El Gobierno central sigue sin dar marcha atrás públicamente a la eliminación de 151 paradas de bus estatal en Aragón que prevé en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que ya se está tramitando en el Congreso para aprobarse este año. La «solución» que aporta es coordinar las líneas estatales con las autonómicas para que otro autobús lleve a los viajeros hasta las paradas abocando así a más de 115.000 aragoneses a realizar transbordos. Esta iniciativa ya fue rechazada por unanimidad por todos los grupos políticos de las Cortes aragonesas y por el Gobierno de Aragón.
Por el momento, el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) tan solo se ha limitado a ofrecer 40 millones de euros a repartir entre todas las comunidades y que sean los gobiernos autonómicos los que compensen la importante pérdida de servicios. Una cifra que ya ha sido rechazada tanto por el Gobierno de Aragón como por los diputados aragoneses que la semana pasada tomaron la palabra en la comisión de Transportes en la que se debatió la futura ley de Movilidad Sostenible (PP y Sumar). Ambos diputados y también el Gobierno de Aragón coinciden en que esta cifra es «insuficiente» pero que el objetivo no es cobrar más sino que no se eliminen las 151 paradas.
«El objetivo no es cobrar los servicios que quiten. Es que no los quiten, porque dejarán sin conexión directa a muchos pueblos con las poblaciones limítrofes fuera de Aragón», afirman desde la consejería de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón.
No obstante, todos los partidos dieron el visto bueno hace menos de dos semanas a una propuesta del PSOE para incluir en un texto de rechazo a la supresión de paradas que precisamente abría la puerta a aceptar un pago de compensación por asumir los servicios recortados.
En el Bajo Aragón Histórico y las Cuencas Mineras 19 pueblos verían pasar de largo al autocar y solo se daría servicio en tres municipios: Alcañiz, Caspe y Alcorisa. Este contundente recorte de servicios en los pueblos obligaría a realizar hasta 50 kilómetros para acudir a la parada más cercana en los pueblos más alejados. Un nuevo agravio para el medio rural que contrasta con el nombre de la futura ley, que aboga por la «movilidad sostenible».
La futura ley de Movilidad Sostenible se debatió la semana pasada en comisión del Congreso de los Diputados. En este foro el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, lanzó la «compensación» de 40 millones para «financiar esta mejora de la movilidad en autobús». Aseguró que «el mapa concesional no debe ser rígido» y abogó por los trasbordos al hablar de estudiar las «opciones» que puedan surgir en los recorridos en los que coincidan las líneas autonómicas con las estatales. Además, el secretario de Estado también insistió en que el proyecto de ley permitirá reducir el coste de los billetes más de un 20% y sobre todo reducir el tiempo de los viajes hasta en un 30%.
Las consecuencias negativas de la ley de Movilidad en el medio rural aragonés se escucharon en la comisión a través del diputado del PP por Teruel y alcalde de Calanda, Alberto Herrero; y el diputado de Sumar por Zaragoza, Jorge Pueyo. El miembro de CHA se desmarca de su partido, uno de los dos socios de Gobierno que aprobaron el proyecto de ley en Consejo de Ministros en febrero.
El popular Herrero pidió a Santano reconsiderar el proyecto de ley porque «el mundo rural sale gravemente perjudicado». «Quienes vivimos en el mundo rural necesitamos y queremos los mismos servicios que los demás. No somos españoles de segunda», insistió el diputado calandino. En su opinión, este proyecto de ley «es vago en cuanto a contenidos que de verdad mejoren el transporte de nuestro país». El diputado del PP incidió en que hablar de movilidad sostenible «es hablar también de la necesidad de vertebración del territorio español» y criticó que la ley hablara «por un lado de ciudades y, por otro, del mundo rural». En lugar de ello, defendió que se tendría que hablar de forma conjunta «para unir y eliminar la brecha existente entre ambos territorios». «El Gobierno tiene que decidir si de verdad trabaja a favor o en contra de la despoblación», sentenció.
Para Herrero este proyecto de ley «es vago en cuanto a contenidos que de verdad mejoren el transporte de nuestro país». El diputado del PP incidió en que hablar de movilidad sostenible «es hablar también de la necesidad de vertebración del territorio español» y criticó que la ley hablara «por un lado de ciudades y, por otro, del mundo rural». En lugar de ello, defendió que se tendría que hablar de forma conjunta «para unir y eliminar la brecha existente entre ambos territorios». «El Gobierno tiene que decidir si de verdad trabaja a favor o en contra de la despoblación», sentenció.
Herrero urgió a Santano a «pensar en reconfigurar y modernizar ese mapa concesional» y fue crítico con los 40 millones de euros de compensación, una cantidad que calificó de «insuficiente». Además, preguntó directamente al secretario si el Gobierno había hecho algún estudio de necesidades previo para haber establecido dicha cantidad. Como solución al recorte de paradas, el diputado del PP también consultó si el Gobierno «se ha parado a pensar en desbloquear el aprovechamiento de las plazas vacías del transporte de autobús entre ciudades intermedias, unas rutas que ustedes tienen paralizadas desde hace ya mucho tiempo», añadió.
Por su parte, Pueyo, aunque diputado de uno de los dos partidos del Gobierno, Sumar, fue muy crítico con el proyecto de ley. Dijo que los aragoneses no pueden ver la iniciativa como positiva sino todo lo contrario porque va a «condenar» a los vecinos de 151 municipios de Aragón a realizar transbordos. De la ley también dijo que es «contradictoria» con el Estado a 30 minutos que quieren conseguir. «Castiga a 115.000 aragoneses que tendrán peores comunicaciones precisamente en las zonas más afectadas por la despoblación. Tardarán más tiempo en llegar a su destino», criticó Pueyo.
El miembro de CHA destacó que sabe que en el ministerio «valoran» el nuevo mapa del transporte de viajeros por carretera que va a poner en marcha próximamente el Gobierno de Aragón y que diseñó en la pasada legislatura la consejería encabezada por José Luis Soro pero con un reparto de 40 millones para todas las comunidades «no da». Tan solo en Aragón 18 de las 19 líneas son deficitarias.
A su vez, el diputado turolense del PSOE, Herminio Sancho, sigue manteniendo que el texto definitivo de la ley que su partido aprobó en Consejo de Ministros y que ahora ha llevado al Congreso «no está cerrado». El también alcalde de Mezquita de Jarque, una de las 54 localidades turolenses que se quedarían sin parada, asegura que está trabajando para explicar en Madrid «la realidad del territorio».
callos en la manos debe tener Herminio de tanto aplaudir después de aprobar la ley que nos avergüenza a muchos gracias y que te sienten bien las comidas
Venga Herminio a ver si te mojas
Solo hay un modo de interpretar estás acciones y es que literalmente nos echan de nuestros territorios, vendiendo nuestro entorno a las compañías eólicas para llenarlas de cruces RIP a todo lo que representa nuestros proyectos de vida rural y eliminando conexión entre nuestros pueblos. sería más honesto una expropiación masiva. Somos pocos y nuestros votos no son atractivos, hasta que no tengamos los mismos diputados por territorio en vez de por población no seremos tenidos en cuenta. Esto es un expolio a gran escala que terminará con nuestra vida rural y sin ninguna alternativa. Lamento mucho la poca voluntad política que solo se centra en la creación de crispación y dista de mejorar el entorno y favorecer a las personas
una vez más nos dejan fuera de la posibilidad no ya de crecer sino de mantener la población.
Ahora a ver que votan nuestros políticos aragoneses.
Y luego se les llena la boca con el tema de la despoblación y que todos los servicios estén a un máximo de 30 minutos.
No hace falta explicar en el Congreso la realidad del territorio, se la saben y bien sabida, otra cosa es que les importe nada.
Lo de siempre, que van a hacer? Al amo no se le muerde la mano… Mientras tanto… Aqui en Teruel, tan solo llegan situaciones que hacen que la gente no le quede otro remedio mas que abandonar su pueblo… «Faber est suae quisque fortunae.» – Apio Claudio.
Todavia recuerdo a Herminio comprometerse con revertir la PAC hace ya de eso 5 años. Si no la cambiaba dimitiría, al menos eso afirmó. Ni tiene palabra, ni hay dignidad ni hay valores. Ahora dice que irá donde tenga que ir para mejorar esta ley de movilidad. Nadie ya le cree. Verguenza de que nos represente él en Madrid.
cuando nos daremos cuenta que solo deberíamos votar listas abiertas ???
que viene la derecha haciendo recortes,nos dicen y quien son los que lo llevan a cabo el señor Herminio y su banda,a disfrutar lo votado ,si no no si
Herminio, si de verdad estás trabajando para revertir la situación, cuando llegue el momento demuestra tus «valores» y ten agallas para votar en contra. Sólo así demostrarás que no estás vendiendo a tus propios paisanos.
aún habrá alguno que volverá a votar al PSOE!!! poco nos pasa!!
Y si no votarán al PP, que aún es peor.
Mira que hay partidos aragoneses para votar, pero no !!!!!
hay una cosa que no entiendo todos critican a los de la foto y los principales culpables son los que les votan
¿Supongo que no haya forma, ni los inversores dispuestos, o que no sea rentable, de que alguienes que sepan de este tema (transporte publico) monten una empresa Aragonesa y p.ej. pongan un microbús de veinte plazas para sustituir lo que el estado pretende quitar? Es una locura quitar estos servicios y de mal actuar de parte del estado – p.ej. a ver como gente sin vehículo que han de acudir al hospital en Alcañiz lo hagan si no hay autobús ninguno para llevarles a sus citas. O un tablón de anuncios para compartir trayectorias con los que tengan vehículo propio (con tasas máximas establecidos de antemano para que nadie con coche abuse de los demás) aunque muy pero muy imperfecto, incluso sería mejor que nada si prosigan con diezmar la movilidad rural con esta acción que roza la maldad malintencionada. Total, ante todo, los impuestos son para pagarse a uno mismo bien, no para financiar los servicios como es debido que pagan los ciudadanos a través de sus impuestos pero que no lo son obligados a hacer esas empresas que facturan cantidades ingentes (y eso en casi que ningún país como es debido y ético hacer).
Los gobiernos de la meseta, desde Felipe II, no han parado de darnos por saco.