Los casi 500 alumnos del Centro Público de Educación de Personas Adultas Río Guadalope denuncian que no saben dónde y cuándo van comenzar las clases del curso 2026/27. La situación se arrastra desde finales del curso pasado, cuando un incendio en la parte superior del edificio en la calle Pilar Narvión, obligó a trasladar las clases a las aulas del recinto ferial. Sin embargo desde el Ayuntamiento sostienen que las clases comenzarán en este mismo espacio hasta encontrar un lugar alternativo para el centro.
El propio alumnado ha presentado una instancia ante el Ayuntamiento reclamando una ubicación adecuada y segura. En el escrito también advierte de que el edificio utilizado durante los últimos catorce años no cuenta con autorización escrita para su uso y no reúne las condiciones necesarias de seguridad laboral y educativa.
No es la primera vez que el centro denuncia que las instalaciones se quedan pequeñas para la gran cantidad de alumnos que hay matriculados. El Ayuntamiento defiende que se está trabajando en poder trasladar la Escuela de Adulto a edificios que ahora han quedado desocupados como el antiguo Hospital o el Centro de Salud, pero ambos «son propiedad de otras administraciones».
Respuesta de Izquierda Unida
Mientras tanto, Izquierda Unida ha criticado en una nota de prensa la situación y ha asegurado que resulta difícilmente justificable que el Gobierno municipal haya dejado pasar todo el verano sin encontrar y acondicionar una alternativa.
El Ayuntamiento conocía la situación desde finales del curso pasado y ha tenido meses para estudiar los espacios disponibles y preparar una solución antes del comienzo de las clases”, ha señalado la portavoz de Izquierda Unida-Ganar Alcañiz, María Milián.
Izquierda Unida Alcañiz ha reivindicado además el papel de la educación pública de personas adultas como un servicio esencial para garantizar oportunidades a lo largo de toda la vida. La Escuela de Adultos permite obtener titulaciones, ampliar conocimientos y competencias, mejorar las posibilidades de acceso al empleo y favorecer la participación social y cultural de personas con edades, trayectorias y circunstancias muy diferentes.
“No podemos permitir que la educación de personas adultas sea tratada como un servicio secundario. Defender la educación pública significa garantizar espacios dignos, seguros y adecuados también para quienes deciden volver a estudiar, completar su formación o mejorar sus oportunidades laborales”, ha subrayado Milián.
