El documento terminará de desarmar el sector en 2027
Sindicatos mineros, Ministerio de Transición Ecológica y Carbunión firmaron este miércoles el 'Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027', es decir, el Plan del Carbón que entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Después de varias reuniones y la rúbrica de un preacuerdo la pasada semana, el documento ya es oficial. La Ministra de Transición, Teresa Ribera, y la de Trabajo, Magdalena Valerio, presidieron el acto. El Marco desarrolla las líneas generales del preacuerdo alcanzado y supone el punto de partida para que Gobierno Central y comunidades autónomas comiencen a trabajar en la reconversión de las cuencas mineras.
Desde CCOO, consideraron que el paso es imprescindible para avanzar. "Estaremos más satisfechos cuando empecemos a ver resultados pero lo que hemos hecho es sentar las bases para comenzar a trabajar", valoró el representante de CCOO por Aragón en las negociaciones, Antonio Montoyo.
UGT señaló que el acuerdo alcanzado es "el mejor posible, además de razonable y positivo, para lograr una transición energética justa". Además, Francisco Montull, el representante de este sindicato por Aragón, recordó que se ha tratado de propiciar que el sector continúe al menos en Aragón. Para ello destacó que el documento establece el compromiso del Gobierno de «promover» más allá de 2018 el uso del carbón autóctono competitivo «como modo de favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a la minería competitiva. "Sabemos que puede ser el último plan y lo que queremos es trabajar para que las zonas mineras no vayan a la despoblación", concluyó.
El Acuerdo se convertirá en Real Decreto en los próximos días y las partes celebrarán comisiones de seguimiento cada seis meses para valorar su cumplimiento.
Las líneas generales
Se establece un marco hasta 2027 para las ayudas a la reactivación; hasta 2025 las medidas excepcionales para empresas; y hasta 2023 las medias para la restauración de minas.
En lo que respecta a la reactivación de las cuencas, el marco reconoce ayudas económicas por valor de 250 millones de euros destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes, así como la puesta en marcha de un Plan de Acción Urgente para las Comarcas Mineras. Este contemplaría actuaciones de restauración de explotaciones, de desarrollo de energías renovables y transición y la elaboración de contratos de transición justa para comarcas afectadas por el cierre de las minas con el objetivo de crear y fijar en empleo a medio y largo plazo.
Se recoge también un Plan social de prejubilaciones dirigido a trabajadores de edad equivalente avanzada de cuarenta y ocho años, con la aplicación del coeficiente reductor que les corresponda o 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, pudiendo también acceder al mismo algunos casos con 20 años trabajados.
Por su parte, los trabajadores afectados por el cierre de empresas que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir del 31 de diciembre de 2018 y a tales efectos de recolocación de los trabajadores prevista en este acuerdo, se considerarán excedentes a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las empresas mineras.
Para estos trabajadores excedentes se articularán con las Comunidades Autónomas su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas. En el caso de Aragón, un centenar de personas podrán acogerse al plan social, según estiman los representantes sindicales aragoneses.
El preacuerdo también contempla planes de formación. En este sentido, se recoge la puesta en marcha de un Plan de formación dirigida hacia las necesidades tengan las nuevas industrias y proyectos empresariales que se vayan a implantar en las comarcas afectadas.
Los trabajadores de las subcontratas de Asturias y León, en contra
Quienes no están de acuerdo con el nuevo plan son los trabajadores de las subcontratas del sector del carbón, que no entran en las prejubilaciones ni en las bajas incentivadas. De hecho, medio centenar de personas se concentraron en las puertas del Ministerio durante el acto convocados por el sindicato USO, con presencia en la cuenca astur-leonesa. Asimismo, parte del comité de la empresa Hullera Vasco Leonesa-Peal permanece encerrado en el ayuntamiento de Pola de Gordón y contratas de Asturias, en el de Cangas del Narcea.
Al respecto, los sindicatos insistieron en que la normativa vigente no permite incluir a estos trabajadores en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.
Greanpeace: "Es un paso en la buena dirección"
Las reacciones no se han hecho esperar. Greenpeace consideró que el Plan " es un paso en la buena dirección para cumplir con el cierre de la minería de carbón como regula la normativa europea". En una nota de prensa valoró que el acuerdo sobre de la minería del carbón en España es fundamental para asegurar unas buenas condiciones para las personas afectadas por el cierre de las minas, pero no es ninguna garantía para que España deje de usar el carbón. Por ello, la organización pide que se establezca el cierre de las térmicas en 2025, como fecha límite.
Quien fue crítico con el Plan fue el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán. Este miércoles dijo en rueda de prensa: "yo no veo infraestructuras de envergadura en estos acuerdos y, por lo tanto, mientras no vea algo positivo, no apruebo este tipo de acuerdos agachando la cabeza y diciendo a todo que si". También el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, que opinó que la firma de este plan supone el cierre de la Central Térmica de Andorra. "Endesa se estaba planteando invertir en la Térmica y no los va a invertir", dijo.
Antes las declaraciones de ambos, cabe destacar que lo que establece el marco son líneas de ayudas anuales que se adjudicarán a unas infraestructuras u otras dependiendo de los proyectos que se presenten.
Con respecto a la inversión de Endesa, el propio director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, reiteró ayer que la situación no ha cambiado. "Ahora mismo no hay ningún avance regulatorio que nos permita garantizar las inversiones para que la Térmica continúe funcionando más allá de 2020", dijo en Alcañiz. Montaner valoró también positivamente el acuerdo sindical alcanzado: "las medidas y acuerdos que están cerrando con sindicatos son buenas y acertadas para garantizar la transición, en la medida de lo posible, justa pero no son medidas regulatorias", señaló.
