Alcaldes y sindicatos exigen «tiempo» y «compromiso» para reindustrializar las cuencas
La Central Térmica de Andorra podría sobrevivir tres años más de lo previsto -del 2020 hasta el 2023- invirtiendo menos de un tercio de los 190 millones de euros que Endesa, su propietaria, debería desembolsar para cumplir la normativa de emisiones medioambientales y poder alargar la vida útil de la infraestructura muchos años más. Pero para llegar a este punto, la eléctrica tendría que cambiar de posición ya que, actualmente, mantiene que, a no ser que se garantice la quema de carbón autóctono a través de un marco regulatorio que contemple un porcentaje mínimo en el Mix energético, no se va a gastar ni un euro en Andorra.
Que el escenario cambie a dos años del previsible final de la Central se presenta prácticamente imposible. La nueva ministra, Teresa Ribera, lejos de defender la actividad en las térmicas, ha sido clara con la política energética que va a seguir de ahora en adelante. Su objetivo, aunque no es definitivo, sería llegar a la descarbonización de la economía nacional en 2025, aunque no descarta que la fecha sea «flexible» en los territorios que dependen exclusivamente de la minería del carbón refiriéndose a una «transición justa». Así lo ha defendido por activa y por pasiva a lo largo de la semana. Lo dijo el martes en Bruselas y lo ha vuelto a repetir en numerosas entrevistas. «El proceso de caída paulatina del peso carbón en el mix con un compromiso muy serio del Gobierno con respecto a qué alternativas requieren un margen de flexibilidad para acomodar a las personas en el territorio está en el radar de todo el mundo», le contestó a Pepa Bueno el miércoles en «Hoy por Hoy».
La preocupación es máxima para alcaldes y sindicatos porque ni siquiera el horizonte de 2025 le vale a la cuenca minera de Andorra, que clama un compromiso político serio para que Endesa invierta. El fin sería ganar tiempo para poder acometer proyectos de reindustrialización reales y enfrentarse a un cierre, en el futuro, que no fuera traumático. Si Endesa no invierte, el debate sobre el final del carbón ya no tendrá sentido para el territorio que verá como la Central deja de echar humo dentro de dos años.
Las noticias que llegan de Bruselas tampoco arrojan atisbo de esperanza a un sector que lleva años pidiendo justicia. Ayer, la Unión Europea acordó que el 32% de toda la energía final consumida en la UE en 2030 deberá ser de origen renovable. Los alcaldes siguen defendiendo la compatibilidad de esta directriz con el carbón. «Estamos de acuerdo con este objetivo pero queda todavía un 68%. Podría considerarse perfectamente un 4 o un 6% que nos permita sobrevivir», apuntó el alcalde de Ariño, Joaquín Noé. Se basa en datos objetivos para defender esta postura detallando que los datos de Red Eléctrica ubican al carbón en el tercer puesto del mix energético de 2017 con un 17,3% por detrás de la nuclear (22,6%) y la eólica (19,3%). «Apostamos por las renovables pero hoy por hoy el carbón sigue siendo necesario, no se puede eliminar de un plumazo», dijo e hizo referencia a la necesidad de que se regule el Plan.
Por su parte, la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, insistió en dar un «voto de confianza» a la nueva ministra. Adelantó que ya le ha enviado una carta para que visite la cuenca minera turolense y conozca «nuestra realidad». «Tenemos que aprovechar el tiempo unos y otros. También tiene que haber un esfuerzo importante del gobierno autonómico», dijo ayer tras reunirse con la consejera de Industria, Marta Gastón, para abordar el nuevo escenario energético. Avanzó que la consejera se comprometió a solicitar otra reunión con Ribera y reconoció que Gastón le había garantizado que no hay proyectos industriales para la Villa Minera encima de la mesa, al menos en el corto plazo. «No se trata de tomar solo una posición a favor o en contra de la Central. Se trata de hacer cosas», puntualizó la primer edil.
Al respecto, cabe destacar que esta semana el propio presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hecho declaraciones sobre el carbón y ha pedido sensibilidad a la ministra. «Sería una temeridad cerrar la Térmica hasta que no se encuentren alternativas a la economía del carbón. Y estoy seguro de que la ministra tendrá suficiente sensibilidad como para coincidir conmigo en este diagnóstico», aseguró.
Tanto los dos alcaldes como el presidente Lambán coincidieron en que ahora es el PSOE quien decide pero no olvidan el «abandono» y la «dejadez» que ha reinado durante los dos últimos gobiernos del Partido Popular. Recuerdan que hay 250 millones de euros comprometidos en el Plan del Carbón para reindustrializar las cuencas mineras españolas y que están paralizados.
Pero el Partido Popular en Aragón no tiene esta percepción. El miércoles aprovechó todo el debate generado para convocar una rueda de prensa en las Cortes. La portavoz de Industria, Dolores Serrat, puso en valor la unidad de criterio de las fuerzas políticas aragonesas en el mantenimiento de la industria de la minería así como «la lealtad que a lo largo de esta legislatura ha tenido el Partido Popular con el Gobierno de Aragón en la defensa del carbón y el trabajo que hemos venido haciendo para convencer, también al Gobierno de España, para que entendiera lo que representa el carbón en nuestra Comunidad Autónoma que es favorecer la vertebración del territorio y garantizar la vida de las personas».
Por su parte, el PAR también recordó que va a defender «con uñas y dientes «la continuidad de la térmica de Andorra». «Creemos que es vital para miles de familias turolenses y para amortiguar la despoblación», dijo el presidente aragonesista, Arturo Aliaga. Al cierre de esta edición, el pleno de las Cortes de Aragón tenía pendiente el debate de una propuseta aragonesista sobre el asunto.
Dura carta sindical
Preocupados también se mostraron los sindicatos, no solo en la cuenca turolense. «La situación de incertidumbre es ya insostenible, casi agónica. De manera que, o le damos una solución urgente y coherente, que en definitiva clarifique el futuro de nuestro sector y las comunidades autónomas, o una vez más, y ya son muchas, demasiadas, estaremos condenando a un sector y a unos territorios al paro, la pobreza y la desolación». Esto es lo que dice la carta que CCOO y UGT registraron ayer en el Ministerio de Transición Energética. Quieren una reunión con la ministra «a la mayor brevedad posible» para que les explique qué entiende ella por «transición justa» y les detalle su hoja de ruta. Insisten en que para ellos una transición justa es aquella que no destruye ninguno de los empleos existentes.
