El Gobierno de Aragón ha anunciado la puesta en marcha de un «novedoso» plan de ayudas destinado a dar respuesta a la necesidad de vivienda vacía que tienen muchas localidades.
Con una inversión de 1,8 millones de euros, los ayuntamientos interesados podrán solicitar está subvención para añadir viviendas a su parque inmobiliario. «Además de ayudar a los consistorios, ponemos en uso las viviendas deshabitadas», ha asegurado el consejero de Territorio, Transporte y Vivienda, José Luis Soro.
La cuantía de la subvención será proporcional a la superficie útil de cada vivienda, con un máximo de 400 metros cuadrados. Y la cuantía total no podrá superar el 60% del coste de adquisición. El pago se hará con carácter previo, y tendrá carácter retroactivo, por lo que se puede solicitar para inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de este año.
La convocatoria se resolverá siguiendo unos criterios objetivos como el número de habitantes del núcleo de población-primando los municipios más pequeños-, el precio de adquisición de la vivienda, la calificación energética, si se destinan a personas mayores de 65 años o que estén adaptadas a personas con discapacidad. En el caso de los municipios de más de 5.000 habitantes se ha establecido un límite máximo de 4 viviendas para ser financiadas.
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde el sábado 2 de octubre. «Nuestro objetivo es resolver la convocatoria dentro de este año y el pago de la misma se realizará con carácter previo pero siempre condicionado a la posterior firma de la escritura de compra-venta», explicó el consejero durante la rueda de prensa.
Características de los inmuebles
Las viviendas que se adquieran por parte de los ayuntamientos deberán estar dentro de su término municipal, encontrarse en condiciones de ser ocupadas de forma inmediata y cumplir con todos los requisitos de habitabilidad exigibles: superficie útil no inferior a 55 metros cuadrados, reunir las condiciones de seguridad estructural y de habitabilidad o en condiciones de adquirirlas con las rehabilitación que se vaya a realizar. Además han de contar el suministro de energía eléctrica, agua potable y el sistema de evacuación de las aguas residuales.
Las viviendas adquiridas por el ayuntamiento han de destinarse al alquiler social o asequible por un período mínimo de 25 años. Además estos inmuebles han de estar destinados a unidades de convivencia cuyos ingresos no superen los 1.694 euros al mes. En caso de las familias numerosas o unidades con familiares con una persona con discapacidad el límite es de 2.259 euros.
El ejecutivo aragonés estima que con esta ayuda se podrán adquirir entre 30 y 40 viviendas en toda la Comunidad.
Discriminación positiva
La DGA dispone de un sistema de valoración de municipios para favorecer la discriminación positiva hacia el medio rural, con el que priorizar la llegada de subvenciones a aquellos lugares que precisan más inversión. Según el Rango de Asentamientos creado por el ejecutivo, de los 731 municipios de la Comunidad, 500 son dependientes, es decir tienen un mayor dificultad de viabilidad. «El rango no se mide solamente por el número de habitantes, también se tiene en cuenta la distancia al centro de salud o si tienen escuela», describió el director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador.
