Pertenece a una hornada de juristas que empujan para que la conservación de la naturaleza no se quede en palabras huecas. Anima a la sociedad a implicarse para atajar la muerte de pájaros en líneas eléctricas y confiesa sentirse «desarmado» como fiscal ante una normativa sobre tendidos que es, a su juicio, poco exigente.
Ha agitado conciencias con un artículo en la revista Intercids –creada por operadores jurídicos– en el que acuña el término ‘biocidio’ para alertar de la mortandad de aves electrocutadas en tendidos eléctricos.
Es una tragedia medioambiental que, al ocurrir en pleno monte, pasa desapercibida. El Ministerio para la Transición Ecológica habla de 33.000 rapaces muertas al año en España, pero algunas oenegés elevan esta cifra a 337.000. De seguir así, en poco tiempo, algunas de las especies más emblemáticas podrían extinguirse. Me he inventado la palabra ‘biocidio’ en paralelismo a ‘genocidio’ –alusiva a humanos– para advertir del exterminio de animales que forman la biodiversidad.
¿Los datos son mejores en otros países?
No. No es un problema exclusivo de España, ni mucho menos. En nuestro país, la cuestión es que quedan muchos kilómetros de tendidos eléctricos antiguos que no están adaptados a la normativa actual y que se convierten en sumideros de aves.
¿La situación se agrava en Teruel, una provincia históricamente productora y evacuadora de energía eléctrica?
Al revés; hay menos kilómetros de tendidos dada la menor demanda de electricidad. Esto es la España vaciada. A cambio, hay zonas con baja concentración de habitantes que tienen mayor densidad de aves protegidas y hay más riesgo.
¿La proliferación de parques eólicos, con aerogeneradores de grandes aspas y que también tienen que distribuir la electricidad, podría acentuar el desastre ambiental?
Los aerogeneradores son un problema por la colisión y afectan a las especies más pequeñitas. Todas las infraestructuras humanas tienen un impacto y hay que estudiar cómo minimizarlo, porque necesitamos el entorno para sobrevivir y porque debemos dejar a nuestros sucesores un planeta en buenas condiciones.
¿Falta normativa que regule las condiciones de los tendidos?
Hay normativa, y no poca, pero es tan parca y poco exigente, sobre todo con las empresas de distribución eléctrica, que incurre en el vicio de la inconstitucionalidad, por vulnerar la jerarquía normativa.
¿Qué quiere decir?
Existen unas directivas europeas que los países y, en España, las Comunidades Autónomas, tienen que desarrollar en detalle para proteger la biodiversidad, si no, estamos incumpliendo la normativa europea. Esta regulación, no obstante, es endeble, laxa, ambigua y contradictoria en la ejecución de medidas. Hay que clarificarla, de lo contrario, las empresas eléctricas tienen escapatorias.
¿Cuáles son esas escapatorias?
El decreto que regula las condiciones que deben tener los tendidos eléctricos para evitar las muertes de las aves, del año 2008, limita esas medidas a líneas que pasan por espacios protegidos, pero los pájaros no entienden de esos límites y vuelan por todas partes. Además, no deja claro quién paga el coste de la corrección de los tendidos anticuados, si la Administración o sus titulares. Otra coartada es que no se obliga a las líneas desfasadas a adaptarse a la actualidad.
¿Cree que el ecologismo ha venido para quedarse o es una moda pasajera?
De momento siguen siendo palabras huecas y, en el fondo, una moda transitoria. De vez en cuando, viene Greta Thumberg y nos acordamos de la naturaleza, pero no se plasma en la regulación. Y estoy seguro de que si los usuarios supiéramos que algún coste tendría que tener en nuestro gasto de consumo eléctrico el hecho de tener que ir cambiando miles y miles de kilómetros de tendidos eléctricos para adecuarlos a las medidas de seguridad con las mejores tecnologías disponibles, ¡ya veríamos cuántos son ecologistas!.
¿Por dónde habría que empezar para acabar con las muertes de aves por electrocución?
Primero por conocer el problema. Somos tan ‘urbanícolas’ que ni sabemos de estas cosas ni tenemos conciencia y el resultado es que la opinión pública no es tan exigente con estas cosas. Es preciso concienciar a la sociedad para que salga de su pasividad ante esta catástrofe para la biodiversidad.
¿Y el paso siguiente?
Regulación, inspección y ejecución. La actividad administrativa en defensa del medio ambiente y los animales es escasa. Recalco la inexistencia, casi absoluta, no ya de sanciones penales o administrativas, sino de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, con la que, a partir de unos parámetros fijados, se puede requerir a un operador económico para llevar a cabo medidas que eviten el daño a los animales.
¿Qué puede hacer la Fiscalía?
Penalmente, es muy dificil encasillar la omisión de ciertas medidas de seguridad cuando no existe una normativa clara. Otra cuestión es la labor de infracciones administrativas. La regulación para tendidos eléctricos no adaptados es de 2008. Ya han pasado unos años y no hemos sido capaces de que, los que tienen que ejecutar esa normativa, que son las comunidades autónomas haciendo un inventario de las instalaciones peligrosas para exigir su rectificación, lo hagan.
¿Las empresas eléctricas hacen sus deberes?
Cuando los hacen, suelen usar el argumento de que los realizan voluntariamente porque son ecologistas. Pero no debemos esperar a que los demás sean buenos para hacer infraestructuras seguras, debe haber normas obligatorias.
