El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha presentado junto al Director General de Carreteras, Bizén Fuster, los detalles de la licitación de la ‘Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación’ y la ‘Concesión de obras carretera A-127 pk 0+000 al pk 38+000 (Gallur-Ejea) del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación’.
Ambas licitaciones se harán públicas el próximo viernes 3 de marzo en el Perfil del Contratante. En el primer contrato se incluyen 10 lotes para adjudicar y en el segundo, la duplicación de la A-127. En estos momentos se encuentran enviados al DOUE.
Con estos contratos se prevé una inversión de 629.334.478 euros en los 11 itinerarios. Supone una actuación general en 1.769 kilómetros de la red principal autonómica. Además, durante la concesión, se estima una inversión en conservación extraordinaria de 328.318.980 euros. La longitud media de los 10 primeros itinerarios es de 177 km, el más corto es de 136 km y el más largo de 210 km. A estos itinerarios se les une la duplicación de la A-127 entre Tauste y Ejea de los Caballeros.
Tal y como ha explicado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro «acabamos de dar el paso definitivo en nuestro proyecto más estructural, ambicioso y transformador en materia de carreteras». El consejero ha señalado que «mi experiencia como consejero responsable en la legislatura anterior me demostró que no podemos solucionar el deficiente estado en el que se encuentra nuestra red solo con cargo a los Presupuestos anuales».
Se ha considerado necesario recurrir a una fórmula que permita anticipar la inversión que requiere la red, pero evitando cualquier efecto negativo en el déficit y la deuda pública. En este sentido, Aragón es pionero al proponer un modelo de contrato de concesión de obras con pago por disponibilidad. El plazo de duración de los contratos es de 25 años a contar desde la formalización del contrato. Trascurrido ese plazo, las obras revertirán a la Administración sin ningún tipo de contraprestación.
El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha destacado los principales beneficios de este Plan Extraordinario. En primer lugar, gracias a que las inversiones deben ejecutarse al principio del contrato, se logra una mejora inmediata de las carreteras sin impacto en el déficit ni en la deuda pública. Además, la mejora se realizará de manera más eficiente y rápida ya que todas las fases las desarrolla la misma empresa.
El presupuesto ordinario del departamento podrá destinarse a obras en las carreteras de la red secundaria que, de otra manera, no podrían acometerse nunca. «Continuaremos realizando la conservación desde lo público, a través de nuestras brigadas autonómicas apoyadas por las empresas de conservación, y seguiremos ejecutando obras a cargo del Presupuesto ordinario por medio del Programa Ordinario de Inversiones», ha explicado Soro.
Destaca también el impacto tan potente que el Plan Extraordinario tendrá en la dinamización de la economía aragonesa y la creación de empleo en el conjunto del territorio.
Las empresas adjudicatarias tendrán cuatro meses para redactar los proyectos constructivos desde la firma del contrato. Después, en el plazo de hasta un mes, deberán comenzar los trabajos en el itinerario con un plazo máximo de obras de 30 meses. Las concesionarias no recibirán ningún pago hasta que esas obras estén finalizadas. El pago de la concesión anual estará condicionado al estado de las carreteras, es decir, se pagará en función del cumplimiento de los indicadores de calidad y servicio.
Las ofertas se podrán presentar hasta finales de abril. La apertura del primer sobre será el 2 de mayo y el 9 de mayo la del segundo sobre. La oferta económica de cada empresa se conocerá el 2 de octubre.
Una vez adjudicados los contratos
En primer lugar, se llevará a cabo la redacción de los proyectos de construcción de las obras de primera inversión con un presupuesto de casi 630 millones de euros. El plazo para presentar el proyecto constructivo es de cuatro meses tras la firma del contrato.
Según las necesidades de cada uno de las obras iniciales pueden ser:
– Acondicionamiento integral, en tramos con anchuras de calzada o radios de curvas que presentan valores claramente insuficientes.
– Rehabilitación del firme en los casos en los que se encuentra muy deteriorado
– Renovación superficial de firme
– Instalación de sistemas de conteo de vehículos, circuitos cerrado de televisión y estaciones meteorológicas.
Las obras deben comenzar en el plazo de un mes desde la aprobación del proyecto de construcción. Y el plazo máximo para su terminación es de 30 meses.
Las empresas se encargarán también de las labores de vialidad, conservación y mantenimiento; policía de la vía; uso y defensa; seguridad vial; y, en general, todas las actuaciones destinadas a mantener la carretera en un nivel óptimo de servicio.
La concesionaria también se encarga del mantenimiento extraordinario a lo largo de la vida de la concesión, es decir, de la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de mantenimiento de mayor entidad. Con un valor estimado de 328 millones de euros.
La adjudicataria también asume financiación de todos los costes derivados de la redacción de proyectos, construcción y explotación. La retribución depende del grado de disponibilidad de la carretera y no se tiene garantizado ningún mínimo.
Respecto al mecanismo de pago «en su oferta económica, el licitador ofrece un Pago Máximo por Disponibilidad, y a esta cantidad se le aplica un sistema de deducciones (por tramos y por días) en función del incumplimiento de los estándares que determinan los denominados indicadores de calidad y servicio».
Esos indicadores son 10: vialidad invernal; conservación de taludes; gestión de incidencias; indicador independiente de seguridad; capacidad estructural del firme; superficie de rodadura; deterioros del firme; señalización; limpieza de la vía; y, por último, un indicador de carácter general relativo a la gestión integral de la explotación.
La retribución que percibe la concesionaria depende del grado de cumplimiento de esos indicadores, de forma sectorizada en distintos tramos, y en base a una unidad temporal diaria. Si se incumplen, se deducen las cantidades correspondientes de la cantidad ofertada por la concesionaria. De este modo, si en un determinado tramo físico y rango temporal se incumplen todos los indicadores, el pago puede llegar a ser cero.
El Pago Máximo por Disponibilidad ofertado no se actualizará, será constante a lo largo de la vida del contrato. «No obstante, podrá restablecerse el equilibrio económico-financiero del contrato en los casos previstos en la Ley y los pliegos», ha explicado Soro quien ha señalado que «se prevé que un mecanismo de reequilibrio en el caso de variaciones extraordinarias del coste de materiales bituminosos y los aceros».
Inversión y empleo
La Asociación Española de la Carretera, partiendo de los cálculos de las asociaciones de construcción y conservación de carreteras, afirma que, por cada millón de euros invertido en construcción, se generan 14 nuevos puestos de trabajo directos y 18 indirectos.
Tal y como ha señalado el consejero José Luis Soro, «aplicando esas previsiones, las obras de primera inversión, que ascienden a casi 630 millones de euros supondrán 8.800 empleos directos a lo largo de los dos años y medio de ejecución». Y, por su parte, las obras de conservación extraordinaria, con una inversión total de 328 millones de euros, otros 4.590 puestos de trabajo.
Además, desde que las concesionarias asuman la conservación ordinaria y hasta el final de la concesión, se crearán un total de 187 empleos directos, atendiendo a los medios personales que se exigen en los pliegos.
Una de las virtudes de las inversiones en carreteras es que le beneficio económico indirecto repercutirá a todas las comarcas aragonesas.
Algunos detalles de la licitación
Ningún licitador podrá ser adjudicatario de más de 2 lotes de los 10 que se licitan conjuntamente. El licitador que haya resultado adjudicatario deberá constituir, antes de la formalización del contrato, una sociedad anónima con domicilio en Aragón, con el objeto social exclusivo de ejecutar este contrato y con un capital social mínimo del 20% del importe de la inversión total ofertada.
El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá acreditar su solvencia económica y financiera, deberán justificar un volumen de negocios equivalente a la inversión inicial en el mejor de los tres últimos ejercicios, y su solvencia técnica o profesional, justificar tres contratos de construcción y uno de explotación de carreteras de un importe mínimo conjunto de 10 millones de euros.
Además, deberá acreditar la efectiva disposición de medios personales y materiales para la ejecución del contrato y constituir una garantía definitiva del 5% del precio ofertado.
En cuanto a la valoración de las ofertas, la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios técnicos y a criterios económicos, sobre un máximo de 100 puntos:
• La puntuación técnica será de hasta 40 puntos:
– Se valorará hasta 20 puntos la documentación de construcción (el Proyecto de Licitación; la Memoria Constructiva; el Plan de obras; y el Plan de Aseguramiento de la Calidad).
– Y hasta otros 20 puntos la documentación de explotación (el Plan de Explotación; las propuestas para la etapa transitoria; los sistemas de autoevaluación de los indicadores; y la propuesta de actuaciones en mantenimiento extraordinario).
• La puntuación económica (la valoración de criterios evaluables mediante fórmulas) será de hasta 60 puntos:
– El Pago Máximo por Disponibilidad Anual se valorará con hasta 50 puntos.
– Y el Presupuesto de ejecución por contrata hasta 10 puntos.
La puntuación máxima en ambos criterios se asignará a la mayor baja, y el resto de las ofertas se puntuarán conforme a la fórmula que se determina en el pliego.
Sobre los ingresos de las empresas «la rentabilidad que pueden obtener está limitada por el Reglamento de la Ley de Desindexación de la Economía Española (el Real Decreto 55/2017), que limita esa rentabilidad a la del Bono del Estado a 10 años más 200 puntos básicos, estamos hablando de un 5 y pico por ciento en la actualidad».
Un «corta y pega» del fracasado Plan RED de hace veinte años. Dos décadas perdidas en la mejora y la conservación de las carreteras autonómicas.
La filosofía de éste «nuevo» plan supone, en la práctica, la privatización de ésa conservación de las carreteras de la Red Básica. Ahí es donde radica el gran negocio para las empresas adjudicatarias de las contratas. El acondicionamiento de las vías siempre se ha realizado por la empresa privada, la administración autonómica pagaba con arreglo a lo presupuestado y ésta, como siempre, se encargaba de la conservación ordinaria.
A partir de ahora, a las empresas se les va a pagar por nada, por conservar unas vías que, prácticamente nuevas, apenas van a necesitar mejora de firme o cambios de señalización defectuosa, por ejemplo. Un chollo en toda regla.