En el sexto aniversario del siniestro del Bell 407 queda que las Cortes debatan crear una comisión de investigación.
Se cumplen seis años de la muerte de seis personas a bordo del Bell 407, el helicóptero de la helitransportada de Alcorisa que se estrelló entre Villastar y Villel cuando se dirigía a apagar un incendio. Un siniestro que dejó seis fallecidos y un herido.
Desde el 19 de marzo de 2011 las familias continúan pidiendo «que se haga justicia». La última petición la expusieron el 15 de noviembre cuando una representación de los familiares compareció en las Cortes de Aragón para pedir la creación de una comisión de investigación. Reclamaron un órgano que, una vez agotada la vía judicial, sirviera para «depurar responsabilidades» ya que la investigación se cerró a pesar de que un informe refleja que hubo negligencia.
Desde ese día las familias permanecen a la espera de más noticias después de haber recibido la compresión de todos los portavoces a la petición. PSOE, PP y PAR se comprometieron a estudiar la creación de la comisión mientras que Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto solicitaron formalmente su puesta en marcha semanas después de la comparecencia.
El asunto debe llevarse a pleno, algo que no sucederá mientras no se debatan y aprueben los presupuestos regionales. Ese es el compromiso adquirido con los familiares.
Las intervinientes ante todos los grupos en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas fueron Marisol Salafranca, Montse Thomson y María Obón. Expresaron la «desprotección» que han sentido por parte de las instituciones y que lo que realmente les produce sufrimiento es que «la justicia no actúe».
Agotada la vía judicial
Las portavoces relataron todo el devenir de los acontecimientos desde el 19 de marzo de 2011. Reiteraron la existencia de un informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que expone que una negligencia provocó el fallo de una pieza que provocó la caída del helicóptero.
El caso fue archivado en 2013 y 2015. Desde entonces permanece así ya que en abril de 2016 el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo. La vía judicial está agotada y solo queda, además de acudir a las Cortes, recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Las peticiones de las familias han ido acompañadas por la presentación de 12.000 firmas ciudadanas. Las recogieron tanto en establecimientos físicos como a través de la plataforma digital Change.org.
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