La izquierda se opuso en bloque, este miércoles, a la moción del Partido Popular en la Diputación de Zaragoza (DPZ) para apoyar a la futura Denominación de Origen de Vinos del Matarraña, que se está impulsando desde el territorio. El objetivo de la moción era instar a la institución a suscribir un convenio de colaboración con la Asociación de Viñedos y Bodegas del Matarraña, "tal y como se otorga a las D.O. de Calatayud, Campo de Borja y Cariñena".
El PP señaló que nueve de las 16 bodegas de la zona ya están trabajando en los pliegos de condiciones necesarios para obtener el reconocimiento europeo, con el respaldo del Gobierno de Aragón. "Este proyecto tendrá un impacto especialmente relevante en los municipios zaragozanos de Nonaspe, Maella, Fayón y Fabara, donde la actividad vitivinícola representa una oportunidad real de desarrollo económico, diversificación productiva, atracción turística y mantenimiento de población", recalcó Pablo Blanquet añadiendo que si se habla de vino "no se habla solo de botellas o etiquetas, son familias, esfuerzo diario frente a heladas y sequías, jóvenes que quieren quedarse en su tierra y pueblos que no se resignan".
El equipo de Gobierno sostiene que, de todas las bodegas que están participando en este proceso, solo una de ellas está en la provincia de Zaragoza, concretamente en Nonaspe. «Frente a ello, la DOP de Cariñena tiene 32 bodegas inscritas, la de Borja tiene 15 y la de Calatayud tiene 13. Entenderá, por tanto, que no puede haber igualdad de condiciones», apuntaron los socialistas. Sostienen que ahora mismo la D.O. «todavía no existe» y, por tanto, todavía no se puede firmar con ellos un convenio.
PSOE, CHA y En Común-IU votaron en contra, mientras que Vox fue el único aliado de los populares, quedando rechazada la propuesta.
Más guardias civiles en el territorio
Tampoco salió adelante una segunda moción del PP para exigir a la DPZ un compromiso "serio y real" que garantice la seguridad en el medio rural y la cobertura inmediata de las plazas vacantes de la Guardia Civil en la provincia.
La portavoz ha denunciado que la realidad «es muy distinta». «Robos en granjas porcinas en Caspe, bandas organizadas que actúan con violencia, robo persistente de cable y cobre, asaltos en viviendas de Calatorao y Épila incluso con personas en su interior, delitos en Tarazona, Gallur, Herrera de los Navarros y otros muchos municipios». «En 2020 se cometieron 15.000 infracciones penales en la provincia; en 2025 han sido 22.000», ha subrayado.
Lázaro manifestó que «el problema es claro, la falta de efectivos». «Los delincuentes saben perfectamente cuándo hay vigilancia y cuándo pueden actuar impunemente, y eso es por la falta de Guardia Civil en el medio rural», ha afirmado la portavoz. Aunque los ayuntamientos están haciendo esfuerzos, instalando cámaras de seguridad y reforzando medios municipales, Lázaro ha insistido en que «la seguridad no la pueden garantizar los alcaldes en soledad, la tiene que garantizar el Ministerio del Interior».
Por su parte, desde el equipo de Gobierno sostienen que «hoy Aragón cuenta con el máximo histórico de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, con un 6 % más que en 2018. Nuestra comunidad se sitúa en la media nacional, con 3,9 agentes por cada mil habitantes, y la seguridad está garantizada. Además, el pasado mes de diciembre se acordó entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón la adscripción de una unidad de 150 policías nacionales a nuestra comunidad».
