Responsables de DGA y de las mutuas se reúnen el lunes
El Departamento de Sanidad ha manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo con MUFACE, MUGEJU e ISFAS para firmar el convenio que garantiza la asistencia sanitaria en Atención Primaria en los municipios de menos de 20.000 habitantes, a los funcionarios adscritos a las mutualidades que eligen la modalidad de sanidad privada (unas 16.800 personas en todo Aragón), tras haber expirado el Convenio existente el pasado 31 de diciembre de 2016 por falta de acuerdo. El convenio original entre el Salud y las mutuas se firmó en el 2002 y se ha prorrogado año a año hasta el 2015, ejercicio en el que se cambiaron las condiciones del mismo. Este convenio regulaba la prestación de la Atención Primaria en poblaciones en las que no hay clínicas privadas.
En un comunicado, el Salud ha explicado que, hasta 2015, MUFACE pagaba al Salud una cantidad fija por persona para cubrir toda la asistencia sanitaria (consultas y urgencias). En 2015, el convenio solo contempla una cantidad fija por persona en concepto de asistencia «urgente en Atención Primaria», mientras que el resto de las asistencias se debían facturar directamente por el Salud a la compañía aseguradora del usuario.
El departamento especifica las diferencias económicas en esa cantidad fija. Mientras que en 2014, el Salud recibió 1.680.000 euros, en 2015, fueron 206.000 euros. «Esto ha conllevado una considerable merma económica para el sistema público. Aragón y Madrid son, además, las únicas comunidades que tienen estas condiciones en sus convenios. El resto tiene las mismas condiciones que tenía Aragón antes de la prórroga del 2015 o mejores», dice DGA.
Pese a que el Salud retomó las negociaciones con la mutua el año pasado, todavía no ha llegado a un acuerdo. El lunes, los responsables del departamento tienen prevista una reunión con los responsables territoriales de las mutuas.
El Departamento de Sanidad asegura que garantiza a estas personas «y a todos los ciudadanos aragoneses» la asistencia sanitaria. En este caso, en los centros de salud facilita al usuario una carta de pago con el precio de la asistencia remitida que, a su vez, pueden derivar a su compañía aseguradora. Por otra parte, recuerdan que los funcionarios tienen la opción de trasladar su expediente a la seguridad social si lo desean.
Exigen un acuerdo
A lo largo de la semana, el sindicato CSI-F y la oposición han reclamado una solución al Gobierno de Aragón para que los funcionarios adscritos al sistema de sanidad privada no tengan que pagar por recibir asistencia médica en centros de salud y hospitales públicos.
El Partido Aragonés realizó ayer una rueda de prensa en las Cortes de Aragón para denunciar esta situación. La diputada aragonesista, Berta Zapater, instó al Gobierno de Aragón a renegociar el convenio con las mutuas para que no salgan perjudicados los usuarios. Tildó la situación de «injusta» y «antisocial».
Por otra parte, en la misma rueda de prensa, el PAR solicitó ayer la comparecencia del Consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ante el Pleno de la Cámara para que informe sobre la «saturación de los servicios de urgencias de los hospitales aragoneses».
