Mazazo a una de las posibles salidas para la empresa textil Marie Claire, que se encuentra en concurso de acreedores. El juzgado de Castellón decidió paralizar la operación de compra de la centenaria empresa y que proponía el grupo hispano-polaco Formen Koltex. La decisión supone un nuevo contratiempo para asegurar la continuidad de Marie Claire, con 72 trabajadores actualmente en ERE y que está situada en la localidad castellonense de Villafranca del Cid.
Muchos de esos trabajadores son del Maestrazgo, por ello este nuevo varapalo para que la fábrica pueda reanudar su actividad ha sido acogida con gran pesimismo. «Si no se encuentra una salida y no se reanuda la actividad de la fábrica podemos estar ante un daño irreparable para el territorio. La situación es muy preocupante», explica Fernando Safont, presidente de la comarca del Maestrazgo y alcalde de La Iglesuela del Cid.
Según confirmó Jordi Casserras, administrador concursal, la decisión del Juzgado Mercantil de Castellón «se ajusta a derecho». No obstante, cualquiera de las partes implicadas en esta operación tiene ahora 5 días para recurrir la decisión que tomó la juez. Este plazo expira el próximo Casserras reconoció que los argumentos que esgrime el Juzgado son todos ellos de peso. No obstante manifestó «no tirar la toalla» y a pesar de este varapalo, cree que todavía existe margen para poder salvar la empresa. «Seguiré trabajando para encontrar todas las posibilidades para que Marie Claire no se cierre. Es cierto que ahora mismo lo tengo muy complicado, porque la decisión contempla argumentos muy claros y es difícil recurrirla», reconoció Casserras.
No obstante, cree que aún hay margen de maniobra antes de plantear el cierre de la empresa. «Tengo que recodar que la fábrica está ahí, la marca sigue, existe en las tiendas y ni mucho menos estamos hablando de fase de liquidación», añade el administrador concursal. Todo ello después de que diferentes informaciones apuntasen a todo lo contrario, ya que el clima era de optimismo y se esperaba una resolución favorable a la compra del tejido productivo de esta empresa.
Según diferentes informaciones aparecidas en medios de la Comunidad Valenciana como El Periódico Mediterráneo el principal escollo para que esta última operación de compra, dentro del procedimiento concursal, sería la oposición del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), uno de los acreedores de la firma y la exclusión en esta oferta de la compra de instalaciones que para este organismo serían «imprescindibles» para el funcionamiento de la fábrica.
Cabe recordar que hace ahora un año se paró la planta, despidiendo a 199 personas -recibieron una indemnización de 23 días por año trabajado con un límite máximo de 13 mensualidades-, y manteniendo a 72 en ERTE. Tras el verano, en septiembre inició el concurso de acreedores. En la actualidad, las instalaciones permanecen con una mínima actividad, únicamente con labores de logística y vigilancia.
