A propuesta del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención a la Diputación Provincial de Teruel de 2.250.000 euros para el proyecto ‘Carreteras Provinciales’, dentro de las actuaciones incluidas en el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) 2022. "Un caso más de colaboración institucional que creemos que va a mejorar mucho la seguridad y la cohesión territorial en esta provincia", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, este miércoles, en rueda de prensa.
Se da cumplimiento así al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma de Aragón para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel que favorezcan la generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel. El importe de 2.250.000 euros objeto de la subvención corresponde a dos aplicaciones presupuestarias del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2024.
Ley de Vivienda de Aragón
Además, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón, a propuesta del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López. A partir de esta toma en consideración se iniciará un procedimiento de consultas y participación ciudadana, a través del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, para que la sociedad tenga oportunidad de realizar cuantas aportaciones al texto considere oportunas.
Tras el análisis y valoración de las mismas, podrán ser incorporadas al futuro proyecto de ley, que se someterá en diciembre al procedimiento parlamentario en las Cortes de Aragón, con el fin de acabar sustanciándose en la primera Ley de Vivienda de Aragón, cuya aprobación está prevista a lo largo del año 2025. En el anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón han participado prescriptores cualificados como la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, la Secretaría General Técnica del Departamento de Fomento, así como la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón.
El resultado es un texto de 24.000 palabras con una exposición de motivos que justifica la futura norma en aspectos como el incremento del precio de la vivienda (un 7,5% entre julio de 2023 y junio de 2024), la falta de oferta y la escasa promoción de viviendas, la inadecuada legislación que vierte la responsabilidad de la solución en los tenedores privados, la excesiva orientación a la compra por parte de las políticas que ha derivado en una reducida tenencia de viviendas públicas con las que poder ayudar a los 47.000 jóvenes aragoneses que se topan con problemas de emancipación.
En base a lo anterior, el anteproyecto de Ley de Vivienda establece un decálogo de actuaciones para revertir la situación en la Comunidad Autónoma:
- Poner gratuitamente a disposición de la promoción de viviendas los suelos de titularidad pública que no vayan a destinarse a equipamientos públicos.
- Garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para contribuir a la promoción de nuevas viviendas, mediante iniciativa pública directa o en régimen de colaboración con la iniciativa privada.
- Garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios para ayudar a los demandantes de vivienda, a fin de que no deban destinar a la satisfacción de esta necesidad más allá del 30% de sus ingresos.
- Ofrecer soluciones diferenciadas atendiendo a las características y necesidades de cada municipio, ya sean estos capitales de provincia, poblaciones de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos.
- Regular con criterios adaptados a las circunstancias sociales actuales las viviendas protegidas, impulsando ayudas directas a los promotores para que la vivienda protegida vuelva a ser una figura que contribuya a la solución del problema de la vivienda sin que su apuesta por ella genere quebrantos en la cuenta de resultados de las empresas promotoras.
- Utilizar cuantos instrumentos y programas estén a disposición para la adquisición de viviendas ya construidas a efectos de incorporarlas al parque de vivienda pública de Aragón.
- Contemplar modos habitacionales complementarios o alternativos, públicos o privados, adaptados a las actuales demandas sociales, tales como alojamientos para trabajadores del sector productivo (turístico u otros) o modos de vivienda en las que no solo se comparte el espacio físico, sino también, aficiones, actividades sociales y estilos de vida, los comúnmente conocidos como cohousing o coliving.
- Regular la condición y régimen de uso de las viviendas sociales para destinarlas a la asistencia a sectores de la población extremadamente vulnerables.
- Colaborar con el resto de administraciones públicas mediante programas y acuerdos que permitan incrementar el número de viviendas como mejor manera de intervenir desde la iniciativa pública en un mercado inmobiliario hoy constreñido por la escasez de oferta, los altos precios del alquiler y la dificultad de acceso a los créditos hipotecarios.
- Posibilitar temporalmente en suelos definidos para uso terciario la construcción de vivienda protegida.
