Más de tres años después de que Igor el Ruso perforara el hígado de Manuel Andreu y reventara el brazo a Manuel Marcuello con sendos tiros de pistola, estos dos vecinos de Albalate del Arzobispo no han percibido ni un euro de indemnización por aquellos hechos delictivos. La Audiencia de Teruel condenó a Norbert Feher a 21 años de prisión y a pagar a sus víctimas 26.605,99 euros y 82.618,99 euros, respectivamente, pero la declaración del exmilitar serbio como insolvente convirtió en papel mojado la parte económica de la sentencia.
La única vía que Andreu, ya jubilado, y Marcuello, cerrajero de profesión, han encontrado para ser compensados de aquel suceso que pudo costarles la vida es acudir a la Ley de Ayudas a Víctimas de Delitos, por la que el Estado satisface una cuantía en base a las secuelas y el grado de discapacidad que las heridas dejan en las víctimas para desempeñar su vida y su trabajo. Los dos vecinos han hallado el apoyo que necesitaban en la Oficina de la Víctima de la Administración Judicial en Teruel, que ha asumido la compleja tramitación de las solicitudes.
Las cuantías fijadas en la sentencia judicial no las percibirán nunca, pero dicha normativa prevé, al menos, conceder a los damnificados entre 40 y 130 mensualidades, dependiendo del grado de incapacidad y siempre de acuerdo al Iprem, el indicador de referencia para asignar ayudas y subsidios en función de los ingresos de cada cual. Aún así, Andreu y Marcuello todavía tendrán que esperar varios meses hasta conocer la resolución del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recibir la ayuda. La solicitud fue enviada a Madrid el pasado 22 de febrero; antes no fue posible por el rosario de pasos administrativos que había que dar previamente.
Igor el Ruso intentó matar a Andreu y a Marcuello el 5 de diciembre de 2017, cuando los dos iban a reparar la puerta estropeada del masico propiedad del primero. El juicio por estos hechos se celebró el 28 de enero de 2020 y el fallo se conoció un mes después, pero la sentencia no fue firme hasta octubre de ese año, cuando el Tribunal Supremo, como ya había hecho antes el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, declaró la firmeza de la sentencia de la Audiencia de Teruel. Aún tendría que dictarse el auto de ejecución, que no llegó hasta noviembre del año pasado, y el decreto de insolvencia del procesado, que se produjo el pasado 1 de febrero.
"No me ha sorprendido. Ya me imaginaba que resolver la cuestión económica sería difícil y que pasado un tiempo del suceso, no se acordarían de nosotros", afirma Manuel Andreu. "Pero yo estoy tranquilo –continúa–; salí con vida de aquello, solo me quedan secuelas psíquicas".
Tras el tiroteo en la casa de campo de Manuel Andreu, tanto este como Marcuello quedaron malheridos y atravesaron una larga convalecencia hasta su restablecimiento total. Aquellos hechos resultaron ser un anticipo de un suceso todavía con peores consecuencias, pues solo 9 días mas tarde, no muy lejos de allí, Igor el Ruso acabaría con la vida del ganadero José Luis Iranzo y de los agentes de la Guardia Civil del puesto de Alcañiz Víctor Romero y Víctor Caballero.
El juicio por este triple crimen, que arranca el 12 de abril, también lleva retraso debido al cambio de jueces durante la instrucción y a la sustitución temporal de un magistrado de la Audiencia de Teruel por un juez que, al haber participado en la investigación, no podía resolver apelaciones.
