Aragón, León y Asturias han hecho "frente común" ante la Ministra aunque sin obtener compromisos concretos
La crisis del carbón sigue sumando reuniones mientras el tiempo corre y junio de 2020, cuando cerrará la Térmica de Andorra, cada día está más cerca. Sin embargo, siguen sin llegar medidas concretas más allá de pedir que la Central continúe hasta que no se aplique en Andorra las manidas medidas para «una verdadera transición justa». Este miércoles se ha vuelto a escenificar en una nueva reunión en Madrid tras la de la semana pasada en Zaragoza que no convenció al sector y a la que seguirá en enero otra en Andorra; en la que al fin la Ministra conocerá 'in situ' la Villa Minera (una visita anunciada en un principio para finales de este año). El encuentro de este miércoles ha tenido lugar entre el Ministerio para la Transición Ecológica, con su titular Teresa Ribera al frente; y las tres comunidades que hacen «frente común» ante el cierre de las centrales: Aragón, Asturias y Castilla y León.
El presidente aragonés, Javier Lambán, en sus declaraciones ante los medios al finalizar el encuentro ha vuelto a cargar contra Endesa, por «desentenderse» del futuro de una zona «de la que ha obtenido importantes beneficios económicos» aunque desde el ministerio se ha evitado ser excesivamente críticos con las eléctricas. De hecho, preguntado si van a presionar a compañías que han solicitado el cierre de centrales de carbón en España, como Endesa o Iberdrola, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, ha dicho que "presionar" es una palabra que "no nos gusta", pero que sí es cierto que las compañías propietarias de estas plantas tienen vocación de operar en el sistema energético español y tienen que "transformarse para adaptarse a la situación". También ha reiterado que el Ministerio para la Transición Ecológica exigirá a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón "planes de transición justa" que permitan dar un futuro a las zonas donde se encuentran estas plantas- a lo que están obligados- aunque sin concretar qué entienden por una "transición justa".
Concretamente, el Presidente de Aragón ha criticado que Endesa no haya demostrado hasta ahora «la responsabilidad social que cunde por doquier y por suerte en el conjunto empresarial aragonés». «No puede ser que una empresa esté décadas teniendo beneficios muy importantes en una comunidad y que en un momento determinado se desentienda del futuro de esa Comunidad y tome decisiones ateniéndose a su puro interés económico», ha explicado Lambán, que ha insistido a Ribera en que a Endesa «hay que exigirle responsabilidad» tanto en la búsqueda de fórmulas para alargar el funcionamiento de las centrales térmicas -proponen seguir hasta 2030- como en la búsqueda de instrumentos para que, cuando acabe la vida del carbón, siga siendo «protagonista importante de la actividad económica que se genere».
En el encuentro, los tres presidentes autonómicos han hecho hincapié en la necesidad de abordar «no solo los problemas a corto plazo de los trabajadores de las centrales y de las minas». Si no se llevan a cabo los «buenos propósitos planteados esta mañana, el problema «afectará a todo el conjunto de la población de las comarcas mineras y a la economía en su conjunto», ha apuntado el presidente de Aragón, que ha explicado que el cierre de la central de Andorra se está viviendo como «un problema de toda la Comunidad Autónoma» y ha destacado la solidaridad mostrada y el compromiso de los empresarios aragoneses con la búsqueda de alternativas para la zona.
Por su parte, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha señalado que hay que obligar a las empresas propietarias de las centrales térmicas a que tengan "visión de Estado" y que la política energética no la pueden hacer las grandes compañías. Su homólogo en Asturias, Javier Fernández ha expresado su temor por que el cierre de las centrales de carbón afecte a la economía del Principado
Durante la reunión, Ribera ha ahondado en la idea de que cada comunidad autónoma cuente con un organismo que articule todas las políticas que deben emprenderse en las zonas de las cuencas mineras, que cuente con profesionales y coordine la participación de todos los agentes económicos de las zonas afectadas. En el caso de Aragón, ese organismo será el Instituto Aragonés de Fomento (IAF).
Frente común
El trabajo conjunto entre estas tres comunidades autónomas afectadas por el fin el carbón comenzó hace meses. Lambán ha recordado que en el encuentro que mantuvieron en febrero en León, los tres presidentes ya «sintonizamos nuestras posiciones y nos comprometimos a defenderlas». El pasado mes de septiembre, ratificaron en Zaragoza el documento firmado, base de las demandas presentadas este miércoles a la ministra Ribera.
El encuentro celebrado este miércoles en el Ministerio para la Transición Ecológica fue solicitado por carta el pasado 7 de diciembre de forma conjunta por los tres presidentes autonómicos para abordar el futuro de la minería en las tres regiones y la necesidad de garantizar una transición verdaderamente justa para los territorios afectados por el cierre de explotaciones mineras y centrales térmicas, como la de Andorra, en el caso aragonés.
Cierre de minas
En cuanto al cierre de las minas de carbón cuyos propietarios no hayan devuelto las ayudas el próximo 31 de diciembre, el secretario de Estado ha dicho que hay dos empresas (Sanca, de Aragón, e Hijos de Baldomero García, de Castilla y León) que se han sentado con el Ministerio porque quieren continuar con su actividad y se están "explorando mecanismos y planes para esa devolución que exige la UE".
Ha indicado que, en concreto, se están abordando mecanismos de flexibilidad en los plazos de devolución de las ayudas y ha manifestado que el Gobierno no puede perdonar unas ayudas que no ha dado ni asumir el impacto que puedan tener para las empresas que decidan continuar con su actividad minera.
