El mantenimiento de los Presupuestos que aprobó el PP deja el Bajo Aragón con escasa obra pública salvo la Torre Gótica y Santolea
Expectación máxima en el Bajo Aragón Histórico por la moción de censura del PSOE que hoy ha terminado con la presidencia de Mariano Rajoy, todo un superviviente en la política desde hace décadas ha terminado tumbado por lo que siempre ha negado y ahora han confirmado los tribunales. Una sentencia de la Gürtel que sí concluye que el PP conocía la financiación ilegal y fue partícipe a título lucrativo. Pedro Sánchez, otro superviviente y otrora defenestrado dentro de sus propias filas, es ya presidente.
Qué ocurrirá a partir de hoy es toda una incógnita aunque a tenor de lo que anunció ayer Sánchez en el Congreso, se respetarán los Presupuestos Generales del Estado aprobados la semana pasada y que son bastante escasos para la provincia de Teruel. Eso sí, el socialista nombró ayer durante sus intervenciones varias veces la palabra «despoblación» aunque como ya adelantó también, lo primero serán las «emergencias sociales».
El cambio de gobierno afectará también a 3.800 cargos públicos. Entre ellos, algunos tan polémicos y cuya gestión está en entredicho como el delegado y el subdelegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde y José María Valero, por su nefasta gestión de la doble tentativa de homicidio de Albalate y el triple crimen de Andorra.
Los diputados bajoaragoneses hicieron ayer un balance desigual de la moción. El diputado del PSOE por Teruel, Ignacio Urquizu, explicó que es muy pronto para saber cómo afectará un cambio de gobierno al territorio pero adelanta que emplearán diálogo con otros grupos que, por ejemplo, han afeado a los populares en su presentación de la Proposición de Ley de la Minería. Sánchez estará como mucho dos años y que priorizará asuntos sociales. Entre ellos, los 300.000 dependientes que esperan para ser evaluados, la disminución de inversión en Educación o la estabilidad presupuestaria. «Cuando presentamos la moción lo hicimos por responsabilidad porque ha quedado comprobado que los goteos y goteos de corrupción han terminado con la responsabilidad civil del PP de sus tramas de corrupción», afirmó.
Una opinión muy distinta tiene el diputado de Calanda Alberto Herrero (PP) quien esgrimió los argumentos utilizados en los últimos días por su partido asegurando que la moción es «un error» para la política en general y un trasiego para el ciudadano. «El país necesita seguridad, los mercados ya están bajando. Estamos en una economía en crecimiento pero cogido con pinzas por lo que se necesita estabilidad», afirmó el calandino, quien aseguró que, aunque ético, «no es justo que se acceda a un gobierno ganando en los despachos lo que no se obtiene en las urnas».
En cuanto a la corrupción, aunque la condena «venga de donde venga», afirma que en el caso de la sentencia de la Gürtel los responsables «ya nada tienen que ver con su partido» pese a que en su momento fueran altos cargos. «Son unos hechos del 2003 cuando Rajoy no era presidente y competen a dos pueblos de la Comunidad de Madrid y a unos señores que el PP expulsó», comentó.
En cuanto a los asuntos que competen a la provincia, destaca que se podría paralizar la Proposición de ley de la minería que «el PSOE no apoya porque se niega a dar continuidad a las centrales. «veo con preocupación un gobierno con Cristina Narbona como ministra», comenta.
El hecho de que Sánchez no quiera modificar los Presupuestos sí que supone un varapalo para la zona, que prácticamente no verá grandes obras estatales más allá del inicio del recrecimiento de Santolea o la Torre Gótica de Alcañiz.
Los socialistas presentaron enmiendas a las balsas del Matarraña, la elevación de aguas del Ebro de Andorra y la A-68 que fueron rechazadas al igual que las de CHA. Sí se aceptaron las dos de Ciudadanos para teruel, aunque eran para proyectos de fuera del Bajo Aragón: un millón de euros para la A-40 y la creación del Centro de Interpretación de la Trufa Negra.
Por su parte, CHA ha presentado a través de Compromís once enmiendas en el Senado por valor de 87 millones que incluyen, entre otros, alternativas al carbón y una autovía de Teruel a Alcañiz.
