«Hay que tratar a los Ayuntamientos como mayores de edad, dotándoles de fondos incondicionados para que cada Ayuntamiento los invierta donde estime conveniente, porque son los propios Ayuntamientos quienes saben cuáles son las necesidades más importantes de sus municipios y sus ciudadanos», ha indicado el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, en su comparecencia este lunes en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.
El director general se ha mostrado absolutamente partidario de que el Gobierno de Aragón sea un punto de encuentro con todas las administraciones locales y se ha ofrecido para que la Dirección General, de la que es responsable, sea en esta legislatura una herramienta útil para solucionar los problemas de los ciudadanos «para homogeneizar servicios, para que tengan una misma calidad con independencia de donde vivan los aragoneses. Para hablar y alcanzar acuerdos y consensos».
En su intervención, José Ramón Ibáñez ha apostado por «devolver la autonomía financiera que nunca debieron perder los Ayuntamientos» y en este sentido se ha mostrado partidario de dotarles de fondos incondicionados «que resuelvan las inversiones que estimen prioritarias» y a trabajar, junto al resto de las CCAA para conseguir la derogación de la mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que impide a los municipios prestar servicios y ejecutar inversiones financieramente sostenibles con el dinero que tienen en los bancos.
En este sentido, ha informado de que ya se ha firmado la orden de inicio para elaborar una nueva Ley de Financiación Municipal con un fondo incondicionado, texto normativo que no pudo cubrir su tramitación parlamentaria en la pasada legislatura.
El director general de Administración Local ha insistido en que el Gobierno de Aragón duplicó en la pasada legislatura el Fondo de Cooperación Municipal, pasando de 9,5 millones de euros a casi 21 millones de euros, importe que ya ha sido satisfecho a los municipios en sus dos primeros trimestres.
José Ramón Ibáñez recordó que de los 731 municipios que completan el mapa aragonés 625 están por debajo de los 1.000 habitantes y 209 por debajo de los 100, unas cifras que ponen claramente de manifiesto el problema demográfico y nos emplazan a la búsqueda de soluciones ante el reto inaplazable que supone la despoblación del medio rural.