El malestar que ha generado el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de España ha llegado este miércoles también al pleno ordinario de abril de la Diputación de Zaragoza. Este nuevo posible mapa concesional estatal supondría la supresión de 44 paradas de autobús en el medio rural zaragozano que afectarían a unos 70.000 ciudadanos. En total, en Aragón, se eliminarían 151 paradas. Por ello, el Partido Popular (PP) ha presentado una moción en contra de este proyecto de ley, que ha sido denegada con el apoyo de sus diputados y los de Vox, y los votos en contra de PSOE, Izquierda Unida (IU) y Chunta Aragonesista (CHA).
Hace solo dos semanas, el pleno de la Diputación de Teruel también debatió sobre esta ley, que suprimiría 54 paradas en la provincia turolense. En este caso, la moción presentada por Teruel Existe fue aprobada por unanimidad (PP, PSOE y PAR).
«Las rutas de autobús estatales que se mantendrían serían las que pasan por las tres capitales de provincia y otras 16 localidades aragonesas. De esas, únicamente cuatro son de la provincia de Zaragoza: Tarazona, Calatayud, Mequinenza y Caspe», ha expuesto el portavoz popular, Pablo Blanquet.
Blanquet ha manifestado que este proyecto de ley «conculca el derecho a la movilidad de las personas residentes en las zonas rurales de baja densidad demográfica y en zonas afectadas por la despoblación» y ha recalcado la importancia del autobús con cierto sarcasmo hacia el Partido Socialista (PSOE): «No sé si recuerdan ustedes que nuestros vecinos, a diferencia del secretario general del PSOE, no se puede desplazar en Falcon y en ocasiones tienen que hacerlo en autobús».
El portavoz ha instado al presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, a «pensar en los vecinos de Bujaraloz, Daroca, Maella, Pina, y los 44 municipios de la provincia anteponiendo sus intereses a los dictados de Pedro Sánchez» insistiendo en que «si defienden la supresión de estas paradas de autobús, estarán atacando frontalmente al medio rural y a nuestros pueblos».
Por su parte, el PSOE ha recordado que manifestó su rechazo ante la noticia de la supresión de las 44 paradas que, en el caso del Bajo Aragón-Caspe, afectaría a Maella. «En la última Comisión de Transportes, celebrada el pasado 20 de marzo, se ha rectificado y se ha puesto que el Gobierno de España va a dotar a las autonomías con 40 millones de euros para financiar este servicio. Esperamos que el Gobierno de Aragón haga utilice estos servicios y se ponga en marcha el mapa concesional», ha resaltado el diputado por el partido judicial de Caspe, Abraham Martínez.
Al igual que en la DPT y las Cortes de Aragón, el PSOE junto con En Común-Izquierda Unida y Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda a la moción que ha sido desestimada por los populares. Por ello, el voto de los tres partidos ha sido en contra.
Martínez también ha señalado que, en 2023, el Gobierno de Aragón informó sobre una ampliación de los servicios de autobuses regionales que mejorarán los trayectos, tiempos y los propios autobuses ya que serán eléctricos o híbridos. «Es una gran noticia y se tiene que poner en marcha en el primer semestre de este año porque en la legislatura anterior se dejó todo firmado», ha aseverado.
Defensa del municipalismo
En el pleno, el Partido Popular ha presentado una segunda moción en defensa del municipalismo y con la que se ha expresado también el rechazo a las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empleó para «menospreciar» a los concejales de pueblo.
Ante la crítica del grupo popular, el PSOE ha reconocido que las declaraciones fueron «desafortunadas» pero ha acusado al PP de «sacarlas de contexto», ha indicado el diputado Martínez. «Todos hemos estado en la misma sintonía en cuanto a reconocer la enorme labor que hacen todos los concejales de los municipios».
La propuesta ha sido denegada con los votos en contra de PSOE, IU y CHA; y el apoyo del PP y Vox.
La tercera moción la ha presentado Izquierda Unida en reconocimiento a la II República y con motivo de la proximidad de la conmemoración de la proclamación de la misma. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, IU y CHA; y la oposición de PP y Vox.
