Los empleados públicos que pertenecen al sistema de mutualidades abonan la atención sanitaria en los centros públicos desde el 1 de enero
El sindicato CSI-F ha denunciado la situación en la que se encuentran casi 18.000 empleados públicos aragoneses de los sectores de Educación, Sanidad, Justicia y Fuerzas Armadas que, desde el 1 de enero de 2017, tienen que pagar anticipadamente la atención sanitaria en centros del Servicio Aragonés de Salud. Se trata de los funcionarios que pertenecen a mutuas de seguros sanitarios privados (Muface, Mugeju e Isfas) y que viven, principalmente en el medio rural. Hasta ahora, si tenían que ser atendidos en centros de salud o en hospitales públicos al no contar con centros adheridos a sus compañías en los pueblos, era la propia administración la que se encargaba de tramitar el pago de la atención sanitaria con la mutua correspondiente. El paciente no tenía que intervenir.
El «ataque», según el sindicato denunciante, surge ahora, cuando el Gobierno de Aragón y las compañías no han renovado este año el convenio que permitía seguir ofreciendo este servicio. Así, desde el 1 de enero, los pacientes tienen que adelantar el pago de la atención en los centros y, después, reclamarlo a sus compañías privadas. Una consulta en atención primaria cuesta unos 70 euros, según la tabla de cifras del departamento de Sanidad, según adelantó este fin de semana Heraldo de Aragón.
«En una ciudad no hay problemas porque los pacientes pueden ir a sus clínicas privadas o médicos especializados. Pero en el medio rural ya se están dando casos porque no hay centros privados», aseguró ayer el presidente de CSI-F Aragón, Pablo Asín. Para la organización es una situación «bochornosa» que supone «un nuevo recorte de derechos para los funcionarios del medio rural». «No se puede pregonar la defensa del desarrollo del medio rural aragonés y, al mismo tiempo, animar a tantos miles de aragoneses a buscar la forma de huir de él para así dejar de sufrir agravios añadidos a los recortes que ya padecen todos los empleados públicos desde el inicio de la crisis», determinó.
Al parecer, desde el Gobierno de Aragón, que estaría intentando renegociar el convenio, se emitió un informe que se trasladó a los centros sanitarios antes del 31 de diciembre para informarles de la nueva situación. No obstante, al cierre de esta edición, los delegados sindicales de UGT y CCOO en el Hospital de Alcañiz desconocen si se ha registrado algún caso en el sector sanitario del territorio.
Desde 1975
Cabe recordar que desde 1975 y hasta que las competencias se transfirieron a las comunidades autónomas -al menos en el caso de Educación y Sanidad-, todos los funcionarios del Estado pertenecían al sistema mutualista. Con el traspaso del servicio, los trabajadores tuvieron la opción de pasar a la Seguridad Social. Algunos lo hicieron y otros no. Los primeros, son los 18.000 afectados por la no renovación del acuerdo entre gobierno y compañías.
«Si ahora la Seguridad Social, ya prácticamente sobrepasada, tuviese que asumir la cobertura sanitaria de millones de beneficiarios de las mutualidades, quedaría automáticamente colapsada», añaden desde el sindicato.
