Duras críticas a una posible fusión y traslado de cuadrillas contra incendios

Los ayuntamientos del Maestrazgo preparan una carta conjunta para trasladar al departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA su rechazo a parte del nuevo plan de incendios para Aragón. En concreto, a la posibilidad que plantea de reagrupación de cuadrillas. Esta misiva se sumará a la que ya enviaron de forma conjunta esta semana una decena de alcaldías de la provincia. Entre ellas, figuran las de Cantavieja, Ejulve y Albalate del Arzobispo. Según los firmantes, en el caso del territorio, la cuadrilla de Cantavieja se reagruparía con Mosqueruela, la de Ejulve con Montalbán y la de Albalate con la de Belchite y pasarían a ubicarse en Lécera. En los tres casos, la cuadrilla se trasladaría a la segunda localidad, algo que ha sentado como un jarro de agua fría.

«Si esto se ejecuta y ocurre una desgracia, alguien tendrá que asumir responsabilidades porque el territorio con mayor índice de riesgo, y en el que lamentablemente ya tenemos experiencia en sufrir grandes incendios, se queda con una sola cuadrilla en Castellote. La de Ejulve, que también cubre parte de nuestra comarca, se la llevan nada menos que a Montalbán», lamentó el vicepresidente del Maestrazgo y alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás (PP). «Si tiene que moverse al pueblo de al lado por razones técnicas, perfecto, pero aquí hay razones políticas y en mis años de alcalde no he visto algo tan vergonzoso», denunció.

Muy crítico fue también con la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal el presidente de la Comarca del Maestrazgo y alcalde de Tronchón, Roberto Rabaza (PAR), para quien «no tiene razón de ser» y señaló que «todos los implicados están en contra». Apuntó a que una actuación rápida es lo que determina la gravedad de un incendio, y esta medida ralentizaría la capacidad de respuesta. En su opinión, una reubicación supondría alejarlos de un área muy extensa que necesita vigilancia constante. Recordó la labor que realizan los retenes durante todo el año con limpieza de cortafuegos, accesos o pistas y que además son cuadrillas están consolidadas con «gente del territorio» ayudando a la fijación de población.

La cuadrilla de Ejulve está formada entre 9 y 12 personas de las que muchas «pertenecen a la misma localidad», por lo que un traslado supondría «un agravio para el territorio», además de la desprotección frente a incendios. «Estamos hablando todos los días de la vertebración, de la despoblación, de ayudar a los municipios pequeños y todo lo que se dice es contrario a lo que se hace», lamentó el alcalde, Ovidio Ortín (PP). Señaló que se llegará «hasta las últimas consecuencias -incluso a los tribunales- para evitar un posible traslado de la cuadrilla forestal a Montalbán». Defendió su «perfecto funcionamiento» y que incluso desde el ayuntamiento se realizaron varias actuaciones para mejorar sus condiciones de trabajo. «Adquirimos una motobomba y hemos creado buenas condiciones, que ni siquiera han tenido el valor de hacerlo ellos. Lo hemos hecho los municipios y se las quieren llevar», denunció.

En ningún caso han recibido la información por los canales oficiales. Por eso, y como se trata de un proceso todavía abierto, en la carta enviada al consejero Joaquín Olona piden «paralizarlo, estudiarlo y dar voz al territorio». «No se nos ha informado ni a los que perdemos la cuadrilla ni al resto de pueblos a los que dan cobertura y si se lleva a efecto, el tiempo de respuesta aumentará, por lo que también se verán perjudicados», dijo la alcaldesa de Albalate, Isabel Arnas (PP), quien también expuso la situación en el último consejo comarcal para que los nueve pueblos del Bajo Martín valoren sumarse.

«Rifirrafe» en un proceso abierto

Hace más de un año que la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal comenzó a trabajar en un nuevo modelo de prevención y extinción de incendios forestales para Aragón. El nuevo debe adaptar el operativo a las directrices que marca el plan de emergencias por incendios forestales (PROCINFO) y además, permitir equipos de trabajo más eficaces y profesionalizados. Se inició un proceso participativo en junio de 2020 que sigue activo y que está a disposición de consulta y aportaciones en el portal gobierno abierto.

Desde DGA aseguraron que con el nuevo modelo se consolidarán entre 35 y 40 bases terrestres que se unirán a las 8 bases helitransportadas ya existentes. Insisten en que el proyecto está en elaboración y, por lo tanto no hay ubicaciones definitivas pero que «todo el territorio contará con los medios necesarios». Desde asociaciones como la de APNs (Agentes de Protección de la Naturaleza), sienten que «profesionalmente podemos aportar mucho a este proceso con nuestra dilatada experiencia».

En el ámbito político, este proceso ha supuesto otro encontronazo entre el consejero Joaquín Olona (PSOE) y su director general Diego Bayona (UP) al revocar el primero una instrucción dada el 16 de julio por Bayona sobre las condiciones de trabajo de estos equipos. Iba dirigida a la empresa pública Sarga y desde la sección sindical de CGT en Sarga, se mostraron «escandalizados» por la revocación ya que consideran que la orden dictada por Bayona «mejoraba considerablemente» las condiciones laborales. «No sé qué guerra habrá, pero en el fuego cruzado estamos los trabajadores y trabajadoras del operativo, como siempre precarizados», denunció Cristina Pérez delegada de CGT-SARGA, desde donde pidieron el «cese inmediato» del consejero.

Bayona: «Vamos a reforzar zonas de elevado riesgo»

Ante las críticas de los últimos días, el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona (Unidas Podemos) invitó a «no mirar hacia otro lado mientras tenemos trabajadores que se cambian en la calle o en el suelo de una nave y que en pleno siglo XXI no pueden disfrutar de vacaciones en todo el año o se encuentran haciendo trabajos forestales a 40º en lugar de estar formándose para atender mejor a un incendio». Denunció la existencia de operativos forestales sin una red de comunicaciones mínimamente decente, «lo cual pone en riesgo la seguridad de las personas», o vehículos de 30 años sin una imagen reconocible.

Recordó que desde que arrancó la legislatura -pandemia mediante-, se han comprometido partidas económicas para solucionar estas carencias. Entre ellas, una nueva red de comunicaciones para emergencias cuyo coste asciende a 15 millones de euros, y que ya está adjudicada a través del Departamento de Ciencia que dirige Maru Díaz, 4 millones de euros para mejorar el parque móvil de los APNs así como para adquirir vehículos autobomba, u otros 4 millones para «poner en marcha centros de trabajo que cumplan mínimas condiciones». Señaló a las mejoras que se deben acometer como pautas de trabajo «totalmente desfasadas y que ponen en riesgo la seguridad como turnos en incendios de 7 días seguidos», conductores de autobomba que «trabajan solos» con el riesgo que esto conlleva, personal asistiendo a incendios «sin una mínima formación y un largo etcétera «que es imposible atajar si seguimos manteniendo un operativo que, salvo en sus brigadas helitransportadas, funciona como hace 30 años».

Instó a aquellos que critican el planteamiento que se está haciendo desde la Dirección General para corregir todos estos problemas y además, «con un presupuesto razonable», a explicar «qué alternativa proponen para no seguir permitiendo esta falta de profesionalización y de condiciones laborales y de seguridad básicas». Incidió en el carácter participativo puesto en marcha en el que se cuenta con las aportaciones de todo el sector, «y por supuesto con todas las garantías técnicas necesarias».

En el caso de la provincia de Teruel, aseguró que «se trabaja en reforzar zonas de elevado riesgo de incendio como el Matarraña o la Sierra de Albarracín, que contarían con una cuadrilla más». Afirmó que no se plantea eliminar cuadrillas como la de Manzanera sino que se plantea reforzarla, además de trabajar «en mejoras para evolucionar y profesionalizar este operativo siempre bajo criterios técnicos, y no como en otras épocas, creando cuadrillas en función del color de uno u otro ayuntamiento».

Respecto a determinadas críticas, Bayona apuntó que «discrepar es una cosa e imputarme supuestos delitos en este proceso son palabras mayores que no voy a consentir. Desde el partido que represento se va a estudiar interponer acciones legales en los casos que se vulnere mi integridad profesional», concluyó.