas turolenses, que suponen bonificaciones del 20% a los costes laborales, y otras que pudieran implantarse en la provincia. Se trata del segundo texto de estas características ratificado por la institución provincial.
El portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, ha destacados que no se está en la "mejor situación" en cuanto al contexto que rodea a las empresas y que no se puede seguir "jugando al despiste". "Estas ayudas son urgentes y tienen que ponerse en marcha lo antes posible", ha incidido. Por su parte el portavoz del Partido Popular, Carlos Boné, ha indicado que la situación de crisis "se agrava más" y que estas medidas servirían para generar oportunidades de empleo. En ese sentido, ha recalcado que si el PSOE está de acuerdo en la puesta en marcha urgente de las ayudas al funcionamiento que "aprovechen la situación" y que "no hagan de esta petición de la provincia una simple declaración institucional para evitar el debate". "Hablen con su partido en Madrid y presionen para que se convierta en una realidad", ha insistido.
El portavoz del PAR y vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, no solo ha aludido a los responsables del Gobierno Central, sino también a los que no están en el Ejecutivo. "En la provincia de Teruel hay diputados en Madrid que están representando a sus formaciones políticas. Se me ocurren algunos que presumen de palanca y yo sigo esperando que la utilicen", ha enfatizado. El presidente de la Diputación de Teruel y portavoz del grupo socialista, Manuel Rando, ha destacado a su vez que Teruel, Cuenca y Soria "no tienen que pedir perdón a nadie", puesto que son las tres únicas provincias que "reúnen los requisitos necesarios", para beneficiarse de estas ayudas.
En los últimos meses la aplicación efectiva de las bonificaciones a los costes laborales para las empresas en provincias con baja densidad poblacional se convirtió en un arma arrojadiza entre Gobierno y oposición, tanto a nivel nacional como regional y provincial. Más allá del debate político, es el Gobierno Central el que debe decidir su modalidad de aplicación y hacerlas efectivas. Con este paso, las empresas de Cuenca, Soria y Teruel -las tres provincias españolas con densidades de población inferiores a los 12,5 hab/km2-, se equipararían a las regiones más despobladas de Suecia, Finlandia y Noruega, pudiendo beneficiarse de ayudas de estado equivalentes a un 20% de los costes laborales.
En el pleno del Parlamento autonómico de la pasada semana la Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, incidió que las ayudas al funcionamiento de las empresas a están «a punto de ser una realidad», pero sin concretar fechas. A su vez Chunta Aragonesista anunciaba la presentación a nivel nacional de una iniciativa en el Senado a través de Carles Mulet, senador de Compromís, para reclamar al Gobierno de España que concrete los plazos para la puesta en marcha de las ayudas, aprobadas ya por Europa y reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado 2022.
Protección de datos
Entre otros puntos del orden del día, la Diputación de Teruel ha aprobado el convenio por el que prestará apoyo a los municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia para la prestación de las funciones de delegado de protección de datos, a lo que está previsto destinar el próximo año 180.000 euros.
El convenio marco aprobado hoy para apoyar a 233 municipios y la entidad local menor para la prestación de las funciones de delegado de protección de datos contempla la formalización de un contrato de servicios para contratar estas funciones. La figura se adscribe al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y servirá tanto para la protección de datos de las personas físicas como para el interés general local.
De esta manera, se permite a los entes locales cumplir las obligaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) "apoyando a los pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes que de otra forma no podrían hacer frente a esta situación", ha señalado el presidente de la DPT Manuel Rando. Los municipios pequeños siempre tienen más dificultad y esta iniciativa "va a facilitar la ayuda a los pequeños ayuntamientos, que es lo que hemos intentado hacer en esta legislatura" ha remarcado el vicepresidente de la institución Alberto Izquierdo, de manera que se reduzcan los trámites que tienen que hacer las entidades locales.
El pleno ha dado el visto bueno al texto y el siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para que las entidades locales puedan adherirse y ejecutar esta encomienda, con una partida de 180.000 euros, a lo largo del año 2023.
Proceso funcionarios interinos
La Diputación de Teruel avanza en el proceso de estabilización de empleo del personal funcionario interino en el marco de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y ha aprobado hoy una serie de dictámenes que suponen la integración en la plantilla de tres agentes de desarrollo local, un auxiliar administrativo y dos administrativos.
"A esta integración hay que sumar la nueva incorporación de una asistenta social y del recaudador de gestión tributaria", ha dicho Rando recordando que, además, están en fase de oposición 7 plazas de auxiliares administrativos, 5 de técnico de administración general y 3 de técnico de administración especial. "Estamos construyendo una plantilla moderna y adaptada a las necesidades que requiere una institución como esta", ha añadido el presidente apuntando también a la contratación de arquitectos técnicos para ayudar a los pueblos en sus necesidades o la figura de un viceinterventor para agilizar la fiscalización, así como la próxima creación de un departamento de servicios generales.
Programa de bonos para el comercio rural y cesión a Tragsa
En la sesión plenaria también se ha aprobado una modificación presupuestaria que, además de distintos asuntos de gestión ordinaria, contempla la ampliación del programa de bonos para el comercio rural en poblaciones menores de 501 habitantes con 40.000 euros más, por lo que en este ejercicio se habrán invertido 90.000 euros para este fin. Además, se dedican 10.000 euros para financiar bonos para estancias en el recién abierto balneario de Segura de los Baños, que se suman a los 50.000 destinados a los otros dos balnearios de la provincia.
Dentro del orden del día también se ha aprobado el convenio con el Ayuntamiento de Teruel para que la Diputación de Teruel ceda los servicios de la empresa pública Tragsa, de la que la institución provincial es accionista, de manera que esta empresa pública ejecute las obras de reparación del Puente de la Equivocación. Esta colaboración se ha iniciado a petición del Ayuntamiento de Teruel, después de que se hayan realizado tres licitaciones de contratación y dos adjudicaciones infructuosas de las obras, entre los años 2017 y 2021.
