«Compensar al medio rural por el esfuerzo que se ha realizado por la implantación de las renovables» es el objetivo del proyecto de Ley para la creación de los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos de la comunidad que la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha presentado y defendido este jueves en las Cortes. En su debate a la totalidad ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción del Grupo Socialista, que se ha abstenido.
Más concretamente, las compensaciones quieren paliar las «afecciones» a las que están sometidos los municipios y también los «sacrificios» a los que tienen que hacer frente. Desde el Ejecutivo se pretende «superar la división que se ha producido en no pocos territorios» y también «compensar a esas localidades» a través de políticas concretas que «revierten en el territorio y que serán un instrumento eficaz para paliar la despoblación».
La vicepresidenta ha asegurado que se quiere facilitar a las empresas del sector para que se conviertan «no sólo en decisivas para el desarrollo económico», sino que también «puedan demostrar un compromiso específico con el desarrollo rural». Y en ello ha reconocido la «responsabilidad social» de las citadas organizaciones con el territorio en el que se implican, constatado con la mayoría de corporaciones con las que se han mantenido contactos en la fase de redacción de la normativa.
Por lo que respecta a las instalaciones eólicas, se gravará una parte variable en función de la altura del aerogenerador y una parte fija, en función de la potencia de la instalación. En cuanto a los parques que terminen su periodo de explotación seguirán pagando el impuesto si no se desmontan. En fotovoltaica, se gravará en función de la superficie de la instalación, es decir de las hectáreas ocupadas por el parque. En el caso de las líneas eléctricas de alta tensión que cruzan de punta a punta el territorio se grava el transporte de la energía. Por cada kilómetro de longitud de línea eléctrica de tensión igual o superior a 400 kilovatios se pagará 1.380 euros.
Tres ejes de ejecución
Desde el Gobierno se apuesta por la creación de dicho gravamen sobre los parques eólicos y fotovoltaicos, al que se suma la modificación del centrado en las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. En relación a las energías eólicas, se tendrá en consideración la potencia instalada y la altura de los molinos, que serán los factores que determinarán el impacto. Con respecto a los parques fotovoltaicos, se computará la cantidad de hectáreas ocupadas, quedando exentos los proyectos instalados sobre cubiertas y tejados. Y, en las líneas eléctricas de alta tensión, se fijará el impuesto mediante los kilómetros de tendido.
«Estos tres ejes y la forma de afrontarlos harán que Aragón se integre entre las comunidades autónomas que, desde hace años, regulan esta cuestión desde similares puntos de partida y con objetivos iguales», ha especificado Vaquero.
La oposición pide más trabajo
Aunque la propuesta ha salido adelante no fue por unanimidad, sino que los socialistas se abstuvieron asegurando que el texto del proyecto que se presentaba ante la cámara estaba muy lejos del proyecto de la anterior legislatura. El diputado socialista, Oscar Galeano ha asegurado que la recaudación de este impuesto según el modelo que contempla el PP «solo servirá para tapar otros agujeros que empiezan a generar con las rebajas fiscales para grandes patrimonios». En este sentido el del PSOE ha abogado por apostar por «la progresividad» y ha anunciado que mucho tendría que cambiar el texto para que los socialistas pudieran apoyarlo.
Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha recordado que la recaudación debería ir destinada a proteger de daños el patrimonio natural, de fauna y flora que se ve afectado por molinos y placas solares. Guitarte pidió adoptar «el modelo del norte de Europa», en el que al menos un 20% de los ingresos que se producen se quedan en el territorio a través de empresas locales, primando el autoconsumo.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, también ha opinado que estos impuestos «son oportunos para proteger medio ambiente y paisaje, para luchar contra la despoblación». Aunque ha manifestado su preocupación por la posible modificación del texto, durante su tramitación, para que las grandes empresas queden exoneradas.
Una posibilidad que también ha preocupado a Izquierda Unida y Podemos. Álvaro Sanz (IU) ha repreguntado por qué se grava más a la producción de energía solar que a la eólica y ha recomendado distribuir el impuesto teniendo en cuenta el daño ambiental, entre otros criterios. Andoni Corrales (Podemos) ha exigido que se destine hasta el 90% de la recaudación al territorio y no al departamento de Despoblación Territorial Nolasco.
Por su parte, desde el PAR, su portavoz Alberto Izquierdo ha sentenciado que solo sean 15 de los 100 millones que se prevén recaudar los que vayan a destinarse a despoblación. «El territorio ha dado mucho para que las energías renovables se desarrollen en Aragón», ha recordado y ha mantenido que desde su agrupación consideran las renovables «necesarias» siempre que estén organizadas por el Gobierno.
Por último, Vox ha mostrado su apoyo al nuevo gravamen. Si bien el diputado Fermín Civiac, ha recordado que su agrupación está en contra de la subida y la creación de nuevos impuestos, consideran que este sí que es necesario. «Como en el caso de la burbuja inmobiliaria han aparecido las empresas que se especializan en conseguir autorizaciones y adjudicaciones para la evacuación de energía y que la revenden pegando el pelotazo», ha sentenciado y ha criticado que el despliegue en Aragón durante los últimos años ha sido «descontrolado e impulsado por el favor político».
El texto queda ahora a la espera de que las diversas agrupaciones presenten las alegaciones pertinentes a partir de las cuales se redactará el texto final de la ley que será aprobada por el pleno en próximas sesiones.
España tiene 57000 mw de energía renovable. Y esos 57000 mw de energía renovable están instalados en el 86 % en la España Rural . básicamente en Castilla la Mancha . Castilla león. Aragón . Extremadura. ( No en Madrid . ni comunidad valenciana , ni Cataluña ). Por otro lado en Aragón tenemos 27.000 mw de energía renovable . Una comunidad muy despoblada . Salvo Zaragoza etc . que también tiene sus renovables muy próximas . El 80 % de energía eléctrica en Aragón se genera con renovables .
Parte de esos impuestos debieran revertirlos en reparar el estado de las carreteras que con tanto trasiego de material han quedado destrozadas, también a las empresas de gravas y arcillas que también colaboran a ello.
A eso se le llama comprar el territorio y vender a la gente. Soro debería explicar como se va a proteger el paisaje con ese impuesto si ya estará destruido y prostituido. Esto es una vergüenza colosal que los políticos de bajas y altas esferas amparan como si el territorio fuera suyo.