La justicia da la razón a la Comunidad de Regantes y ordena a la DGA a seguir con la concentración parcelaria
La justicia ha dado la razón a la Comunidad de Regantes de Híjar y condena a la DGA a continuar con la concentración parcelaria pero sin vincularla a la modernización de regadío, es decir, sin ningún coste para los usuarios.
Esto es lo que llevan reivindicando desde hace siete años en la localidad desde que un grupo de agricultores emprendió una particular guerra ante lo que siempre han tachado de injusticia. Fechan en este tiempo el momento en el que el Gobierno de Aragón vinculó a la concentración el proyecto de instalación de riego a presión. Para los regantes esta opción nunca ha sido viable por sus «altos costes». Comenzaron la defensa de la concentración parcelaria pero sin modernización del regadío y para hacer más fuerza constituyeron la plataforma «Coste 0». Aquel grupo fue creciendo ya que este proceso afecta a unos 400 agricultores.
En 2012, y cuando la Comunidad de Regantes rechazó de forma definitiva el proyecto de riego a presión, la DGA «paralizó la concentración». Recuerdan que realizaron varios requerimientos a la DGA para su continuación y todas sin éxito y promovieron iniciativas bajo el lema de «Concentración YA».
El último paso se dio en 2015. Interpusieron un recurso contencioso-administrativo para reclamar que se ejecutara la concentración «a coste 0» y sin que se pudiera imponer la vinculación con el regadío.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) les ha dado la razón. «Estima el recurso contencioso-administrativo declarando la inactividad de la Administración en el procedimiento de concentración parcelaria iniciado mediante Decreto 41/2008 de 26 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Híjar, en consecuencia, condenando a la Administración a la continuación del mismo por sus trámites».
Reconoce el TSJA que, «efectivamente, habremos de declarar la inactividad de la Administración demandada, pues su iniciativa desaparece a partir de la negativa de la Comunidad de Regantes a continuar con la modernización, sin resolver en ningún sentido, como también habremos de concluir en la posibilidad y en el deber de la Administración de continuar con el procedimiento que ella misma abrió con su Decreto».
El texto avanza asegurando que «una cosa es que el procedimiento haya dejado de ser rentable –que no se descarta por lo ya dicho- y otra distinta es que ello autorice a la Administración a mantener abierto sine die un procedimiento de concentración que ella misma decidió abrir».
Satisfacción contenida
Entre los regantes hay satisfacción pero con contención. Las sensaciones son encontradas ya que, por un lado, está la expectación por saber cómo reaccionará la Administración. Fuentes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad aseguraron que se estudiará la sentencia en cuanto comience el nuevo curso político y se tomará una decisión. Cabe destacar que dispone hasta finales de septiembre para presentar un recurso. La otra sensación es de cierta decepción. «Además de que hemos tenido que recurrir a la justicia, que esta condene a la Administración nunca es buena noticia para el ciudadano», valoró el vicepresidente de la Comunidad de Regantes, José Luis Chorro López.
Recordó que, en este caso, «la Administración invirtió miles de euros en redactar un proyecto que se quedó en anteproyecto de algo que siempre hemos rechazado, no lo queríamos». Según los cálculos de los regantes, la propuesta de la DGA suponía el pago anual de 1.200 euros por hectárea a 25 años y, en caso de no llevar subvención, el precio se incrementaba a 3.000. Abonarlo de golpe suponía el incremento a más de 7.000 euros por hectárea. «Nuestro objetivo es la concentración y la sentencia reconoce que no está vinculada al regadío», afirmó.
Para Chorro las opciones de DGA son dos. Bien ejecuta la concentración sin proyecto de modernización o bien, «emite un nuevo Decreto de Gobierno declarando inútil» la concentración. Esto sería para él, «ir en contra de sus propios informes técnicos a favor de la necesidad, urgencia y utilidad de la concentración». Tachó esta situación de insólita en España aunque lo más grave «es que dejaría sin futuro a la agricultura de Híjar», concluyó.
