Cerrojazo a la posibilidad de investigar el operativo y por qué no se alertó a los vecinos
La Audiencia de Teruel acaba de dar carpetazo a la posibilidad de investigar por vía judicial qué se hizo y cómo entre los días 5 y 14 de diciembre de 2017 para capturar a la persona que había disparado a matar en un masico de Albalate a dos personas con un arma corta de 9x21mm, un calibre que no se emplea en España y que solo se utiliza en Italia e Israel; y que seguía con su mismo «modus operandi» días después, entrando a robar en masicos de la carretera a Andorra, lo que denotaba que seguía en la zona. El tribunal acaba de emitir un auto en el desestima, al igual que ya hizo el Juzgado, todos los recursos de los abogados de las familias para que se investigara más allá de los crímenes.
Con ello, ya no cabe posibilidad de recurso y se limita únicamente la instrucción a los hechos del triple crimen, del que hoy se cumple un año. Los robos de los días anteriores y el doble intento de homicidio también se enjuician en otras dos causas separadas ya que anteriormente también se denegó unir los casos.
Por tanto, ya quedan totalmente descartado conocer a fondo por vía judicial cuestiones tan relevantes como «los procedimientos de actuación, instrucciones y órdenes dictadas para la búsqueda, detención y puesta a disposición judicial» de la persona responsable de los dos intentos de homicidio en Albalate y en la tarde del 14; además saber la información que se dio a los guardias sobre el tipo de intervención específica a ejecutar para la búsqueda de la persona responsable del tiroteo y de los robos, si existió comunicación al Centro de Servicio en situaciones de extrema gravedad y si se activaron las comunicaciones móviles y portátiles en situación de emergencia desde el día 5.
Tampoco por las medidas adoptadas para proteger a la población y a los propios miembros de la Guardia Civil durante esos días.
En esta misma línea de no mirar más allá de la tarde-noche del 14 otra cuestión que queda descartada es que el delegado del Gobierno en Aragón, el subdelegado en Teruel y el Teniente Coronel de la Comandancia de Teruel aporten documentación sobre las comunicaciones y actuaciones solicitadas para la averiguación, búsqueda y detención de la persona responsable del doble intento de homicidio de Albalate a: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a cualesquiera de sus mandos; al Ministro del Interior y/o la subdelegación del Gobierno en Teruel; y a la delegación del Gobierno en Aragón. También se rechaza que las citadas delegación y subdelegación remitan toda la documentación de que dispongan sobre el operativo de búsqueda.
Al mismo tiempo, tampoco se investigará la relación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre Luigi Scrima, un amigo de Feher que residía en Valencia, zona por la que se le llegó a buscar en el verano de 2017 tras recibir información de los carabinieri italianos de que se encontraba en la Ciudad del Turia.
Tampoco se admite profundizar en la investigación del chaleco de Caballero ya que era pequeño para su envergadura (ver páginas 8-9); o sobre las actuaciones de prevención de riesgos laborales llevadas a cabo.
Responsabilidad civil del Estado
El auto de la Audiencia de Teruel también rechaza las peticiones de los familiares de los guardias de solicitar la responsabilidad civil del Estado. No va a poder ser analizada en el ámbito del proceso penal en el que se está inmerso por lo que quien desee continuar con esta vía lo va a tener que hacer por lo contencioso-administrativo. De momento, ya ha abierto este cauce la acusación particular de Noelia Lorén, viuda de Víctor Caballero; quien ha solicitado la petición de responsabilidad patrimonial del estado como consecuencia de los actos omisivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado del 5 al 14. Una vía que se prevé que sea lenta como ha ocurrido en otros casos como el del accidente del Yak-42 en Turquía. No se inicia directamente en el Juzgado sino en la propia administración y probablemente ésta no conteste hasta que termine el juicio.
Prisión permanente revisable
Todas las partes están trabajando también para que a Feher se le condene por asesinato y no por homicidio, ya que podría cambiar considerablemente su pena. Aunque está probada su autoría, se debe armar muy bien la acusación ya que él dijo ante la juez que actuó en defensa propia porque escuchó un ruido que creyó un arma de Iranzo y que con los agentes actuó en «defensa propia» porque ellos abrieron fuego primero contra él. En caso de que se le condene por asesinato, podría ser la primera prisión permanente revisable en Aragón.
Muchas diligencias y tres juezas
El procedimiento judicial previo, que ya dura un año, podría prolongarse aún otro año más. Cuenta con muchas acusaciones que han solicitado este año numerosas diligencias, la mayor parte de las cuales están siendo rechazadas, al tiempo que en estos 12 meses han pasado por el Juzgado número 2 de Alcañiz que instruye el caso tres juezas. La última comenzó hace unas pocas semanas. Participan como acusación particular cinco partes con sus respectivos abogados: la familia Iranzo junto a su viuda e hijo, los padres y hermanos de Víctor Romero; la viuda e hija de Romero con la AEGC; la pareja de Víctor Caballero; y la madre y hermanos de Caballero. Además, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (ver páginas 8-9) y el sindicato UAGA forman parte del proceso como acusación popular. Los ayuntamientos de Andorra, Albalate, Calanda y Alcañiz también se presentaron como acusación popular en la causa pero la Audiencia de Teruel lo denegó después de que también lo hiciera el Juzgado alegando que el Ministerio Fiscal ya ejerce éste papel en el proceso.
Acusación familia iranzo, viuda e hijo
Para el abogado Enrique Trebolle, quien representa a la familia Iranzo, a su viuda y a su hijo, la instrucción se encuentra en los términos y plazos previstos. Precisa que faltan las pruebas de reconstrucción y la infografía que realizó la UCO. «La autoría de Feher está perfectamente contemplada con una base muy sólida para llevarlo al juicio y pedir la prisión permanente revisable».
Acusación familia romero
En la misma línea se muestra Javier Notivoli, el letrado de los padres y hermanos de Romero, para quien con el auto de la Audiencia ya no hay marcha atrás y tan solo se enjuiciará los asesinatos sin entrar a valorar si en las muertes intervino una incorrecta actuación del estado.
Acusación viuda e hija romero
Jorge Piedrafita, abogado de la AEGC y de la viuda e hija de Romero, ha abierto recientemente una nueva línea de investigación al presentar la solicitud de prueba por la que en base a la información recibida de Italia se identifique a los agentes de la UDYCO que junto a los carabinieri estuvieron buscando a Feher en Málaga por segunda vez unos pocos días antes del tiroteo de Albalate, y se les tome declaración para que expliquen la información de que disponían sobre el Ruso y porqué esta no fue transmitida a la Guardia Civil, y en caso de haberse transmitido a quien y de qué forma. Esta nueva línea busca esclarecer un elemento importante sobre la eventual responsabilidad civil subsidiaria del Estado, para esclarecer la cuestión clave si se transmitió la información, ya que «no va a permitir que se ponga en cuestión la actuación de los agentes fallecidos y sus compañeros aquella tarde en la que actuaron de forma correcta y conforme a la información de que disponían en ese momento».
Acusación pareja caballero
Mariano Tafalla, abogado de Noelia Lorén, la pareja de Caballero, opina que la instrucción está siguiendo los cauces «ordinarios» aunque se está limitando al enjuiciamiento de los tres asesinatos sin investigar también el tiroteo de Albalate y los robos al no querer unir las causas. Además de la citada responsabilidad patrimonial del estado, Tafalla también ha solicitado, entre otras cuestiones, que se incorporen a la causa los informes del Tribunal de Bolonia para abrir la vía de investigar la conexión de Feher con sus cómplices en una banda de tráfico de estupefacientes y tráfico de seres humanos con la que se le había relacionado. La juez sí ha incorporado la información de la vía romana pero no ha pedido la comisión rogatoria, que se recurrió.
Acusación familia caballero
La madre y hermanos de Caballero están defendidos por la letrada María del Valle Romero. La familia es crítica con que un año después aún no se conozca qué pasó del 5 al 14 y con que no se investigue (ver pag. 4).
Acusación popular UAGA
Pablo Martínez, letrado de UAGA, considera relevante que no se hayan unido las causas ni investigado todo lo sucedido antes del 14. «Se llevaron a Iranzo a Valdoria y después lo dejaron volver solo al Mas del Saso. Sabemos que antes habían advertido a otros vecinos pero no a José Luis, son cuestiones que seguimos sin entender», afirma Martínez.
Ricardo dice
Vamos lo de siempre, los incompetentes siguen cobrando del estado, los muertos y sus familias son los que más han perdido.