Nieves Sánchez, la hasta el pasado viernes jefa de gabinete de Teruel Existe y esposa de Tomás Guitarte, podría no ser finalmente investigada. El magistrado Manuel Turmo Peña, responsable del Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Teruel, ha decretado el sobreseimiento provisional del procedimiento abierto contra ella al considerar que no hay indicios suficientes.
El auto sostiene que «el proceso penal no puede iniciarse sobre meras conjeturas acerca de una intervención indirecta no descrita, ni sobre la sola sospecha», y subraya que no se aporta un relato fáctico con entidad suficiente para afirmar, siquiera en términos iniciales, la existencia de indicios racionales de criminalidad imputables a la denunciada. Añade que la denuncia «carece del soporte indiciario mínimo exigible para justificar la apertura y mantenimiento de unas diligencias penales» y concluye que resulta improcedente acordar diligencias encaminadas a comprobar elementos típicos del delito cuya ausencia se reconoce en el propio escrito.
La causa investigaba presuntos delitos contra la Administración Pública, entre ellos negociaciones y actividades prohibidas a funcionario público y tráfico de influencias, así como prevaricación administrativa y fraude a la Administración. Con esta resolución, el juez acuerda el archivo provisional de las diligencias.
Asimismo, el magistrado expresa igualmente que la denuncia no aporta indicios de manipulación del procedimiento ni datos objetivos que permitan sostener una imputación penal, ni siquiera de forma indiciaria. Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recuerda que no es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona, un ámbito profesional o un fenómeno, por más reprochables que pudieran parecer, y que solo cabe seguir un procedimiento cuando existan indicios de comisión de una infracción penal. Puntualiza además que un proceso penal instrumentado en la «inquisición general» no es compatible con la Constitución.
TE exigirá compensación
Teruel Existe ha anunciado que estudiará todas las vías judiciales «para exigir el resarcimiento por el daño causado a la imagen y al honor de Nieves Sánchez, a terceros ajenos a la esfera pública y a la propia formación política». Está previsto que este martes el líder de la formación, Tomás Guitarte, comparezca ante los medios para dar más información sobre la situación. Sánchez presentó el pasado jueves su dimisión, aunque negó a través de un comunicado su vinculación con lo denunciado.
Según la denuncia formulada por un empresario de Calamocha, la empresa de la que es titular Nieves Sánchez, Arquilab, firmó dos contratos menores por un importe total de 28.380 euros con el Gobierno aragonés entre 2023 y 2024 relacionados con las obras del nuevo hospital de Teruel. Estos encargos serían, a juicio del denunciante, incompatibles con el trabajo de la jefa de gabinete. Arquilab se encarga de la dirección de obras desde 2018, antes de que Nieves Sánchez y Tomás Guitarte iniciaran su carrera política, y los nuevos contratos obedecen a modificados del proyecto.
A ver qué va a decir ahora el señor izquierdo( por decir algo) que es tan carroña que con su propio trabajo no puede ganar al rival que tiene que inventar sobre el rival.Yo entiendo que los partidos que están investigados por la UCO ( PAR,PSOE,CHA y PODEMOS) y el PSOE de calamocha presuntamente por irregularidades y malversación por otro lado estén nerviosos.Teruel Existe no es partido corrupto ni hemos venido por sillones.Y la verdad sale y nos quieren hundir pero lucharemos y denunciaremos lo que no sea lícito.Y nadie nos va a callar
Cristina dices que «Teruel Existe no es partido corrupto ni hemos venido por sillones¨. Podrías decirme que hace en el Ayuntamiento de Castellote ? Pasar el tiempo quizás ?
Que la denuncia interpuesta por un particular no haya prosperado no significa que sea muy ético y legal lo de la señora del jefe, así que clases de ética ninguna, ni de unos ni de otros.
Pues si consideras que no es legal denúncialo y que hable la Justicia. Que difamar, soltar bulos y esparcir sospechas sin ninguna prueba es muy fácil.
Hace falta un poco más de rigor.No está siendo investigada. No se ha admitido a tramite la denuncia por el Juez y se ha archivado provisionalmente porque lo que han presentado no hay por donde agarrarlo. Nos daremos cuenta en breve de las intenciones que llevan entre manos esta panda…)
Ahora quien y como va a pagar los daños morales por una denuncia sin pies ni cabeza ? La justicia tendría que actuar contra el denunciante porque es muy fácil echar m…. sabiendo que no le va a pasar nada
Que no existan indicios de criminalidad para abrir un proceso penal significa exactamente eso. No implica que en las actividades realizadas no haya irregularidades administrativas o cuestionables desde un punto de vista de higiene y transparencia.
Pues si consideras que hay irregularidades administrativas puedes acudir a la Justicia de nuevo, que es muy fácil soltar bulos y esparcir sospechas sin ninguna prueba.
He dicho «no implica». No he soltado ningún bulo, cada actuación tiene relevancia en su ámbito. Para condenar penalmente hacen falta pruebas que en este caso no habría por eso el juez sobresee. Saludos
Cuidado con vender un archivo provisional como si fuera una absolución. No lo es. Significa únicamente que, por ahora, el juzgado no aprecia indicios suficientes para continuar por la vía penal. No hay sentencia, no hay pronunciamiento sobre el fondo y no hay exoneración definitiva.
Y conviene no mezclar planos: que no haya reproche penal no convierte automáticamente una actuación en intachable desde el punto de vista político o ético. El Derecho penal es la última ratio; no todo lo discutible es delito, pero eso no lo hace ejemplar.
Resulta llamativa, eso sí, la movilización casi automática de militantes y simpatizantes de «Teruel Exizte», siempre dispuestos a descalificar a quien plantea preguntas legítimas. Cuando la defensa cerrada sustituye al debate, el mensaje que se lanza es claro: aquí no se cuestiona nada.
El fondo sigue siendo el mismo: ¿es compatible, con dedicación exclusiva y más de 44.000 euros de salario público, concurrir y aceptar ampliaciones de contrato? Plantearlo no es atacar; es fiscalizar. Y la política debería ser servicio público, no una herramienta para lucrarse y un espacio blindado frente a cualquier crítica.