Paliar los daños que la borrasca Gloria ha provocado en la provincia de Teruel. Es una de las prioridades de la Diputación de Teruel de cara a enfrentarse a otro episodio similar. «Estamos concienciados de que esto no ha sido una excepcionalidad y de que volverá a ocurrir», dijo ayer el presidente de la Diputación Provincial Teruel, Manuel Rando, durante una visita institucional al parque de bomberos de Alcañiz junto al vicepresidente y delegado de Carreteras, Alberto Izquierdo, y al secretario general técnico de Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Pinedo. Además de agradecer a toda la plantilla su trabajo durante el temporal y resaltar su compromiso con el territorio y sus vecinos olvidándose de turnos e implicándose en sus problemas, los representantes de la Diputación detallaron todas las acciones que han puesto en marcha para resolver de «manera inmediata» las principales afecciones que ha provocado la borrasca en los pueblos. La institución pondrá a disposición de los ayuntamientos unos 33 millones de euros hasta marzo.
Concretamente, la DPT adelantará en el mes de febrero 23 millones de euros a los ayuntamientos en concepto de tasas e impuestos con cero intereses a ocho años; pondrá a disposición de los pueblos el fondo de cooperación, de más de 5 millones de euros y que «se duplicará a 10 si fuera necesario», y ampliará el Fondo de Inversiones Municipales Sostenibles (FINS)-en 2019 este fondo contemplaba unos 5 millones- todo lo que le permita el departamento de intervención. Asimismo, los 150.000 euros que el presupuesto provincial destina al arreglo de caminos, se destinarán con prioridad a aquéllos que han quedado afectados por el temporal, sobre todo los que dificultan a los agricultores y ganaderos el acceso a sus granjas y explotaciones. «Ya vamos a contratar con Tragsa máquinas para que comiencen a trabajar y, de forma rápida, se solucionen los problemas priorizando aquéllas zonas que estén en peor estado», dijo Rando, recordando que DPT compró una acción de esta empresa al principio de la legislatura, algo que permite operatividad ya que no hay que sacar a concurso los trabajos y pueden licitarse directamente. Con el dinero que llegue a los ayuntamientos, los consistorios podrán hacer frente a los destrozos en infraestructuras públicas que, según el Gobierno de Aragón, ascienden a 13 millones de euros en toda la Comunidad Autónoma.
Antes de poner en marcha las máquinas, la DPT está valorando todas las incidiencias que han llegado desde los ayuntamientos. Hasta ayer, eran 20 los municipios que habían comunicado los daños pero, aunque el plazo acaba hoy, desde la Diputación garantizan que pueden seguir llegando daños. «Puede que mañana haya desprendimientos en algún pueblo que, por supuesto, atenderemos», coincidieron Rando e Izquierdo.
Pinedo, en representación del Gobierno de Aragón, reconoció que la «rigidez» en cuanto a las competencias que tienen las administraciones y subrayó la intención del Gobierno de Aragón de elaborar una nueva Ley de Emergencias. De hecho es una de las principales conclusiones que se desprendió la reunión del Centro de Coordinación (CECOPI) el martes en la sede del 112.
Vamos a ver. Puntualizaciones.
1 los bomberos no hicieron nada en particular, cobran una nómina para eso. Ya vale de ensalzar héroes.
2. Hay que decir claramente que es lo que va a hacer la DPT. Eso de «liberar» millones, no sé que significa.
3. Darle obras a Tragsa es como tirar el dinero. Una empresa en la que todos son «ingenieros» y al final acaba haciendo la faena mal que bien, el pobre de la retro del pueblo.