El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) incorporará 10 nuevos puestos de trabajo para agilizar la resolución de expedientes ambientales complejos en Aragón, después de que el Consejo de Gobierno haya dado luz verde a un programa de empleo temporal dotado con 1.419.984,18 euros. La medida permitirá reforzar la tramitación de autorizaciones ambientales integradas, evaluaciones de proyectos estratégicos y planes de interés general, en un contexto de aumento sostenido de solicitudes ligadas a inversiones industriales, energéticas y de infraestructuras.
La incorporación autorizada contempla 7 plazas del grupo A1 y 3 del grupo A2, que tendrán carácter temporal hasta abril de 2028, con posibilidad de prórroga hasta 2029. El objetivo es aliviar la carga de trabajo derivada de expedientes de especial complejidad y dar respuesta a un volumen creciente de procedimientos vinculados a nuevas inversiones con impacto económico y laboral.
Este nuevo paso se integra en el plan de agilización impulsado por el Gobierno de Aragón desde junio de 2024, con el que el instituto ha ido reforzando su estructura, reduciendo el atasco administrativo y avanzando en la digitalización. Según los datos facilitados, el INAGA ha pasado ya de 72 a 86 efectivos gracias a la creación de 14 nuevos puestos estructurales, lo que supone un incremento cercano al 19,5%. Con la suma de estos diez refuerzos temporales, la plantilla alcanzará los 96 trabajadores, es decir, 24 puestos más que al inicio del proceso y un crecimiento acumulado del 33,3%.
La decisión responde al incremento sostenido de expedientes de alta complejidad que tramita el organismo. Entre ellos figuran más de 130 solicitudes de autorización ambiental integrada en el ámbito industrial, incluidas numerosas plantas de biogás, además de 15 planes de interés general de Aragón actualmente en tramitación. Todos ellos están ligados a inversiones relevantes y a la creación de empleo, lo que añade presión sobre los tiempos de resolución administrativa.
Los nuevos técnicos participarán en todas las fases de la tramitación ambiental. Su trabajo abarcará desde el análisis de la documentación presentada y la validación de solicitudes hasta la redacción de informes técnicos y propuestas de resolución. También asumirán tareas como la petición y evaluación de informes sectoriales, el estudio de alegaciones y la supervisión del procedimiento administrativo completo.
La labor de este personal se centrará especialmente en los expedientes más exigentes, entre ellos las autorizaciones ambientales integradas, tanto industriales como ganaderas, las evaluaciones ambientales de proyectos estratégicos y de infraestructuras, así como procedimientos relacionados con residuos, emisiones a la atmósfera o informes vinculados al medio natural.
El Gobierno autonómico subraya que este refuerzo de personal ha ido acompañado de una transformación interna en la organización y en la gestión tecnológica del instituto. En menos de dos años, el número de expedientes activos ha bajado de cerca de 7.500 a 4.400, mientras que los procedimientos fuera de plazo se han reducido un 44%, al pasar de 4.875 a 2.750.
A ello se suma el avance de la tramitación electrónica, que ha pasado del 0% al 80% de los procedimientos y permite gestionar en torno a 9.500 expedientes al año mediante herramientas digitales integradas. Esta evolución ha contribuido a mejorar la capacidad de respuesta del organismo y a rebajar tiempos de gestión en un área clave para el desarrollo de proyectos empresariales y territoriales.
El plan de reorganización también ha reducido de forma drástica la dependencia de asistencias externas. Según los datos trasladados por el Ejecutivo aragonés, los encargos a consultoras para evaluaciones de impacto ambiental han caído en más de un 99% en apenas tres años, y en los últimos ejercicios no se ha recurrido a este recurso en ningún proyecto de energías renovables.
