El jurado considera probado el triple crimen y Feher será condenado a prisión permanente revisable

Norbert Feher no volverá a ver la luz del sol y la semana que viene será condenado definitivamente y casi con toda probabilidad a prisión permanente revisable. Es lo que pedía la acusación en bloque y es lo que dictaminó este jueves el jurado popular tras un amplio y esperado veredicto en el que consideró probado por unanimidad que Feher cometió tres asesinatos en el Bajo Aragón el 14 de diciembre de 2017. Dio muerte a José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero y lo hizo de forma «consciente, voluntaria, con alevosía y con la finalidad de no ser descubierto por los hechos delictivos que había cometido con anterioridad». Además, en el caso de los guardias civiles, lo hizo «con ensañamiento y consciente de que se trataba de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado». A estos crímenes se suma, por tanto, el delito de atentado contra la autoridad.

También ha quedado probada la tenencia ilícita de armas y los delitos de robo con fuerza (pickup de Iranzo y armas y enseres de los guardias civiles) del ahora culpable Norbert Feher, alias Igor el Ruso.
Por la tenencia ilícita de armas, se piden tres años de prisión y por los delitos de robo, la fiscal pide 4 años y las acusaciones lo elevan a cinco por cada uno de los robos (en total 15 años).

Lo que no ha quedado probado por el jurado ha sido la pertenencia a banda criminal. Aunque el jurado si que ha convenido probada su participación en organización criminal en Italia entre 2015 y 2017, no lo asegura durante su estancia en España puesto que, tal y como apuntó la presidenta durante la lectura del veredicto, «no tenemos pruebas contundentes ya que las autoridades no han encontrado ni indicios ni pruebas y no las han traido».

A las doce del mediodía del jueves, el juez Fermín Hernández Gironella disolvió el jurado y dejó el proceso visto para sentencia. Será él quien redactará una sentencia firme que se espera la próxima semana. La sentencia será recurrida por la defensa, tal y como dijo el abogado Juan Manuel Martin Calvente tras la sesión a los medios de comunicación pese a que en el interior de la sala había declarado: «Estoy de acuerdo con el fiscal en que las penas dejan poco margen a las dudas».

La prisión se revisaría en 30 años

Para defender la prisión permanente revisable, la fiscal del caso, Carmen Continente -alabada de nuevo por todas las partes por su «impecable» trabajo y defensa de la pena máxima para el acusado-, argumentó de forma muy didáctica su escrito de acusación, en el que se ratificó tras la lectura del veredicto.

Para llegar a la permanente revisable, la primera que se dictará en Teruel, Continente explicó que los tres asesinatos se deben considerar de forma individualizada y, debido a las trágicas circunstancias de los mismos, solicita para cada uno 25 años de cárcel -además de todas las accesorias como inhabilitación absoluta y prohibición de residir en el mismo lugar de residencia o trabajo de los familiares de las víctimas, establecer contacto con ellos, o acercarse a menos de 500 metros-.

Después de individualizar cada crimen se refirió al artículo 140/2 del código penal que establece que en el caso de un «reo de asesinato condenado por la muerte de más de dos personas, lo que procede para él es la aplicación de la pena de prisión permanente revisable». Por lo tanto, volvió a disipar todo ápice de dudas sobre esta condena, con muy poca jurisprudencia en España pero claramente tipificada. Se refirió a la primera condena de este tipo en nuestro país, la del asesino de Prioz (Guadalajara), cuya pena máxima fue ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2020. En ese caso, Patrick Nogueira asesinó a su tío, a la esposa de éste y a los dos hijos de ambos (un niño de 18 meses y una niña de 3 años y 10 meses) en agosto de 2016 en su vivienda familiar.

La prisión permanente revisable se revisaría dentro de 30 años y seguiría vigente «si no existiera posibilidad de reinserción».

Una lección de derecho penal

Todas las partes agradecieron y destacaron la labor del jurado en un proceso largo e intenso, con jornadas maratonianas para juzgar uno de los casos más graves, trascendentes y mediáticos del siglo XXI en la provincia de Teruel. El objeto del veredicto, que es el cuestionario al que los miembros del jurado han tenido que responder para determinar los hechos probados y no probados, ha estado constituido por siete folios. Fue entregado el martes al jurado, que ha estado deliberando más de 40 horas.

«Agradezco en nombre de todos los que estamos en esta sala la labor realizada. Reconozco las jornadas intensas pero entiendo que la gravedad y transcendencia de los hechos así lo merecía. Espero que la experiencia haya sido provechosa y puedan haber percibido la dificultad que entraña administrar justicia en este estado de Derecho», recalcó. «El papel del jurado ha sido intachable. Nos ha dado una lección de derecho penal y ha cumplido una labor importantísima dentro del estado de derecho», añadió el abogado de la familia Iranzo, Enrique Trebolle.

Las indemnizaciones

Con respecto a las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el asesino, aunque son «pura teoría» porque se ha declarado insolvente, hubo algunas «divergencias» entre la fiscal y las acusaciones particulares. La fiscalía, que consideró a todas las víctimas por igual, pide 300.000 euros para cada una de las tres viudas, 200.000 euros para cada uno de los hijos de las víctimas, 80.000 para padres y madres y 50.000 para hermanos y hermanas.

El abogado de la viuda e hija del Víctor Romero, Jorge Piedrafita, pidió 650.000 euros para las dos, equiparando la indemnización a las de las víctimas por terrorismo. El letrado de los padres y hermanos de Caballero, Ramón Castro, elevó a 56.666,66 la indemnización para los hermanos.

Por su parte, Mariano Tafalla, el abogado de la viuda de Caballero y de los padres y hermanos de Romero, solicitó 400.000 euros para la viuda, 120.000 para padre y madre y 100.000 para los hermanos. Durante su intervención subrayó que lo que querrían sus clientes sería que Feher le devolviera a sus seres querido y preguntó al asesino directamente: «¿pero eso no nos lo va a dar, verdad Feher?». También puntualizó: «que yo defienda esas cantidades para los familiares de los agentes, no tiene nada que ver con las del ganadero José Luis Iranzo. Entendemos que las obligaciones naturales de cada profesión no son las mismas, por lo que no estamos de acuerdo en que las indemnizaciones sean iguales», finalizó.

Enrique Trebolle, abogado de la familia Iranzo, se mostró de acuerdo con la fiscal por la petición para padres y hermana, que sumarían 210.000 euros. No obstante, elevó a los 2,790 millones de euros la cantidad que se debería establecer para la viuda y su hijo. Para justificar esta petición se refirió a los daños morales pero también al lucro cesante de lo que ha dejado de percibir esta unidad familiar tras el asesinato del ganadero José Luis Iranzo. Para ello, durante el proceso judicial, Trebolle llamó a declarar a dos peritos expertos economistas que habían realizado un estudio de la explotación ganadera y agrícola que dirigía Iranzo cuando murió.

3 años y cuatro meses

Después de tres años y cuatro meses, al fin se impartió justicia en uno de los casos más graves, trascendentes y mediáticos del siglo XXI. El veredicto llegó a la Audiencia Provincial de Teruel en un día lluvioso y coincidiendo con una tractorada que reivindica una PAC justa para los agricultores profesionales. Como no podía ser de otro modo, en las protestas estuvo presente el espíritu de José Luis Iranzo Alquézar. En las puertas de la Audiencia Provincial no faltaron sus amigos que, como todos los días que ha durado el proceso judicial, han mostrado apoyado a la familia y reivindicado verdad y seguridad para el medio rural.