La situación de interinidad de los secretarios-interventores de los ayuntamientos aragoneses preocupa al Gobierno de Aragón. De las 566 plazas existentes en todas las entidades locales aragonesas, 272 están cubiertas por funcionarios interinos, esto es, el 48% de las plazas que existen. El grado de interinidad en la provincia de Zaragoza supera el 34%, en Huesca el 45% y es en Teruel donde la tasa de interinidad resulta mayor, elevándose casi hasta el 77%.
La convocatoria de estabilización de los funcionarios interinos y su posterior asignación al primer destino corresponde al Estado, administración que no ha culminado, aseguran desde el Gobierno, el proceso para el que se estableció la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, diseñada para reducir la temporalidad en el sector público. Esta cuestión afecta a los funcionarios interinos de habilitación nacional en la administración local, en especial a los municipios rurales más pequeños. La finalización incompleta de este proceso de estabilización, donde las plazas ofertadas son menos que los interinos de larga duración existentes en todos los ayuntamientos de España, puede producir la salida de los profesionales que llevan muchos años e incluso décadas ejerciendo el oficio en los municipios, lo que dejaría a muchos pueblos sin secretario y obligaría a los ayuntamientos a pagar costosas indemnizaciones.
Para la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, el proceso de estabilización que ha seguido el Ministerio de Política Territorial «está siendo gestionado de manera ineficiente, creo que estos secretarios tendrían que haber sido ya estabilizados en el puesto de trabajo, en el puesto donde han desarrollado su labor cada día y no en el cuerpo de funcionarios». Según Sevilla, el ministerio que actualmente lidera Ángel Víctor Torres «está siguiendo un proceso inadecuado, mal gestionado, con un número de plazas manifiestamente insuficiente y desde luego mal resuelto por parte de la Administración central, entre otras cosas porque incumple los plazos de la Ley que ellos mismos aprobaron».
Para intentar dar solución al problema en los municipios aragoneses, el Ejecutivo autonómico está en proceso de creación de una bolsa de secretarios, interventores y tesoreros con carácter interino «para que los ayuntamientos aragoneses sepan que allá donde no llegue la Administración del Estado con sus funcionarios podrán llegar profesionales aragoneses que hayan superado un proceso de selección realizado desde la Dirección General de Administración Local para que, de alguna manera, nuestros ayuntamientos no se paralicen».
Con este fin, este viernes se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza una convocatoria de examen a la que se han presentado 400 aspirantes a formar parte de la bolsa de interinos de habilitados nacionales en la administración local. «Lo hacemos porque nos preocupa la escasa oferta pública que ha sacado el Estado, lo que puede suponer que muchos ayuntamientos aragoneses, especialmente los pequeños, se queden sin este personal básico en el día a día de la gestión pública municipal», ha concluido Sevilla.
Increíble el nivel político al que estamos llegando en los últimos tiempos.
No se puede aceptar que una Directora General de Administración Local diga cosas como «creo que estos secretarios tendrían que haber sido ya estabilizados en el puesto de trabajo, en el puesto donde han desarrollado su labor cada día y no en el cuerpo de funcionarios». Sabiendo que es algo que no permite la ley.
No puede decir que están creando una bolsa, dando a entender que se trata de una novedad que se han inventado ellos, cuando hace 20 años que existe esa bolsa de Secretarios.
Por último, tampoco es cierta esta frase: «La finalización incompleta de este proceso de estabilización, donde las plazas ofertadas son menos que los interinos de larga duración existentes en todos los ayuntamientos de España, puede producir la salida de los profesionales que llevan muchos años e incluso décadas ejerciendo el oficio en los municipios, lo que dejaría a muchos pueblos sin secretario y obligaría a los ayuntamientos a pagar costosas indemnizaciones.» Porque precisamente lo que generaría indemnizaciones a los ayuntamientos sería precisamente la cobertura de la plaza por un funcionario, por lo tanto no se quedarían sin Secretario.
En fin, lo dicho, el nivel político actual es el que es, y el principal problema es la falta de consecuencias por el hecho de decir mentiras de forma consciente (espero que sea así, porque si no es consciente aun seria peor) sin que exista ningún tipo de consecuencia. Ahora sale muy barato decir mentiras y eso lo saben nuestros dirigentes.
Efectivamente! Ya es hora de cumplir la normativa y jurisprudencia europeas! Que parece que solo se está para poner la mano y recibir fondos pero también hay obligaciones y no se cumplen. España es el único país de la UE que sigue sin trasponer la Directiva 1999/70/CE en el sector público, las sentencias de 22/2/24 y 13/6/24 del TJUE obligan a sancionar el abuso de temporalidad y a falta de sanción FIJEZA es la única solución y a coste cero! Además esta medida es perfectamente legal y constitucional, a pesar de lo que diga el TS, la expresidenta del TC María Emilia Casas lo avala y también Jerónimo Saavedra exministro de Función Pública, solo el interés del negocio de la oposición en el que participan sindicatos y funcionarios que en vez de trabajar están cobrando por dar cursos y preparar opositores ha impedido que se haga lo justo y correcto, nadie más se opone ya que los interinos llevan años demostrando su valía en algunos casos durante décadas y accedieron en igualdad que el resto de aspirantes. Así que basta ya de engañar y vamos a solucionarlo antes de que tengamos que pagar multas millonarias por seguir pensando que Spain is different!