DGA aplicará en enero la fiscalidad diferenciada de la Ley de Dinamización Rural

El proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural encara su recta final y sus medidas fiscales se aplicarán a partir del 1 de enero de 2023 con independencia de la fecha de entrada en vigor de la normativa. Los partidos políticos aragoneses han presentado 328 enmiendas de modificación que ya han sido analizadas por la ponencia constituida para su estudio formada por un representante de cada grupo. Ahora está pendiente que la ponencia remita su informe a la Comisión Institucional de las Cortes, donde se votará. Tras su dictamen se derivará al pleno para su último trámite, su aprobación, junto con las enmiendas que no se hayan incorporado en los trámites anteriores y que se quieran mantener hasta el final. El debate del proyecto fue en mayo pero el plazo para entregar enmiendas se prolongó cinco meses hasta mediados de octubre debido a las continuas prórrogas.

De las más de trescientas enmiendas, un tercio corresponden a Izquierda Unida; y los grupos que conforman el cuatripartito del Gobierno de Aragón también han presentado más de una treintena de propuestas de cambio. No obstante, salvo la que especifica que las deducciones en los impuestos autonómicos entrarán en vigor el 1 de enero; todas las enmiendas del ejecutivo son más cuestiones de forma que de fondo por lo que la ley no cambiará en sus principales preceptos.

A falta de conocer qué enmiendas se incorporan en la ley, según el proyecto que llegó a las Cortes, 53 municipios bajoaragoneses o sus pedanías se podrán ver beneficiados con los incentivos fiscales. De las seis comarcas bajoaragonesas, el Maestrazgo tiene a todos sus municipios incluidos salvo Cantavieja. En la de Andorra-Sierra de Arcos se ayudará a todos los pueblos a excepción de Andorra y Ariño y en el Bajo Aragón, Bajo Martín y Matarraña, aproximadamente la mitad. En el Bajo Aragón Caspe están incluidos Nonaspe y tres zonas de Caspe, entre ellas una urbanización de chalets, la de Playas de Chacón.

La próxima ley, uno de los «emblemas» de DGA en esta legislatura, contempla una «fiscalidad diferenciada» para los pueblos más pequeños de Aragón y servirá de «libro de cabecera» para aglutinar todas las medidas destinadas a asentar y atraer población al medio rural. Los beneficios se centran principalmente en deducciones de la cuota íntegra autonómica de varios impuestos: por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos (+20%), atención al grado de discapacidad de alguno de los hijos (+20%), adopciones internacionales (+20%), cuidado de personas dependientes (300 euros), adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales o análogos (7,5%), compra de libros de texto y material escolar (+20%), gastos de guardería de hijos menores de 3 años (+20%) y residencia en determinados municipios.

Además, los habitantes de las zonas consideradas como en riesgo extremo de despoblación que cumplan determinados criterios tendrán una ayuda añadida, ya que podrán deducirse 600 euros anuales de la cuota íntegra autonómica de la Renta. En este caso serán 13 los municipios bajoaragoneses beneficiados, bien toda la localidad o algunos de sus pedanías. Se trata de Crivillén; Cañada de Benatanduz; La Cuba; Miravete de la Sierra; Tronchón; Montoro de Mezquita, La Cañada de Verich; Seno; Las Parras de Castellote y su pedanía Jaganta; Fórnoles; Torre de Arcas; Jatiel; tres zonas de Caspe, Playas de Chacón, Miraflores y Zaragoceta; cuatro barrios de masías de Cantavieja (Casas de San Juan, Solana, Umbría y Vega) y ocho barrios pedáneos de Castellote: Abenfigo, Los Alagones, La Algecira, El Crespol, Dos Torres de Mercader, Ladruñán, Luco de Bordón y Las Planas.

La mayor novedad estriba en la fiscalidad diferenciada que se implanta en dos tipos de áreas a partir de la clasificación de asentamientos, un término que abarca todos núcleos poblacionales que integran los distintos municipios aragoneses. Desde las propias localidades como sus pedanías, barrios o a zonas diseminadas de casas o masías siempre que tengan un índice sintético de desarrollo territorial (ISDT) inferior a 100. Esto conlleva que, por ejemplo, se incluyan zonas de Caspe, una ciudad de más de 10.000 habitantes.

Esta clasificación podría variar ya que Ordenación del Territorio publicará anualmente los criterios de adaptación de la clasificación de las zonas rurales con el fin de mantener la coherencia y alineación con el Acuerdo de Aplicación del Mapa Regional de Ayudas del Gobierno de España, con la clasificación de las unidades territoriales estadísticas (NUTS) y con la normativa nacional de aplicación en el ámbito del reto demográfico.

Se establecen los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación, los que se benefician de las deducciones por el tercer hijo o por vivienda; y los asentamientos en riesgo extremo, los que además podrán deducirse 600 euros anuales de la cuota íntegra autonómica de la Renta.
Estas dos catalogaciones abarcan 1.026 de los 1.553 asentamientos que hay en Aragón (un 66%) y en ellos tienen fijada su residencia 70.700 aragoneses (un 5% de la población total). Por provincias, los asentamientos beneficiados por las rebajas fiscales alcanzan a 26.429 vecinos de núcleos de la provincia de Teruel, 24.875 de la provincia de Zaragoza y 19.452 de la provincia de Huesca.

Más de 300 enmiendas

Respecto a las enmiendas, PSOE, PAR, Podemos y CHA redactaron de forma conjunta 33 enmiendas de carácter técnico que no modifican en esencia la ley. Por su parte, el PSOE presentó a título individual una propuesta para aclarar, de forma favorable a los contribuyentes, que en el supuesto de tributación conjunta por un matrimonio bastará con el cumplimiento del requisito de residencia por cualquiera de los dos cónyuges. A su vez, Podemos asegura que sus enmiendas buscan fortalecer los derechos básicos como la vivienda o el empleo y la protección del medio natural; además de que la fiscalidad diferenciada sea acorde a los principios de progresividad fiscal. El PAR no ha registrado ninguna propuesta a título individual ya que sus requisitos ya se incorporaron en el proyecto de ley y tampoco CHA, que desea que la ley pueda aprobarse antes de finalizar la legislatura para que ayude cuanto antes al medio rural.
En cuanto a la oposición, el partido que más enmiendas entregó es IU. Lamentó que la ley carece de compromisos presupuestarios claros y reclamó que se garantice el acceso a los servicios públicos y se supriman los mecanismos de rebajas fiscales que no incentivan el asentamiento de población en el medio rural.

El Partido Popular registró 40 propuestas centradas en tres ámbitos: mejorar la fiscalidad diferenciada, dotar a la ley de mayor concreción a través de partidas presupuestaria «ante un texto lleno de expresiones vagas» que carece de realidades concretas, y la elaboración de informes que midan los efectos de las medidas contempladas por la ley.

Por su parte, Ciudadanos presentó 66 enmiendas para que la norma sea más concreta y que se analice anualmente además de propuestas para fomentar la actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, entre otros.

Por último, VOX enmendó el proyecto con 74 propuestas para solucionar cuestiones que no se contemplaban y corregir los aspectos que tienen un carácter superfluo. Por ejemplo, piden se aplique también a los catalogados como asentamientos rurales intermedios, con poblaciones superiores a 1.000 habitantes.

Mecanismo Rural de Garantía

La ley regula, ampara y potencia las vías de actuación en torno al medio rural, con el establecimiento de fórmulas de cooperación y coordinación y, a la vez, con la promoción de iniciativas que impulsen un desarrollo rural sostenible y eficaz. El objetivo es generar un desarrollo que consiga aumentar la presencia de centros productivos y empresariales, actividades comerciales y de servicios y que lleve a consolidar y aumentar la población en estos territorios demográficamente disminuidos así como la riqueza y el empleo según destaca el Gobierno de Aragón.

Se compone de 97 artículos, divididos en ocho títulos y agrupados en capítulos, así como de las disposiciones de la parte final, integrada por nueve disposiciones adicionales, una disposición transitoria, la disposición derogatoria única y cuatro disposiciones finales.

Tiene un carácter transversal con participación de todos los departamentos del Gobierno de Aragón y un especial tratamiento a aspectos relacionados con la mujer, los jóvenes y el ámbito social en general, la implantación de los avances tecnológicos, los aspectos medioambientales y la observación de las directrices comunitarias y de documentos globales como la Agenda 2030.

Entre las novedades está en Mecanismo Rural de Garantía, destinado a que la Administración autonómica promueva, impulse y revise de forma sistemática todas las políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico mediante la observación de la perspectiva del cambio demográfico. Este principio rector alcanzará también a las subvenciones y sus bases reguladoras, que deberán incorporar criterios de discriminación positiva para promover acciones de dinamización, desarrollo y lucha contra la despoblación en las zonas rurales, siempre que las medidas resulten compatibles con el objeto y finalidad de las ayudas.

Asimismo, se contempla además la descentralización administrativa como instrumento de dinamización del medio rural aunque sin especificar por el momento cómo se aplicará.

Se establece por ley la delimitación y zonificación de los municipios y asentamientos, lo que permitirá visualizar la realidad territorial y rural de todos los asentamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Se elaborará un Programa de Gestión Territorial de dinamización económica para el medio rural, por bloques homogéneos y comarcalizado.

La nueva normativa consolida los mecanismos de gobernanza y coordinación con las entidades locales, agentes sociales y operadores territoriales. La Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial pasa a ser el órgano político del Gobierno de Aragón encargado de velar por el cumplimiento de la ley y de las políticas de dinamización y lucha contra la despoblación.

En cuanto a la cultura emprendedora, la ley contempla la puesta en marcha, a través del Instituto Aragonés de Fomento, de una plataforma online para la prestación de servicios de información y asesoramiento integral de las iniciativas que surjan. También se prevé una Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento (Red ARCE) como instrumento para coordinar viveros empresariales, coworking o incubadoras; un Programa de Relevo Generacional para la transmisión y estabilidad de negocios intergeneracionales, o la creación de una Academia Rural Digital para la formación en el medio rural.