El magistrado del Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número dos de Teruel, Jorge Oswaldo Cañadas, ha dictado un auto en el que deniega la reapertura de la investigación por el accidente aéreo ocurrido en Villastar en marzo de 2011, cuando seis brigadistas forestales murieron y otro resultó gravemente herido al estrellarse contra el suelo el helicóptero con el que se dirigían a apagar un incendio.
Cañadas señala en el auto que su juzgado no puede retomar las diligencias mientras esté formalmente vigente la decisión adoptada en mayo de 2015 por la Audiencia Provincial de Teruel –un órgano perteneciente a una instancia superior– de archivar el asunto.
Nuevo golpe para las familias
La resolución del juzgado instructor supone un nuevo golpe para las familias de las víctimas, quienes nunca han ocultado su indignación por el sobreseimiento del proceso. Aunque solo Rosa Gracia, viuda de uno de los fallecidos, Esteban Galve, recurrió el archivo de la causa, el resto de los afectados confiaban en la reactivación del caso con el objetivo de que fueran depuradas responsabilidades por el trágico accidente, que se originó por el fallo de una pieza del helicóptero.
El juez instructor recuerda que en 2014 acordó reabrir la causa y dirigir el procedimiento contra las personas encargadas de cumplimentar un boletín de servicio emitido por el fabricante del helicóptero. Dicho boletín ordenaba revisar un servoactuador hidráulico, la pieza que se estropeó, al haberse detectado fallos en otras similares.
No obstante, la decisión del juzgado número 2 de Teruel de reanudar las diligencias fue revocada por la Audiencia Provincial en 2015, después de que la Fiscalía solicitara el archivo al estimar que no podía delimitarse quién era el responsable penal de los hechos. La viuda de Esteban Galve acudió entonces al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en octubre de 2020 afirmó que las familias de las víctimas no tuvieron un juicio justo al no haber tenido la oportunidad de alegar contra la petición de archivo de la Fiscalía. También apeló al Tribunal Supremo, el cual rechazó revisar el caso, pero emplazó a la recurrente a pedir en el juzgado la subsanación de cualquier vulneración.
Ahora, la familia de Esteban Galve estudia recurrir la denegación del juez instructor ante la Audiencia Provincial de Teruel, que, de admitir a trámite esta petición, deberá pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de reapertura.
Los jueces magistrados y abogados enredan al ciudadano en una maraña de procesos leyes y reglamentos cuando lo que deberían hacer es justicia.
Ánimo a esas familias.
No entiendo el Reglamento .