El Consistorio debe solucionar el suministro del agua potable y el vertido
La adjudicataria de la gestión del campin municipal de Alcañiz, la Fundación para el Desarrollo Social, reclama al Ayuntamiento celeridad en la parte que le compete de los trabajos para poner en marcha la instalación. El Consistorio debe acometer la obra para instalar la red de agua potable y la canalización de las aguas residuales, unos trabajos que están valorados en alrededor de 180.000 euros.
La Fundación ya lleva varias semanas adecentando la instalación, muy deteriorada por el año y medio que lleva cerrada y los actos vandálicos que ha sufrido. La fecha «límite» para abrir los bungalós es en MotoGP aunque a la empresa le gustaría comenzar con el restaurante a mediados de agosto. «Les pedimos que se den prisa con las obras para poder abrir lo antes posible, ya sabían desde hace meses que se tenían que hacer cargo de ellas», asegura el gerente de la Fundación, Juan Quílez. También reclaman que se mejoren las dos playas de La Estanca.
Por su parte, el alcalde y concejal de Obras, Juan Carlos Gracia Suso, asegura que la próxima semana espera reunirse con la adjudicataria y los técnicos para plantear un cronograma de los trabajos previstos. Una vez tengan claras las fechas que baraja la gestora, licitarán las obras, que podrían estar construidas en un mes.
Cabe recordar que el grupo Ganar ya criticó en nota de prensa a principios de junio que el equipo de gobierno adjudicara la gestión del campin sin que esté solucionado el suministro del agua potable ni la canalización para las aguas residuales.
Personas con problemas de integración
Respecto al modelo de gestión del campin, desde la Fundación aseguran que contratarán a alrededor de diez personas en temporada. Ya han constituido una sociedad limitada especializada en la formación de personas con problemas de integración social. Una fórmula legal de la que Aragón es pionera mediante la cual el 30% de la plantilla serán desempleados con dificultades de integración (jóvenes sin estudios, madres solteras, inmigrantes,…) que se podrán formar y trabajar durante un periodo máximo de tres años. El pliego de condiciones ya establece que debe contratar a dos personas con discapacidad por 1.200 euros al mes y a otras seis personas de las cuales el 50% serán mujeres.