La sanidad, la educación y las comunicaciones centraron las quejas de los habitantes del medio rural al Justicia de Aragón el pasado año. Los retrasos en la realización de pruebas diagnósticas, la falta de transporte escolar, las coberturas y prestación de servicios de telefonía y los problemas en las rutas de transporte tanto urbanos como interurbanos han sido las principales reclamaciones que recoge el Informe Anual del Justiciazgo correspondiente al año 2023.
Este documento de casi 500 páginas ya se ha entregado a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; y ahora deberá ser expuesto oralmente ante el pleno de la Cámara, una obligación legal que no se cumplió en 2022 y 2023 al no convocarse la sesión específica.
Los números, que para el Justicia tienen una «relativa importancia» para analizar el trabajo anual de esta institución, son similares a los de años anteriores. En 2023 se abrieron 1.745 nuevos expedientes frente a los 1.721 del año anterior. Se tramitaron un total de 2.278 expedientes y se dictaron 173 resoluciones, entre sugerencias recomendaciones y recordatorios de deberes legales, de las cuales únicamente 16 fueron expresamente rechazadas por la administración.
Los problemas sanitarios fueron los que más quejas recabaron, con 252; seguidos de los servicios sociales (166), educación (162), servicios públicos y transportes (152+6), función pública (133), interior (113), justicia (102) y hacienda (102).
Aunque con un número inferior al centenar de reclamaciones, la insuficiencia de un parque público de vivienda en alquiler, en especial en el ámbito rural, y los retrasos en las ayudas también motivaron las quejas de los aragoneses junto a la problemática de las casas en situación de ruina en los pueblos y su conservación o derribo.
En el Bajo Aragón Histórico se abrieron 58 expedientes y tres en las Cuencas Mineras. La sanidad y la educación coparon muchas de estas quejas. Los ciudadanos trasladaron al Justicia la falta de médicos, los retrasos en la realización de pruebas diagnósticas y el trato dispensando en los servicios de atención al paciente en cuanto al derecho a la información.
Una paciente de oncología del Hospital de Alcañiz expuso que se habían retrasado los comités de valoración para ver si tenía metástasis en el hígado debido a los retrasos en la realización de las resonancias magnéticas realizadas en el camión móvil y en la emisión de los informes así como a la mala calidad de las imágenes.
Otro ciudadano hizo referencia a la falta de profesionales cualificados en la unidad de salud mental de Alcañiz y las consecuencias que esto tiene para los pacientes.
En materia educativa, las principales materias motivo de queja fueron respecto a transporte escolar y reagrupación familiar en escolarización. Llegó hasta el Justicia la falta de la ruta de transporte escolar Alcañiz-IES Mar de Aragón de Caspe ya solucionada al igual que la falta de transporte escolar para tres alumnos del Colegio Gloria Fuertes de Andorra.
En cuanto a otros asuntos, se organizó una mediación por las quejas vecinales en la calle Santiago Hernández Ruiz de Valderrobres por «los horarios de apertura de los bares, ruidos, inseguridad, difícil accesibilidad porque las terrazas de los bares copan gran parte de la calle y la práctica de botellones».
Asimismo, se tramitó un expediente con el Ayuntamiento de Caspe porque una persona estaba causando lesiones a animales domésticos con una carabina de perdigones, entre los que se encontraba la gata de la promotora de la iniciativa. Se solicitó la colaboración de la Policía Local para que llevara a cabo las pesquisas oportunas al objeto de poder localizar a la persona que estaba causando las lesiones a los animales así como una especial vigilancia de la zona.
Una vecina de Albalate denunció que la vivienda ubicada frente a la suya estaba abandonada y las ventanas se encontraban abiertas, lo que originaba que las palomas entraran en el interior y se convirtieran en una plaga. Después de reiteradas peticiones, se consiguió que el Ayuntamiento contratara a una empresa que «capturó cientos de palomas».
Un calandino expuso el «retraso» en la respuesta, por parte del Ayuntamiento de Calanda, a una instancia presentada por Registro Municipal en la que se solicitaba información acerca de tres fosas comunes de la Guerra Civil. También al Ayuntamiento calandino se le formuló una sugerencia en relación con las instalaciones y emplazamientos con amianto para que elaborara un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada siguiendo la Ley.
Por su parte, Samper de Calanda se encuentra entre los municipios en los que se han tramitado expedientes porque «las fiestas patronales suelen llevar a aparejadas las molestias de ruidos y suciedad para aquellos vecinos que residen junto a los emplazamientos donde se instalan las actividades musicales».
