El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha remitido formalmente, con fecha de 1 de octubre, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un documento que recoge las alegaciones y propuestas de Aragón para la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027.
Desde el Departamento han explicado que no se apoya una propuesta que mantiene el modelo de PAC vigente y que, por ello, imposibilita la reforma en profundidad sin la que "resulta imposible ofrecer soluciones a la agricultura familiar y profesional de la que depende, a su vez y en gran medida, la economía y demografía de nuestro mundo rural más despoblado".
En el documento se indica que "no es aceptable que las zonas con más limitaciones productivas, como son los sécanos áridos, sigan teniendo los pagos por hectárea más bajos". Tampoco se está de acuerdo en relación a la profesionalidad, "que viene siendo una exigencia en la ayuda a los jóvenes que se incorporan, se vea penalizada en la aplicación de las ayudas, cuando deberían tener preferencia. No es admisible que, por efecto de los derechos históricos, sigan cobrando más quienes no tienen ganado mientras quienes si lo tienen no cobran lo suficiente, sobre todo en el caso del ovino, ni que se cobre por lo que se hacía y ya no se hace".
El Departamento también considera que "no es justificable establecer excepciones a las condiciones de agricultor activo", de modo que todos aquéllos que perciban menos de 5.000 euros al año (el 58% de los perceptores actuales de la PAC) no tengan ninguna condición que cumplir, y que ello obligue a darles acceso a la ayuda redistributiva. El requisito del 25% de ingresos agrarios sobre totales, equivale a un porcentaje sobre la renta del solicitante mucho menor (la renta es muy inferior al ingreso bruto, y se permite incluir como ingreso agrario las ayudas), con lo que los agricultores pluriactivos cumplirían con este requisito. "No puede considerarse pluriactivo a quien ejerce una actividad agraria no significativa en relación con el resto de actividades", añaden.
Las alegaciones presentadas también ahondan en la necesidad del apoyo a la renta y redistribución de la ayuda directa en favor de los profesionales en el marco del modelo familiar, que cobra mayor relevancia si cabe con los nuevos ecoesquemas que, si bien esta administración los apoya en sus objetivos ambientales, supondrán un coste adicional para los agricultores que resulta imperativo compensar con un sistema de apoyo a la las rentas más justo y eficaz.
Además, puesto que la actual conformación de las regiones del régimen de pago básico, así como la propuesta para el periodo 2023-2027, tienen su base en los importes por hectárea que derivan de la reforma de la PAC de 1992, "unas condiciones que ni se mantienen ni se corresponden con los retos actuales y que tan solo generan desequilibrios y agravios sociales y territoriales, injustos e injustificables".
Igualmente se llama la atención al Ministerio sobre la fragilidad de la ganadería extensiva de ovino de carne en Aragón, cuyo censo viene reduciéndose gravemente. En concreto, se incide en la insuficiencia de la ayuda vigente y en que la ayuda por hectárea aplicada a los pastos resulta completamente incoherente con la estructura del propio sector habiéndose traducido, además, en un artificio de muy difícil gestión.
También se muestra el desacuerdo ante el hecho de que las medidas de agroambiente y clima, así como de agricultura ecológica, sigan sin focalizarse en los profesionales tal y como viene ocurriendo hasta ahora.
En coherencia con la Posición común acordada desde Aragón e insistiendo en lo ya formulado de forma reiterada durante estos años, en el documento enviado el viernes pasado se propone al Ministerio:
1) Eliminar el sistema de derechos individuales y de referencias históricas como requisito imprescindible para lograr una de distribución de la ayuda más justa y eficaz, avanzar en el propósito de simplificación administrativa, evitar la especulación, garantizar el acceso de los jóvenes y mujeres a la ayuda y corregir las anomalías y agravios sociales y territoriales de los que adolece el sistema vigente.
2) Definir agricultor activo en función de su inclusión en la seguridad social agraria o de que sus ingresos agrarios representen al menos el 25% de sus ingresos totales, eliminando la posibilidad de ser beneficiario de la PAC por percibir menos de 5.000 € de la misma.
3) Reducir el número de regiones propuesto (20) con el propósito de minimizar las diferencias en los pagos por hectárea relativos a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y a la ayuda redistributiva, entendiendo que las zonas menos productivas son las que necesitan más apoyo.
o Justificar el importe asignado por hectáreas a cada una de las regiones conforme a criterios objetivos relacionados con su estructura productiva y sus condiciones agroclimáticas, y no en función de importes históricos, de modo que no haya diferencias entre explotaciones agrarias con condiciones equivalentes y que dichos importes relativos a las diferentes orientaciones productivas resulten coherentes con la insuficiencia de renta de los beneficiarios y de rentabilidad de las producciones.
o Garantizar que el importe mínimo de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, incluyendo la ayuda redistributiva, cubra la pérdida de 123 €/ha reconocida estadísticamente para los secanos áridos españoles.
4) Aplicar la ayuda redistributiva en favor de quienes acrediten unos ingresos agrarios significativos en relación con sus ingresos totales.
5) Adoptar una convergencia del 100% de los valores medios regionales que finalmente se adopten para los pagos por hectárea de las ayudas directas desacopladas de modo que desaparezcan las diferencias en los importes unitarios que perciben los beneficiarios que desarrollan la misma actividad.
6) Reforzar la concentración de las ayudas asociadas en la ganadería extensiva, particularmente en el sector ovino de carne con pastoreo dirigido, garantizando a su vez que sean los ganaderos de este sistema productivo quienes sean los beneficiarios directos de alguno de los ecoesquemas que finalmente se adopten.
7) El importe total de ayudas necesarias aplicadas a las explotaciones de ovino extensivo de carne en Aragón por las diferentes vías, debe asegurar que alcance los 55,31 €/oveja, al objeto de garantizar su sostenibilidad económica.
8) Facilitar el acceso sencillo a los ecoesquemas, garantizando su contribución ambiental efectiva, así como su independencia del sistema de derechos y de regiones productivas.
9) Orientar la aplicación de las ayudas en Zonas con Limitaciones Naturales, de Agroambiente y clima y Agricultura ecológica a los agricultores profesionales, o a quienes acrediten unos ingresos agrarios significativos en relación con sus ingresos totales.
Ya esta todo pactado, nuestros representantes tanto políticos como también las organizaciones agrarias hacen comedia diciendo defender los intereses de aragon. Continuara este desastre de PAC por que así lo quieren las comunidades mas beneficiadas y dentro de aragon para que hablar, Teruel el patito feo como siempre.