Bruselas abre una investigación para determinar si los incentivos para colocar filtros de azufre en las térmicas fueron legales
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital explicó ayer que las actuales ayudas a las centrales de carbón se financian con cargo al sistema eléctrico y no a los presupuestos del Estado, y subrayó que, cuando se crearon, respetaban la regulación de la Unión Europea.
Fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal respondieron así a la decisión de la Comisión Europea de abrir ayer una investigación «en profundidad» sobre las ayudas concedidas a las centrales eléctricas de carbón a cambio de la instalación de filtros para reducir las emisiones contaminantes en el año 2007; unas ayudas que suman 440 millones de euros y que fueron a parar a 14 plantas, entre ellas la Central Térmica de Andorra. Después de 2007, a través de este sistema de incentivos se garantizaron ayudas públicas hasta 2020.
Según Energía, el sistema «era respetuoso con las regulaciones de la UE y con las prácticas habituales en el momento en el que se introdujo». Además, sus fuentes recalcan que la Comisión conoce este esquema «desde hace años» y «nunca ha dicho nada hasta ahora».
Pese a todo, el Gobierno estaría dispuesto a continuar el procedimiento «para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día».
Lo que busca determinar la investigación europea es si este sistema de incentivos conferiría a las centrales de carbón una «ventaja competitiva desleal» con respecto a otras formas de producción de electricidad y a las centrales de carbón de otros países de la Unión Europea. Y si no se creo realmente para incentivar la reducción de las emisiones de óxido de azufre, «ya que las infraestructuras ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente», dijo la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ayer. La Comisaria añadió: «Si contaminas pagas. Las normas de la UE no permiten a los Estados liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente». Al parecer, el gobierno central aprobó este plan de incentivos sin que pasara por la Comisión Europea de la Competencia.
Estos movimientos se producen en plena tramitación del Real Decreto que pretende limitar el cierre de centrales eléctricas españolas -continúa esperando el vistobueno en la CNMC-, y tras la negativa de nuestro país a suscribir el acuerdo de cierre de centrales de carbón en la Cumbre del Clima de Bonn la semana pasada.
Con respecto al Real Decreto, Bruselas ha decidido «examinar de oficio».
Además, la Comisión vigilará que el Ejecutivo español cumple el compromiso que firmó el año pasado para cerrar todas las minas de carbón en 2018. La Comisión autorizó que se emplearan 2.130 millones de euros de dinero público para cerrar 26 yacimientos de carbón no competitivos. En el caso de Aragón, cabe recordar que el último pozo de interior (no competitivo sin ayudas) cerró en diciembre de 2016. Era propiedad de Samca y estaba ubicado en Ariño, donde ya solo quedan minas de cielo abierto que llevan más de un año funcionando sin ayudas.
